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Testificaron el Intendente Gustavo Bordet y su Vice Alejandro Casañas

El mandatario exhibió un relato sobrio, preciso, sin apartarse de la línea política.

Ante el tribunal que juzga a 18 policías acusados por los sucesos de diciembre de 2013, el Intendente Gustavo Bordet dijo que las primeras señales de zozobra las recibió mientras se encontraba solo en su domicilio de calle Urquiza. Allí recibió un llamado de su director de prensa alertándolo sobre intentos de saqueos en el “complejo de negocios Las Palmeritas”. Señaló que de inmediato vio corridas en el centro y gente con mercaderías. Se comunicó con el gobernador Sergio Urribarri y el mandatario le pidió que “lo mantenga al tanto”.

Bordet, por ese entonces ya informado sobre la toma de jefatura, intentó tomar contacto sin éxito con el ex Jefe Departamental de Policía, Lucio Villalba y su segundo Nelson Vega. Villalba luego lo llamó para informarle que estaba “golpeado, encerrado en su despacho y con la jefatura tomada”.

Describió el 8 de diciembre como una jornada de “indefensión completa, con escenas de pánico”, y también notó un “tránsito muy fluido de motocicletas” y “momentos de mucha tensión”. Recalcó que las calles se encontraban “sin guardia policial de ningún tipo”.

Tomó contacto con autoridades del Escuadrón de Gendarmería y le respondieron que por orden del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, sólo podían patrullar, disuadir, pero con instrucciones expresas de no reprimir.

Tras una reunión realizada en su casa que duró hasta las 4 o 5 de la madrugada, las conversaciones continuaron al día siguiente en la sede de Cafesg. Dijo que en el transcurso de las negociaciones con “un grupo de agentes amotinados”, funcionarios políticos, representantes del Centro de Comercio, más el rol de “garante” del obispo Luis Collazuol, cuya presencia se había propuesto con el fin de que “se desarrolle normalmente la reunión”, finalmente se abrió un canal de diálogo cerca de las 21 del lunes. Afirmó que “la situación era tensa, con gritos, había gente armada” aunque no supo reconocer quiénes portaban esas armas.

Aseguró que el pedido de un básico de 10 mil pesos por parte de los voceros policiales que encabezaban las tratativas “era prácticamente irrealizable, no resistía ningún análisis” cuando el básico de la fuerza en ese momento era cinco o seis veces inferior a la suma demandada. En rigor, consideró que “en realidad no era una negociación salarial sino una situación de presión, todo estaba desnaturalizado”. Indicó que el objetivo era recuperar el orden y la paz social cuanto antes y lograr deponer la actitud de los uniformados. “No había tiempo para un entendimiento lógico y razonable” en relación a las partidas presupuestarias necesarias para responder a un aumento.

El defensor Alejandro Giorgio le preguntó al Intendente si hallaba alguna correlación respecto de la Jefatura como epicentro de los acontecimientos y una ausencia casi absoluta de policías en toda la ciudad. Bordet, si bien no estuvo en jefatura durante el 8 y 9, ensayó una respuesta en el quiebre de la cadena de mando y la supresión de las comunicaciones del comando radioeléctrico, aunque luego expresó: “no lo sé”.

El abogado Oscar Bacigaluppe lo consultó acerca de la existencia de una orden de desalojo de los policías que permanecían en la jefatura o la intimación al cese de la acción. El mandatario subrayó que el municipio no tiene jurisdicción sobre la fuerza.

Cuando las protestas por una mejora salarial de los familiares y policías “ya eran públicas”, supo que el viernes anterior, el ministro de Gobierno de la provincia, Adán Bahl, tenía pensado proponer una oferta salarial que se comunicaría en breve a la fuerza. “Me había dicho que era una muy buena propuesta”, y supuso que la daría a conocer el lunes. “Nunca imaginamos que desembocarían en estos hechos”.

Si el pedido era disparatado, «¿por qué no ofrecieron la propuesta de movida?» interrogó el letrado Juan José Buktenica.

También afirmó que las fotografías tomadas tras la firma del acuerdo con algunos de los imputados, fueron espontáneas, no un montaje.

Por su parte, el Viceintendente, Alejandro Casañas, con un relato minucioso, florido y “dantesco”, como lo definió el defensor Oscar Bacigaluppe, contó su experiencia durante su recorrida por distintos puntos de la ciudad en momentos críticos de la noche del domingo 8. “Nunca me voy a olvidar las imágenes en la peatonal, gente que parecía una manada, una marea humana. Gente joven y no tan joven, con una actitud de ceguera, casi zombis”.

Según la tesis de Casañas las motos se movían con un modus operandi. “En un primer momento me daba la impresión que todo estaba armado”; en tanto “no había un solo policía” al menos los que “solíamos ver por nuestra función pública”. Su presunción es que los vándalos “sabían dónde iba a atacar”. “Me costó mucho reconocer quienes habían querido destruir mi ciudad”, sentenció.

Desde Gendarmería le confirmaron que los efectivos eran pocos dado que habían sido trasladados a otros lugares de mayor “conflictividad”, pero que aun sumándolos “no suplían en lo más mínimo funciones de la policía, en una ciudad desguarnecida y a merced de los delincuentes”. En Prefectura, solo había “personal de escritorio, sin equipamiento, experiencia, ni preparación para este tipo de actividad”.

“El clima era tenebroso”, con gente que le decía que estaba “dispuesta a matar”.

Tampoco vio móviles en la ciudad salvo el patrullero en el que se trasladaba el comisario Zaguán. “Sabíamos que esa noche iba a haber una masacre, se olfateaba sangre en las calles de Concordia, iba a ser de mucho dolor”. Comerciantes y vecinos comunes “armados hasta los dientes blandían sus armas”, describió.

Marcó tanto el grado de descomposición en el que había caído la sociedad -“saltó lo peor”- como “el grado de desprotección del ciudadano» que -según Casañas- tenía un fin: obtener una concesión del Gobierno. La descoordinación entre los acusados le llamó la atención. En un momento pensó que le “estaban tomando el pelo”. Alguien “los estaban usando”, aunque después reconoció: “no me consta”.

Dijo que la noche del lunes 9 luego de la firma del convenio “se habían salvado muchas vidas”, y “si no salía el acuerdo esa noche iba a ser un baño de sangre”.

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