La procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, fue la encargada ayer junto con el fiscal local Mario Guerrero de presentar la acusación contra los 18 policías acusados de sedición, robo e instigación al delito por los hechos ocurridos los días 8 y 9 de diciembre en Concordia tras el reclamo salarial que derivó en un “paro policial”, en el primer día de audiencias. La procuradora adjunta calificó a los hechos del 8 y 9 de diciembre de 2013 como «institucionalmente graves y que merecen una respuesta del Estado». Dijo que «la discusión salarial no es clave» y anticipó que «vamos a discutir instituciones y del tipo de policías que estamos dispuestos a tener», sin reparar en responsabilidades políticas o jerárquicas por la ausencia de seguridad durante la huelga de los efectivos.
El tribunal integrado por los jueces Jorge Barbagelatta, Silvina Gallo y Darío Perroud brindó las explicaciones de forma y habilitó al Ministerio Público Fiscal para que detallara de qué se acusa a Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Esteban Cendra, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Imaz y Carlos Daniel Zaragoza, este último el único con rango de oficial, por lo que su nombre encabeza la carátula del caso, publicó www.diarioriouruguay.com.ar.
Tras exposición del fiscal Mario Guerrero, la Procuradora Adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, señaló que los acusados “no respetaron la cadena de mandos”, para llevar adelante “un hecho institucionalmente grave”, que a través de la Justicia “merece una respuesta del Estado”. Para la funcionaria la centralidad no debe colocarse “en la discusión salarial”, sino que “la clave” pasa por discutir “instituciones y qué tipo de policía estamos dispuestos a tener”.
Dijo que «no se puede excluir la cuestión penal» y habló del monopolio del Estado en el uso de la fuerza para mantener la seguridad y el orden público, entendiendo que «los hechos son típicos de una sedición agravada, donde el levantamiento colectivo y organizado consistió en la privación del Estado de la potestad del monopolio de la fuerza».
Goyeneche calificó que las negociaciones por un aumento salarial con la Provincia y que los uniformados retomen a sus tareas fueron en busca también «de negociar su impunidad y evitar las sanciones, en lo que pretendieron además desconocer la actuación posterior de la justicia».
Para la funcionaria, «fueron muchos más los (policías) que intervinieron en estos hechos» y detalló que desde la justicia «hubo una selección de hechos pretendiendo ser razonables, buscando aquellos que tuvieron roles relevantes». «Hubieron cabos que llevaron adelante negociaciones con el gobernador mano a mano, como si no existieran las jerarquías o cadenas de mando» subrayó.
Con respecto a los saqueos en la noche del 8 de diciembre, Goyeneche ratificó que existieron agentes que «se encargaron de anticipar que la ciudad no tendría servicio esa noche» y entendió que los robos «no fueron algo azaroso, o una coincidencia entre un reclamo y una situación social predeterminada. Aquí hay partícipes de los robos calamitosos. Hubo participación omisiva y también activa de los saqueos». En diciembre, el juez Ives Bastian cambió la carátula y eliminó la acusación de instigación a robo calamitoso.
LA ACUSACIÓN DEL FISCAL
En su relato Guerrero puntualizó que los agentes acusados «tomaron la Jefatura de Policía» en la noche del 8 de diciembre de 2013, «instigando a saqueo en la ciudad», a la vez que rememoró las movilizaciones de los familiares de los agentes en los días previos pidiendo por una composición salarial a las autoridades.
Según reza en el expediente, el grupo de policías enjuiciados «irrumpió en la Jefatura, para posteriormente avanzar arrojando gas lacrimógeno e ingresando a las oficinas de los Jefes de la Jefatura», y privándolos de su libertad. A ello se suma la toma de la sede del Comando Radioeléctrico e interrupción de las líneas telefónicas. Guerrero puntualizó que hubo «una distribución de tareas» y señaló que la toma de la Jefatura «estuvo organizada y planificada».
Su acusación se apoyó en la toma de testimonios que relataron haber sido víctima de agresiones verbales y físicas. «Los móviles que llegaban a la Jefatura estaban impedidos de salir» dijo al momento de explicar por qué no se había actuado ante las alarmas del inicio de saqueos en la zona noroeste de la ciudad.
Guerrero aseveró que iba a acreditar que hubo funcionarios que anticiparon a algunos delincuentes que la ciudad quedaría a partir de las 9 de la noche sin servicio de seguridad, y subrayó que acreditaría a lo largo de las varias semanas que durará el juicio que las acciones de esos días estuvieron encuadradas en «arrancar al gobierno provincial un aumento salarial», añadiendo que fue una «recomposición salarial extorsiva».
