“Hace ocho años que está en vigencia la Constitución Provincial Reformada, pero ninguna de las modernas instituciones que propone la Carta Magna tuvieron eco legislativo”, marcó el ex senador y ex convencional constituyente, Juan Carlos Arralde. El dirigente radical dijo estar “sorprendido por el nivel de descaro del ex gobernador (Sergio Urribarri) para intentar consagrar en el Tribunal de Cuentas a un hombre (Guillermo Smaldone) que no reúne los requisitos constitucionales para estar en ese cargo”.
Agregó que le “llama la atención” que cuando el proceso que inició está para dar sentencia, “este señor pretenda una suerte de blanqueo sobre la designación de Smaldone”. Recordó que el decreto de designación de Smaldone en el Tribunal de Cuentas es “ilegal”, atento a que no respeta el llamado a concurso, condición de rango constitucional. En ese sentido, señaló que una ley no puede pasar por encima de la Constitución; advirtió sobre el tiempo excedido del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para dictar sentencia y adelantó que irá a la Corte Suprema de Justicia y, si es necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio de la Plaza), el ex convencional constituyente, opinó sobre el proyecto de ley de Sergio Urribarri y Juan José Bahillo, que plantea una orgánica para el Tribunal de Cuentas y ratifica en la conducción al ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, quien fue designado por decreto por el ex gobernador, violando la Constitución Provincial Reformada, que manda a realizar concursos para ocupar ese cargo.
“La presentación de este proyecto realmente me sorprendió, por el nivel de audacia. Aunque sé que no es el único proyecto en este sentido, sé que el diputado Sergio Kneeteman (Cambiemos-Larroque), tiene una iniciativa similar. Me sorprende el nivel de descaro del ex gobernador, que tenga cara para presentar proyecto cuando consagró en el Tribunal de Cuentas a un hombre que no reúne los requisitos para estar en ese cargo. Hace ocho años que está en vigencia la nueva Constitución, ninguna de las instituciones modernas que propone el texto constitucional tuvo eco legislativo”, marcó Arralde.
En el mismo sentido, Arralde señaló que “llama la atención que este proyecto se presente cuando el proceso” que inició “está para dar sentencia”. “Este señor pretende blanquear la designación de Smaldone con una ley. Y lo que creo que pretenden con este supuesto blanqueo es que esta cuestión quede abstracta y también darle una salida al STJ, porque no quiere fallar. La designación de Smaldone no deja de ser inconstitucional más allá de querer blanquear una designación anterior con una ley que no tiene jerarquía constitucional”.
El ex legislador dijo que el “decreto para el nombramiento de Smaldone tiene visos de ilegalidad, porque designa sin concurso que es la instancia prevista en la Constitución”. “No puede haber blanqueo legislativo por más legalidad que quieran ponerle. Entoncesm vamos a ir hasta la Corte Suprema de Justicia. Porque la cuestión no se blanquea por más ley que sancionen, porque el legislador no puede imponerse sobre la Convención Constituyente”, explicó.
La acción de inconstitucional presentada por Arralde, entró a despacho para sentencia el 18 de febrero de 2015. “Desde ese día, el STJ tenía 75 días hábiles para dictar sentencia, es decir, que el plazo vencía el 12 de junio de 2015. Así que por estos días vamos a festejar el cumpleaños de un año del expediente vencido. Yo presenté una nota para que se cumplan los plazos procesales. Pero nunca tuve respuesta”, advirtió.
“Mi planteo no es político, sino constitucional, aunque no desconozco que la designación de Smaldone, que sale del Ministerio de Trabajo a controlarse a sí mismo y al ex gobernador, tiene un tinte político. Pero el planteo es netamente constitucional”, acotó Arralde. “Como abogado, tengo que confesar que siento dolor institucional. Varios de los vocales del STJ merecen mi respeto, pero a esta altura, estaría bueno que alguien se ponga en el lugar de quien presentó el planteo. Porque si fuera tan claro que no tengo razón, la sentencia hace rato estaría pronunciada. Como ciudadano estoy en una indefensión, porque no tengo respuesta. Y eso es lo mínimo que el ciudadano tiene que tener, no solo acceder a la justicia, sino tener una respuesta. En todo caso, voy a acudir a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque me privaron de participar en un concurso porque a ex gobernador se le antojó designar a Smaldone”, señaló luego.
En la misma línea, aclaró: “A mí me interesa, tengo el derecho constitucional de pujar por ese cargo y de presentarme al concurso como un abogado matriculado que reúne todas las condiciones. Pero no importa eso, si lo voy a hacer o no, será en un tema de su momento. Lo que me agravia es que ahí está un colega que no reúne los requisitos constitucionales para estar en ese cargo, y eso afecta a todos los entrerrianos, porque controla todas las cuentas públicas y uno de los vocales del alto cuerpo judicial es su padre. Se entiende el compromiso ético que se juega en este caso. Es tema estrictamente constitucional, pero también se juega la naturaleza ética aquí”.
Por último, Arralde consideró que “la Legislatura debería haber presentado un proyecto de ley derogando el decreto que designa a Smaldone en el Tribunal de Cuentas de la provincia, porque el Poder Legislativo puede ejercer el control de la Constitución, honrando la misma Constitución que juraron defender los legisladores cuando asumieron sus cargo”.
