La causa por el desfalco en el organismo está a punto de cumplir un año y la Justicia todavía no ha puesto la lupa sobre ningún funcionario público. Se solicitará que se audite el sistema informático de deudas y compensaciones.

La causa en la que se investiga el desfalco por más de 50 millones de pesos en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) durante varios años a través de compensaciones de deudas fraguadas muestra un costado positivo. El gobierno acaba de informarle a los entrerrianos que el organismo recaudador, que denunció la estafa, recuperó 17 millones de pesos correspondientes al 68,6 por ciento de las compensaciones fraudulentas en cancelaciones con una financiación de un año. Los estafadores tienen, entonces, una especie de programa Ahora 12. Lo que se está recuperando corresponde al primer período que va desde el 1º de enero de 2012 al 6 de junio del año pasado.

Sin embargo, la dinámica de la ATER para recuperar lo robado no es la misma que se ejercita en los tribunales. La Justicia avanza en las indagatorias a proveedores del Estado y contadores, pero aún no ha caído sobre el funcionariado, un hecho que no deja de llamar la atención si se repasa cómo es el procedimiento para cancelar deuda. Lo explica el artículo 75 del Código Fiscal, que establece que el proveedor del Estado debe certificar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez visados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprueban y se concreta la compensación por impuestos a través de una resolución del Ministerio de Economía.

Cuando se destapó el escándalo se conoció que entre los sospechosos estaba Gustavo Gioria, quien se desempeñaba como tesorero de la provincia. El hombre apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al fraude que denunció el jefe de la ATER, Marcelo Casaretto, el 6 de junio del año pasado. El ahora ex funcionario, junto a otros contadores, aparentemente formaría parte de una red de profesionales que “ofrecían” a empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensarlas con acreencias y así liquidar todo en cero. La salida de Gioria fue el fusible ante el delito de incompatibilidad en el ejercicio de la función pública.

Recién el 5 de noviembre se decidió allanar las oficinas de la Tesorería. Se secuestró documentación en Casa de Gobierno y en las oficinas ubicadas en la esquina de Urquiza y Pellegrini. Según averiguó Página Judicial, Gioria no ha dado explicaciones en el expediente que instruye la jueza de Instrucción Marina Barbagelata y los fiscales Laura Cattáneo y Gervasio Labriola.

NO HAY FUNCIONARIOS IMPUTADOS. Sólo fueron convocados a prestar declaración los principales sospechosos: la jefa de Despacho de ATER, Estrella Martínez de Yankelevich; el jefe de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión; y Darío Barreto, un empleado del organismo que estaba de licencia y se desempeñaba como funcionario municipal en San Salvador.

¿Quiénes pagaron sus deudas luego del escándalo público? Esa información no se conoce. Sería interesante saber cuáles son los estafados o estafadores que pagaron y, en muchos casos, tendrán que seguir haciéndolo porque muchos se repiten en los períodos denunciados.

Cassareto reparará el daño al Estado en términos económicos y promete que se hará hasta del último centavo faltante. ¿La Justicia caerá contra todos? El procurador de la provincia, Jorge Amílcar García, dijo que en la causa “hay para hacer dulce”. Habrá que ver con quienes se cocina.

El defensor de Yankelevich, Walter Rolandelli, reveló a Página Judicial que solicitará a una empresa de Córdoba que audite el sistema informático. La estrategia es demostrar que el mismo tiene falencias. En ese sistema se cargaban las deudas y se las borraba, supuestamente cuando eran compensadas.

 

 

Categories: Entre Ríos

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