Contratistas de obras publicas despidieron centenares de empleados ante el corte de fondos

Las constructoras Antonio Caballi SA, del empresario ultraoficialista Miguel Ángel Marizza -fue funcionario de Carlos Menem, pero gozó del favor del kirchnerismo y del urribarrismo en sus negocios de obra púlica-, y Szczech & Szczech SA, comandada por Néstor Iván Szczech, iniciaron una drástica poda de personal, y argumentaron esa medida en la paralización de las grandes obras públicas con financiamiento de la Nación. 

Los dos empresarios, además de conformar el exclusivo club de la obra pública y ser beneficiarios de los principales contratos que firmó la administración del gobernador Sergio Urribarri, conforman la mesa de conducción de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción: Szczech es presidente; y Marizza, vicepresidente segundo.

El miércoles último, más de veinte ingenieros y arquitectos fueron despedidos, todos con prestación de servicios en el área técnica tanto de Szczech & Szczech SA como de Antonio Caballi SA, empresas que desde 2013 se fusionaron y funcionan en la misma dirección, en Gobernador Crespo al 1.400.

Hasta entonces, los empleados de Szczech & Szczech SA cumplían funciones en el local de la empresa, en calle Manuela Pedraza, pero luego les comunicaron la mudanza, y la fusión fue de hecho: los profesionales trabajan tanto para una como para otra empresa, por el mismo sueldo.

Los despidos de esta semana afectaron a trabajadores de las dos firmas. Los despedidos fueron indemnizados y en los acuerdos de pago de indemnización, que fueron protocolizados en el Ministerio de Trabajo, se dejó establecido por qué se los dejó en la calle.

Dice: «Con motivo de la disminución de la actividad técnico-administrativo empresaria, producto de la disminución de las obras en ejecución, el empleador notifica en este acto al empleado, quien acepta, el despido sin causa a partir de la fecha».

«Todo empezó a cambiar a partir del lunes posterior al balotaje, cuando ganó Macri. Había un clima tenso en la empresa. Aunque desde septiembre el ambiente venía mal. Ya desde entonces se habían empezado a cortar los pagos de la Nación. Es como que sabían que perdían, y los fondos ya no llegaban. Las empresas paralizaron las obras viales del Plan Más Cerca, y también los planes de vivienda del IAPV. Como las obras están paradas, nosotros no tenemos trabajo. Ya habían echado a muchos obreros, así que la veíamos venir», contó una profesional despedida.

Una de las obras que está paralizada es la ejecución de 800 viviendas, a cargo de la Mutual Modelo, repartidas entre Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda.

La Mutual Modelo se asoció con las empresas Caballi SA, Sczczech y Sczczech y Cemyc SA, y está ejecutando ese plan de 800 viviendas.

El plan se ejecuta a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno y consiste en viviendas individuales, con una superficie de 55 metros cuadrados, y de 56,50 metros cuadrados para el caso de familias con algún integrante con discapacidad, como ya informó Entre Ríos Ahora.

Mutual Modelo está presidida por Adrián Fernando Bruffal, quien a su vez es presidente de la Federación Entrerriana de Entidades Mutualiistas General Francisco Ramírez, donde tiene mandato hasta 2017. Allí comparte la conducción con el viceintendente de Paraná, Gastón Grand, quien es vicepresidente de la Federación.

Bruffal, se asoció en otro emprendimiento con los mismos empresarios que ahora construyen el plan de viviendas de un plan social oficial.

El jueves 23 de julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos el contrato de conformación de una nueva sociedad, con sede en Concordia. Su nombre es Puerto Príncipe SA y fue aprobada su constitución por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia.

Está conformada por cuatro accionistas: la firma OICSA, con el 25% del capital social; Néstor Iván Szczech, con igual porcentaje; Caballi SA, regenteada por Miguel Ángel Marizza, con otro 25%; y Adrián Fernando Bruffal, con el restante 25%.

Puerto Príncipe SA se constituyó con un capital social de $400 mil y designó como su primer presidente a Daniel Aníbal Hereñú, de OICSA; en tanto que Miguel Marizza, de Caballi SA, fue nombrado vicepresidente.

Buscaban diversificarse en otros negocios además de la construcción.

Pero ahora todo el proyecto que los unió en el último tiempo, la construcción de 800 viviendas sociales, está frenado.

Y la consecuencia directa, además de la zozobra de los adjudicatarios, es la angustia de los empleados despedidos de las dos constructoras.

«El miércoles, cuando nos comunicaron que nos echaban, fue tremendo en la oficina. Mucha gente llorando, en crisis, algunos con ataques de nervios, porque hay gente que es sostén de familia, y que quedó en la calle», contó una fuente.

El corte de flujo de recursos de la Nación para los proyectos viales y de viviendas no sólo afecta a los empleados técnicos y profesionales, sino también a los obreros de la construcción.

Algunas fuentes indican que el número de obreros que quedaron sin trabajo producto de la paralización de las obras llegaría a 400, aunque la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) vendría negociando para que las desvinculaciones se produjeran después del 10 de diciembre.