La alianza Cambiemos constituyó una Comisión de Ética para investigar y “garantizar” la transparencia en las prácticas políticas de sus dirigentes, militantes y funcionarios de gobierno en todos los distritos del país.
Según se informó, la Comisión estableció un Reglamento de Funcionamiento y se abocará, en primer lugar, al análisis de la situación del intendente de Paraná, Sergio Varisco. El jefe comunal de Cambiemos está en el ojo de la tormenta tras quedar imputado en una causa judicial por presuntas vinculaciones con la banda narco que lidera Daniel “Tavi” Celis.
Varisco declaró el 4 de junio pasado ante el juez Federal Leandro Ríos, quien le restringió las salidas de la provincia y lo obligó a presentarse todos los viernes en los Tribunales. El pasado jueves, el intendente amplió su declaración indagatoria y sumó al abogado Mariano Cúneo Libarona a su defensa.
La flamante comisión estará conformada por un representante de cada una de las tres fuerzas políticas que integran la coalición de gobierno. A fin de garantizar la adecuada instrumentación de los procedimientos, la Comisión estableció un Reglamento de Funcionamiento y se abocará, en primer lugar, al análisis de la situación del intendente de Paraná, Sergio Varisco.
Varisco está acusado de financiar el transporte y la comercialización de cocaína en Paraná y alrededores, a través de su vínculo con Daniel “Tavi” Celis, un puntero que está preso desde 2016.
El jefe comunal ya había declarado el 4 de junio ante el juez Federal Leandro Ríos. El magistrado lo imputó, le restringió las salidas de la provincia y lo obligó a presentarse todos los viernes en los Tribunales. Ahora, el jefe comunal amplió su declaración indagatoria y sumó al abogado Mariano Cúneo Libarona a su defensa.
La Comisión de Ética debutará con el caso del intendente de Paraná, pero hacia dentro del interior de Cambiemos hay varios funcionarios que cargan con imputaciones. El recién designado presidente del Banco Central y ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, está imputado por presunto perjuicio a las arcas públicas en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
En tanto, sobre el vicejefe de Gabinete Mario Quintana pesa una imputación por «falsedad ideológica y omisión en sus declaraciones juradas», en el marco de un presunto favoritismo por Farmacity por parte del PAMI a la hora de elegir proveedores.
