Por Jorge Pedro Busti
El primer día del año calendario de 2003 constituyó un hito para el futuro de América Latina. Ese 1° de enero asumió la presidencia de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva, un humilde obrero metalúrgico que, luego de ser derrotado en tres elecciones, venció legítimamente en las urnas y en ocho años al frente de la primera magistratura logró realizar una inédita transformación social, política y cultural.
Desde hace muchos años que tengo la oportunidad de visitar nuestro vecino país, y a lo largo de este tiempo pude ir observando con entusiasmo el modo en que Lula le cambió la cara a Brasil, empoderando a los sectores populares. Nunca pude tener un contacto directo con él, pero como argentino siempre admiré lo que hizo por su nación.
Fueron ocho años de democracia plena, crecimiento económico y social, impulsado por innovadores programas de inclusión como el “Bolsa Familia” (que permitió sacar a 36 millones de brasileños de la pobreza extrema y los incorporó a la clase media) o el “Programa Universidad Para Todos” (que posibilitó el acceso de millones de jóvenes a la educación superior gratuita y de calidad), sumado a la urbanización de las favelas, la reducción drástica de la desnutrición y la mortalidad infantil.
Además, Lula fue un líder popular muy respetuoso de las instituciones republicanas. Jamás osó tocar la libertad de prensa -pese a que los grandes medios, con “O Globo” a la cabeza, nunca simpatizaron con su gobierno-, no hubo intromisiones en el Poder Judicial, el Poder Legislativo funcionó a pleno, se preservó y mejoró la calidad democrática.
Tampoco quiero olvidarme del rol clave que Lula tuvo para derrotar a la dictadura militar. En épocas bravas, creó el Partido de los Trabajadores (PT), y siendo presidente del sindicato de los metalúrgicos de São Bernardo do Campo, se puso al frente de una huelga que reunió a vastos sectores de la sociedad, aunque luego terminó en prisión por razones netamente políticas.
En estos días presencié la segunda instancia del juicio que, en tiempo récord e insuflado por la derecha brasileña, le realizaron con el clarísimo objetivo de imposibilitar que vuelva a presidir el país. Y noté sin disimulos la ferocidad con que los sectores de poder ponen todo su empeño para condenarlo y proscribirlo. Como escribió hace pocos días el profesor Andrés Ferrari en “El Cronista”: el objetivo central de esta élite pasa por destruir a Lula y la experiencia del PT. Lula lo resumió bien varias veces: los empresarios y los ricos nunca ganaron tanto cuanto bajo mi gobierno; pero nunca imaginé que darle un plato de comida a un pobre causase tanta indignación.
Evidentemente, esta élite, heredera de la dictadura que duró 21 años, es la que destituyó a Dilma Rousseff en agosto de 2016 (en un golpe que empezó a organizarse en 2013), y es la misma que ahora tiene miedo que un hombre de 72 años, en la plenitud de sus conocimientos y con sus capacidades físicas intactas, con una penetración impresionante en la clase obrera y en los sectores medios que pudieron mejorar su calidad de vida, llegue a enfrentar un proceso electoral, porque de forma automática se transforma nuevamente en presidente de Brasil.
Han demostrado que van a hacer cualquier cosa para impedirlo. De hecho, los propios jueces intervinientes han reconocido que no había pruebas contundentes a la hora de condenarlo, sino meros indicios, poniendo de manifiesto un andamiaje jurídico escandalosamente endeble. En un artículo publicado en “The New York Times”, el analista Hernán Gómez Bruera, lo resumió así: La investigación nunca logró probar que Lula tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida. Los jueces no sólo ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las acusaciones del exdirector de la constructora OAS y los diversos recursos presentados por la defensa del expresidente. Tampoco consideraron una carta abierta firmada por numerosos intelectuales, activistas y políticos latinoamericanos ni el estudio minucioso de la sentencia por parte de más de un centenar de abogados y estudiosos que desmontan todas las premisas de la sentencia del juez Moro. Juristas internacionalmente reconocidos criticaron duramente el proceso. Incluso el teórico del garantismo jurídico Luigi Ferrajoli alertó que el proceso contra Lula se caracterizaba por su “impresionante ausencia de imparcialidad”.
Cuando las élites gobernantes -conscientes de la impopularidad que acarrean- trasladan a los tribunales una decisión que, en la democracia, corresponde a los ciudadanos, estamos frente a un fraude consumado con la finalidad de continuar -como bajo el actual gobierno de Temer- teniendo vía libre para promover una agenda conservadora en cuanto a lo económico, político y social.
Como argentino y peronista ésta es mi indignación. Y si bien la historia nunca es igual ni necesariamente se repite, en la actualidad de Brasil veo resabios de la proscripción que sufrió el peronismo a partir de 1955, cuando nuestro líder tuvo que permanecer dieciocho años en el exilio debido a que era imbatible electoralmente. Por eso, en la adversidad: ¡viva Lula!
