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Causa cosechadoras: declaro una funcionaria y complico a Schunk

El miércoles fue un día clave para la investigación que se está llevando adelante por la desaparición de más de 5,5 millones de pesos que recibió una empresa para la construcción de cosechadoras que nunca se hicieron. El caso se conoce como el de las “cosechadoras truchas”. La coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), organismo estatal que hizo los desembolsos a la firma constructora, declaró que era el ministro de la Producción quien le daba la orden de otorgar los montos, pese a que no se estaba cumpliendo con el convenio. El funcionario quedó al borde de la indagatoria. “Hay mucha prueba en la causa”, dijo una fuente judicial. 

Quien se sentó en el banquillo de los acusados fue Mabel Solanas, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), organismo estatal que hizo los desembolsos a la firma constructora que quebró. Según reconstruyó Página Judicial, la funcionaria dejó en un lugar delicado al ministro de la Producción, Roberto Schunk. Declaró que fue su superior quien daba la orden de otorgar los montos a la empresa. “Es muchísima la prueba que aportó Solanas. Hay mucha prueba en la causa”, se impresionó una fuente judicial.

La coordinadora del Finver no pudo finalizar su indagatoria, ya que en el medio de su testimonial se descompuso. La jueza Paola Firpo postergó para el 16 de diciembre la continuidad de la audiencia. En el medio declararán otros testigos.

En 2009 el Grupo Senor presentó un proyecto para instalar en Concepción del Uruguay una planta para la construcción de cosechadoras. El Gobierno le otorgó entonces un crédito por 574.000 pesos, en 2011 hubo un segundo desembolso por 4 millones y en 2012 otro por 1 millón, a través del Finver.

Las cosechadoras no se construyeron y la planta terminó siendo un galpón vacío. Lo único que se había hecho con los fondos otorgados fue la carcasa de una cosechadora Maag Mitos que sirvió como anuncio de la misión comercial a Angola. Todo terminó siendo un papelón que la fotografía capturó en una imagen del 13 de marzo de 2012, en la Casa Rosada, donde se la ve a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Sergio Urribarri a bordo de lo que sería la cosechadora que exportaríamos los argentinos y, principalmente, los entrerrianos.

 

ARGUMENTOS

 

El argumento más sólido en la investigación, hasta el momento, son los tres decretos donde constan los montos y condiciones para los créditos que se otorgó a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, entre 2009 y 2012.

En los decretos surge que es el Ministerio de la Producción el que debía ejercer el control de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las condiciones fijadas a la empresa, como también de la “correcta utilización del crédito”. En resumen: se hacían los desembolsos sin verificar que se estén construyendo las cosechadoras. En este marco es que las declaraciones de Solanas complican al ministro.

El informe del síndico que intervino en la quiebra de la empresa es crítico del rol de los funcionarios públicos. El contador Horacio Larrivey cuestionó “la irresponsable asistencia financiera”, ya que el Finver entregó fondos luego de que la empresa cayera en cesación de pagos el 1º de diciembre de 2011, cuando no canceló los intereses del primer tramo del crédito.

Después de esa fecha hubo otros cuatro desembolsos: 600.000 pesos el 27 de diciembre de 2011; 400.000 pesos el 10 de enero de 2012; 600.000 pesos el 27 de marzo de 2012; y 400.000 pesos el 30 de marzo de 2012. Todo pese al estado de cesación de pago.

La causa se inició con una denuncia del abogado de Paraná, Guillermo Mulet, quien hace unas semanas amplió la denuncia solicitando que se avance sobre las conductas que habrían tenido en la que involucra al ministro de Economía, Diego Valiero; al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; y a miembros del Directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. Si se avanza o no en esta cuestión aún no se ha decidido.

El expediente tramita en el Juzgado de Transición a cargo de Firpo y la investigación está a cargo del fiscal Gervasio Labriola.

En la causa también declararon como imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Scravaglieri y Carlos Ariel Boll. Están acusados por el delito de irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito que tiene penas de dos a seis años de prisión. No se ha resuelto su situación procesal, pero tienen prohibido salir del país, se les fijó una caución real de 50.000 pesos a cada uno y la obligación de presentarse una vez por mes en los tribunales paranaenses. (Fuente: Página Judicial).

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