El Presidente dejó saber a través de su abogado que cualquiera sea la decisión del juez, donará una suma a modo de compensación por haber violado un decreto con consecuencias penales. Busca de esta manera reducir el impacto político y electoral de su “desliz”
Alberto Fernández ya lo tiene decidido: más allá de lo que decida la Justicia, donará parte de su sueldo al Instituto Malbrán como «reparación voluntaria» por su participación en el festejo del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, el 14 de julio de 2020, cuando regía el DNU 576/2020 firmado por él mismo que imponía una cuarentena estricta. El Presidente gana unos 250 mil pesos de bolsillo.
Fernández había buscado evadir una presentación ante la justicia, pero de frente a lo inevitable, y con la clara intención de aliviar la presión que en lugar de disminuir con los días, continúa aumentando, en las últimas horas avanzó con su estrategia judicial con su abogado Gregorio Dalbón.
El Preseidente compartió su mirada con funcionarios de su entorno. Encontró, en un texto escrito por el abogado Maximiliano Rusconi, argumentos que refuerzan su idea de que no hubo delito y hasta trazó coincidencias entre lo que ocurrió en la reunión que organizó la primera dama en Olivos con el festejo de fin de año trazado por Elisa Carrió.
«No hubo delito en la Quinta, pero tampoco en Exaltación de la Cruz», señalan, como guiño a la líder de la Coalición Cívica, fustigada desde el viernes por un sector del kirchnerismo por ese encuentro y como muestra de objetividad en torno al hecho.
La presentación se haría antes de las primarias, pero estiman que será después del 12 de septiembre. «No importa si pasa algo antes de las PASO. No tenemos miedo. Además, la foto ante la Justicia cerca de una elección es un mal antecedente electoral para la oposición, la última vez cuando sentaron a Cristina en el banquillo de los acusados les salió pésimo», sostienen en un juego casi esquizofrénico en el que dicen estar tranquilos pero por las dudas intranquilos.
Si bien es cierto que debe avanzar la investigación en la que el fiscal debe determinar si en esa reunión se cometió un delito, el Presidente “igualmente quiere hacer esa reparación voluntaria», confirmó Dalbón al diario Clarín.
«Así como le pidió las disculpas públicas al pueblo, el Presidente se presentará ante la Justicia, no para conciliar, sino para reparar voluntariamente con una suma de dinero. Quiere tener una reparación con la salud pública, con una donación al Instituto Malbrán, como avisó en el juicio contra Patricia Bullrich», contó.
Según el letrado, se trataría de «una reparación, sin reconocer absolutamente ningún delito», pero que le permitiría al fiscal resolver el caso «sin necesidad de un dispendio judicial innecesario, como ocurrió en un caso con (Facundo) Moyano».
«No va a ser una donación -se atajó Dalbón- sino una reparación, que sacará de su sueldo que es lo único que tiene». «Tenemos un presidente que no tiene empresas ni activos, tampoco cuentas en Panamá ni un hermano millonario. Es un hombre de clase media, que vive de su sueldo, por eso podrá dar parte de sueldo durante unos meses», completó, en una chicana contra el ex presidente Mauricio Macri.
En el escrito sobre el que Fernández avanza con Dalbón contradice lo expuestos por los especialistas que en las últimas horas plantearon que, más allá de si a raíz de ese encuentro se generaron ó no contagios, hubo delito toda vez que existió la violación al DNU y al artículo 205 del Código Penal.
Ese artículo establece: «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
Esta letra, que habla de la posibilidad de cárcel ante el mero incumplimiento, fue durante los peores momentos de la pandemia el mecanismo al que recurrió el jefe de Estado para amedrentar a los «vivos» que desafiaban las medidas que imponía.
Pero ahora, advierten cerca del mandatario, que fue el propio fiscal González el que lo interpretó de ese modo con Moyano, cuando evaluó que no había cometido un delito y cerró el caso.
«Hay un límite entre toda norma administrativa y el derecho penal. La sanción de una norma tiene como consecuencia una multa, una advertencia, un apercibimiento. Pero la mera infracción normativa no es de por sí un problema del derecho penal. Para que haya un ilícito, es decir una acción típica, anti-jurídica y culpable, debe haber una infracción normativa y, además, una lesión o como mínimo una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, que en este caso es la salud pública», es uno de los planteos que hace la defensa del Presidente.
El Olivos Gate, más allá de la serenidad aparente de Dalbón y de una movida judicial que parece mucho más una maniobra electoral de dudosa calidad, preocupa seriamente al Gobierno, no pudiendo calcular el verdadero impacto que este tendrá en el resultado de las elecciones.
