Roberto Niez, precandidato a intendente de Concordia por el Pro, se apersonó ayer a la mañana en la Municipalidad para entregar una misiva dirigida al presidente municipal Gustavo Bordet, con copias al interino, Alejandro Casañas, y al Concejo Deliberante.
Niez les solicitó que «se postergue, cuanto menos hasta la asunción de las próximas autoridades municipales, cualquier decisión que conlleve la concesión de bienes públicos a manos privadas, que se extienda más allá de la presente gestión».
Apunta de manera particular a la suerte que correrían dos galpones del Puerto de Concordia. «No se trata de un lugar más. Bien puede decirse que por su historia y por su presente, arraiga en el corazón del pueblo concordiense. El puerto fue clave en el nacimiento de la ciudad y su primer impulso, a la par que tiene un carácter estratégico», enfatizó.
Niez sostuvo que «la privatización, que abarcaría un período de entre 10 y 20 años, generará obligaciones a quienes los sucedan al frente del municipio y, lo que es aún más importante, comprometerá un bien que es de todo el pueblo».
«No es un dato menor que la licitación en cuestión -agrega Niez- tenga un único oferente, ex funcionario del Estado en tiempos en que gobernara el país Carlos Menem, investigado por corrupción en al menos dos causas judiciales, luego contratista de la obra pública y beneficiado por concesiones de espacios del Estado en la capital provincial. Sus antecedentes ameritan extremar los recaudos, previo a cualquier decisión».
CONSULTA POPULAR
Además de pedir que se postergue cualquier decisión, Niez fue más lejos al proponer que sea el pueblo quien decida, a través de una consulta popular, si es o no conveniente privatizar esa zona de la costanera concordiense.
«Los galpones del puerto son de la comunidad y no de los gobernantes, por lo que tan grave determinación, como lo es el traspaso a manos de Miguel Marizza, debería ser precedida de una consulta especial al pueblo de Concordia», argumentó.
De inmediato, trajo a colación que la suerte del Palacio San Carlos fue resuelta mediante una consulta, lo que le dio al proyecto no sólo respaldo legal sino también absoluta legitimidad.
Por último, pidió no repetir errores del pasado: «La consulta popular antes de adjudicar los galpones del puerto sería una prueba cabal de que hemos aprendido de los errores del pasado, ya que en la década del ’90 el lugar fue entregado a un ignoto empresario, Mario Pallas, y ya es sabido con qué consecuencias».
LA CARTA COMPLETA
Concordia, 6 de Agosto de 2015
Estimado
Contador Gustavo Bordet
Presidente Municipal de Concordia
Presente
De mi mayor consideración:
Por la presente, solicítole se postergue, cuanto menos hasta la asunción de las próximas autoridades municipales, cualquier decisión que conlleve la concesión de bienes públicos a manos privadas, que se extienda más allá de la presente gestión.
Nos preocupa especialmente el destino a dar a los galpones del Puerto de Concordia, a punto de ser privatizados, cuando restan apenas 4 meses para la terminación de su mandato.
No se trata de un lugar más sino que, bien puede decirse que por su historia y por su presente, arraiga en el corazón del pueblo concordiense. El puerto fue clave en el nacimiento de la ciudad y su primer impulso, a la par que tiene un carácter estratégico.
La privatización de ese lugar, que abarcaría un período de entre 10 y 20 años, generará obligaciones a quienes los sucedan al frente del municipio y, lo que es aún más importante, comprometerá un bien que es de todo el pueblo.
No es un dato menor que la licitación en cuestión tuviera un único oferente, ex funcionario del Estado en tiempos en que gobernara el país Carlos Menem, investigado por corrupción en al menos dos causas judiciales, luego contratista de la obra pública y beneficiado por concesiones de espacios del Estado en la capital provincial. Sus antecedentes ameritan extremar los recaudos, previo a cualquier decisión.
Los galpones del puerto son de la comunidad y no de los gobernantes, por lo que tan grave determinación, como lo es el traspaso a manos de Miguel Marizza, debería ser precedida de una consulta especial al pueblo de Concordia.
La ciudad vivió una experiencia de ese tipo, de democracia directa, cuando le tocó participar y resolver qué hacer con el Palacio de San Carlos. Lo mismo debemos hacer con el puerto.
La consulta popular antes de adjudicar los galpones del puerto sería una prueba cabal de que hemos aprendido de los errores del pasado, ya que en la década del ’90 el lugar fue entregado a un ignoto empresario, Mario Pallas, y ya es sabido con qué consecuencias.
Sin otro particular, aprovecho la presente para saludarlo con especial estima, dando por descontado que sabrá apreciar que lo solicitado no tiene otro propósito que el bien común.
Atentamente.
Roberto Niez
