Este martes, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, proyectos de extensión de universidades públicas, partidos políticos y entidades que representan a los productores entrerrianos presentaron en la Cámara de Diputados un documento en el que pidieron a los legisladores el freno inmediato del tratamiento de la iniciativa que faculta al Ejecutivo a tomar un crédito por 430.387.551 millones de dólares con bancos estatales y aseguradoras de crédito chinas para realizar un acueducto exclusivamente con China State.
Además, reclamaron la más amplia información y transparencia de los actos de gobierno; la convocatoria a los múltiples sectores involucrados; y la necesidad de que se realicen las consultas necesarias a organismos públicos y no gubernamentales, registró AIM.
El espanto volvió a unir a diversos sectores para defender los intereses del pueblo entrerriano. Una vez más las organizaciones con legítima representatividad salieron a la calle a denunciar los atropellos del gobierno de Sergio Urribarri que empeñará el futuro del Estado tomando un crédito por hasta 430.387.551 con bancos estatales y aseguradoras de crédito chinas más los intereses necesarios para financiar el acueducto del norte entrerriano La Paz-Estacas y la sistematización y distribución de agua para riego Mandisoví Chico.
El documento que lleva la firma de más de 40 organizaciones y referentes de distintas instituciones se hizo público este martes en una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná y se ingresó formalmente en la Cámara Baja, para que los diputados frenen inmediatamente el tratamiento al proyecto que tiene media sanción del Senado e instaron a los representantes del pueblo a que se haga pública las cláusulas del contrato, que se llame a los múltiples sectores involucrados y que se realicen las consultas necesarias a organismos públicos y no gubernamentales.
La lectura de la carta pública la realizó el presidente de la sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Rubén Pagliotto, quien explicó que el texto “es producto de un consenso al que se llegó con todas las entidades ante esta situación penosa a la que se llevará a la provincia”. En ese sentido, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), Esteban Olarán, remarcó que la mesa que dio a conocer el documento “expresa la defensa de los intereses de todos los entrerrianos más allá de que (el gobierno y sus operadores) trabajan constantemente para dividir los reclamos por sectores, por ideología”.
Precisamente el espacio surgió ante el silencio y hermetismo del gobierno “que en ningún momento convocó a ninguna organización para explicar de qué se trata ni técnicamente la obra ni, mucho menos, lo que implicará financieramente para el Estado la toma del crédito en cuanto al financiamiento, o el repago”, señaló a esta Agencia el asesor técnico del tercer distrito de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel.
Además, si la Ley se aprueba “sería ilegal porque no cumpliría con todos los procedimiento Legales y sería ilegitima porque no cumpliría con el respaldo de la sociedad”, advirtió el presidente de la Fundación Pensar Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere.
RECURRIR A LA JUSTICIA
Ante ese escenario, si la norma es sancionada, Pagliotto adelantó a esta Agencia que se realizará una presentación penal porque los diputados que aprueben el proyecto y los funcionarios que apliquen la Ley podrían “estar violando flagrantemente la Ley e incurriendo en los deberes de funcionario público, lo que se enmarca, quizás, en lo que la Constitución Nacional establece como ‘infames traidores a la patria‘”, ya que detalló que “no se comprende cómo un contrato de obra pública donde lo que está comprometido es ni más ni menos el interés público, con el dinero público, pueda ser susceptible de ningunearse bajo la mentira de que se trata de cuestiones confidenciales que escapan al interés y al conocimiento del dominio público”.
En ese marco, el Colegio de Abogados Paraná se comprometió a brindar todo el asesoramiento legal a las organizaciones populares “para no dejar que este latrocinio se consolide, porque se debe evitar que los delitos se consoliden”, porque “la justicia, que es el último resguardo de los ciudadanos, es quien puede poner freno y coto a esta situación que significa un impúdico y último gran acto de saqueo de estos que se están yendo”.
