Crisis en el Iosper: «esta pendiente la decision politica del Estado»

El conflicto que mantienen las clínicas y sanatorios de la provincia con el Iosper entró en su cuenta regresiva. Si no llegan a un acuerdo en menos de tres días 300 mil afiliados quedarán sin servicios.

El viernes 23 de mayo se cumple el plazo de notificación de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER) al Iosper acerca de la suspensión del servicio. Si las negociaciones no prosperan a partir de la hora cero los sanatorios suspenderán las prestaciones a la obra social: internaciones, alta complejidad y el servicio de las guardias sanatoriales.

“La situación es inevitable, no se ha llegado a ningún arreglo hasta hoy (por ayer). Se han demandado dos ítems fundamentales emergentes de la situación de crisis que estamos viviendo: recomposición de los aranceles y el pago de las deudas de meses anteriores. Hubo pagos parciales pero aun están pendientes importantes cifras en todos los sanatorios de la provincia”, explicó Carlos Arizabalo, Presidente de la Cámara Sanatorial de Concordia.

Agrupados en la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia, informó que la medida fue adoptada por los 54 sanatorios que funcionan en la provincia.

De la deuda contraída “no se ha llegado a cubrir el 50% y los aranceles están muy atrasados. Hubo una recomposición de un 10% en febrero pero es insignificante porque el efecto de la inflación que tuvimos en estos dos años hace inviable que nos arreglemos con los aranceles que estaban en vigencia. Hoy no menos de una recomposición de un 30% es indispensable para poder tener la posibilidad de seguir siendo viables en la atención de la obra social. Y se agrava la situación porque el Iosper constituye el 54% de la facturación de todos los sanatorios. Si se agrega el factor de los bajos aranceles y no te pagan lo que deben complica y mucho la financiación de insumos, requerimientos, sueldos”, amplió.

Con este panorama, dijo, “es complicado de hacer frente al pago de impuestos, sueldos e insumos. Actualmente hay algunos sanatorios que no han podido regularizar incluso el aguinaldo de diciembre”.

Del total de la demanda de prestaciones en salud la mitad lo cubre el sistema de seguridad social a través de las obras sociales.

El escenario planteado no sorprende al médico. “La salud es crítica en todo el país. El efecto que produce la inflación se agrava porque el gobierno no ha tenido decisión política de superarla”.

A su vez, manifestó, se mantiene el “déficit en los aportes porque las obras sociales, entre ellas el Iosper, por efecto de la ley de emergencia del gobierno de (Jorge) Busti privó al Iosper del 2% de aportes que nunca se restableció. Esos recursos, incluso por propias palabras del presidente del Iosper, darían viabilidad para corregir las demandas necesarias. Es cierto que Iosper está en una situación crítica pero también está pendiente la decisión política del Estado de tomar cartas en el asunto”.

“Los valores de los aranceles desactualizados con respecto a los costos” son análogos a “las demandas de toda la sociedad producto de una innegable inflación. Y estamos sujetos a insumos importados que son muy trascendentes; hemos sufrido la privación y la disminución en la oferta de los insumos”, sostuvo el pediatra.

Consultado sobre la existencia de una contrapropuesta del Iosper que descomprima la situación, enfatizó: “Ninguna, yo no la conozco. Hubo manifestaciones mediáticas que no comprenden nuestra actitud pero lo nuestro es muy claro: una ecuación financiera comprometida, y en esta coyuntura” prima “la corrección de los aranceles y el pago de la deuda”.

¿La deuda se cubre con recursos propios? “No, con deuda. Dejamos de pagar los impuestos, dejamos de pagar los aportes”. No obstante, aún con restricciones, afirmó que “no se puede renunciar a la excelencia de la prestación”.

En paralelo, el sindicato de Sanidad reclama un incremento del 36% y la última recomposición salarial fue del 32 por ciento. La demanda del personal “es netamente legítima”, consideró.

“La relación con el Iosper no tiene otro destino que ser recompuesta, no podemos permitirnos como sociedad que no tengamos entre el Estado, la obra social y los prestadores una solución para que el afiliado no sienta el rigor de la privación de los servicios”, concluyó.