El defensor Oscar Bacigaluppe cargó duro contra fiscalía en el juicio que se les sigue a los policías. En su exposición de ayer marcó deficiencias en la investigación y objetó “la falta de idoneidad” de algunos testigos. Con las pruebas presentadas “no podemos fundar una sentencia condenatoria”. Dijo que es una constante los testimonios tendientes a “agravar la situación de los imputados”. Pidió la absolución de los procesados “por total orfandad probatoria; y si se aplica el principio de la duda se cae todo porque no hay nada que se pueda sostener seriamente”.
En el comienzo de su alegato Oscar Bacigaluppe introdujo la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema en caso de una sentencia adversa.
El expediente, indicó, no contiene pruebas “lo suficientemente claras y contundentes como para desvirtuar el principio de presunción de inocencia de todos los imputados. El proceso penal tiende a la acabada reconstrucción de los hechos. Desde ya, descarto que estemos en presencia de hechos probados con la contundencia necesaria para lograr una sentencia condenatoria”, afirmó.
Señaló que en el proceso “autoridades policiales y actores políticos han concluido en la necesidad de aumentar la criminalidad supuesta de los imputados. Han coincidido todos”. Mencionó que varios testigos policiales y políticos aportados por fiscalía “están interesados en que esta cuestión se resuelva en contra de los imputados. No son testigos con la imparcialidad necesaria para que sean tenidos como testigos normales en un proceso penal”. Y agregó que “ni los jefes ni los políticos fueron sinceros porque a ellos les conviene la condena de todos los imputados”. Apuntó sobre “gruesos errores y contradicciones de algunos testigos”.
La acusación de fiscalía acerca de la coordinación de las acciones se sustenta en cuatro elementos. El defensor sostuvo que “no se puede fundar seriamente que hubo una organización previa”. Una llamada considerada clave en la acusación, “correspondía probarla, no darla como un elemento que estructura una supuesta organización de la sedición. Con solo leer dos petitorios nos damos cuenta que acá no había la mas mínima organización. No se podían de acuerdo ni para pedir”.
La prioridad, subrayó el defensor, “era ocuparse de la seguridad de la población”. En cambio, las autoridades estaban “pendientes de personas sin ninguna jerarquía dentro de la institución; cuando se yerra el camino lo mejor es buscar culpables” en función de “mentiras que quieren mantener una acusación y un pedido de condena”.
A su vez, expresó “las dudas que nos genera que los testigos estén sometidos a sumarios administrativos. Por ese motivo desistimos de muchos”.
Refutó también la acusación de sedición. Marcó que los videos muestran que el último hecho delictivo tuvo lugar alrededor de las dos de la mañana en Carrefour. “A continuación empiezan a llegar a Concordia equipos de comunicación, 50 móviles y según Vega (ex Subjefe) 500 hombres, más las fuerzas de Prefectura y Gendarmería. La realidad indica que había personal suficiente para controlar cualquier intento de saqueo. Cuando el gobierno a la una de la tarde (del lunes 9) manda emisarios para hacer contactos informales de ninguna manera había peligro en Concordia de que se repitiera ningún hecho. Entonces, ¿para qué se inicia la negociación a la una de la tarde y culmina a las 21 o a las 22? ¿Para qué se firma el acuerdo? Estaban las máximas jerarquías de la procuración, de la policía y del poder ejecutivo en la ciudad de Concordia con un comando instalado en la Cafesg. Ninguno de ellos puede dudar de que con ese personal en Concordia se pudiera desmadrar algo. Revisé todos los requisitos para que haya intimidación, extorsión y no se dan los presupuestos. Qué miedo podía tener el gobernador con el Jefe de Policía diciéndole que tenía 500 hombres y 50 móviles”.
Calificó, asimismo, “un disparate” la afirmación del procurador Amílcar García cuando dijo ‘pusieron de rodillas al gobernador’. “Los recibieron y negociaron porque tuvieron ganas y firmaron porque tuvieron ganas, pero extorsión no hubo”, insistió.
En otro pasaje, observó que “en definitiva, dejar sin protección a Concordia no es responsabilidad de ninguno de los imputados y en base a la probanza que fiscalía trajo no se puede imputar de manera alguna ni de sedición, ni de privación ilegitima de la libertad, ni de instigación a cometer delitos”.
La presunta privación de la libertad del ex jefe Lucio Villalba, según la fiscal Cecilia Goyeneche, cesó cuando intervino el Subjefe de la provincia, Miguel Angel Rosatelli. “Pero no explicaron por qué cesó ahí. ¿Cuándo empezó? Es caprichoso, jurídicamente tendríamos que tener una sola respuesta que no merezca un ataque fácil. Al principio dijeron que a Villalba lo llevaron de arriba abajo y de abajo a arriba”. “Quién le impedía” salir de su despacho: “Nadie”, respondió.
“Convengamos en que todo está atado con alfileres pretendiendo armar un argumento que no existe. Porque no han probado absolutamente nada”, embistió. Y pidió la absolución de los procesados “por total orfandad probatoria. Y si se aplica el principio de la duda, se cae todo porque no hay nada que se pueda sostener seriamente”.
Planteó que la forma de pedir las condenas de los acusados al dividir en dos grupos en función de sus roles “es arbitraria; no se pueden dar penas a mansalva. Nadie cumplió ningún rol, es mentira. Entonces no les podemos enrostrar las condenas que se han pedido”.
