Mientras aprontaba la presentación de su libro “La Prisión Preventiva” en el Centro Cívico, Alejandro Giorgio, defensor oficial en los tribunales de Concordia, explicó que la idea de publicar un trabajo académico sobre la temática nace del estudio acumulando en dos décadas como penalista. “Dentro de las llamadas medidas de coerción, la más grave es la prisión preventiva”, definió el abogado. Giorgio también se explayó acerca de los riesgos individuales, familiares y sociales de encerrar a una persona en forma innecesaria. La prisión preventiva en casos de corrupción y la problemática del delito, las adicciones y la tarea de rehabilitación del Centro Juan XXIII.

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El Derecho Penal registra un “quiebre fundamental en el año 1994 cuando se introducen tratados internacionales a nuestra Constitución. Entonces más allá de las reformas de los códigos de cada provincia, hay como paraguas todos estos tratados que rigen, están vigentes y hay que respetarlos”, explicó Alejandro Giorgio, defensor oficial del fuero penal en Concordia.

La Argentina como país miembro de la OEA reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Justicia. Muchos de los fallos de la Corte Interamericana han sido recepcionados por la Corte Suprema de Justicia. El texto académico compila “todos esos fallos, simplemente restringidos en materia de prisión preventiva”, indicó.

Precisa que el trabajo aborda “los presupuestos necesarios para el dictado de la prisión preventiva, la forma en que deben interpretarse algunas normas de nuestro código de procedimiento, tanto para abogados, fiscales y jueces”.

Respecto de la aplicación de la prisión preventiva, Alejandro Giorgio aclara que “normalmente la gente cree que está relacionada por la gravedad del delito y eso es parcialmente cierto. En realidad en la prisión preventiva existen dos presupuestos: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, es decir aquel que pueda ocultar pruebas, ‘apretar’ testigos”, etc.

Por definición, la medida es provisoria. “Una vez que se termina el riesgo debe automáticamente levantarse. Por ejemplo, si el riesgo es el peligro de entorpecimiento y el fiscal realiza la totalidad de la prueba, ya ese riesgo no existe más, entonces tiene un límite y se puede revocar en cualquier momento”.

Y añade que los jueces disponen de tal medida en un amplio espectro de ilícitos: homicidios, lesiones gravísimas, una gran mayoría en casos de abusos sexuales, también en robos calificados.

Analiza, asimismo, las consecuencias personales de la prisión preventiva. “Una prisión preventiva decretada a una persona en forma innecesaria y que, por ejemplo, sea de 30 días, significa muchas veces la pérdida de un trabajo y tal vez después esa persona queda sobreseído. Se comprueba que no tiene nada que ver y perdió el trabajo. También puede tener graves riesgos con la familia, con la situación que puede haber acarreado esa estadía en prisión preventiva. Entonces son temas muy complejos. Incluso hasta social: Si una persona se entera que se le dictó prisión preventiva por un delito, lamentablemente, y -hagamos una autocrítica todas las partes-, muchas veces la prensa misma, los defensores, no nos encargamos de decir que quedó sobreseído de culpa y cargo, que se comprobó que no tenía nada que ver con el hecho imputado. Esa mancha le puede caber a cualquiera. El daño del dictado de la prisión preventiva tiene aspectos familiares, sociales y laborales. Entonces hay que ser recelosos en ver si es necesaria”.

Los resonantes escándalos de corrupción en Brasil o España desataron detenciones de empresarios, directivos y funcionarios políticos. En Argentina es prácticamente una rareza el dictado de prisión preventiva por supuestos delitos económicos, aun a sabiendas de los riesgos ciertos de arruinar una investigación. “Generalmente al poder no se lo investiga mientras se ejerce. Se lo investiga una vez que cesan del lugar donde están. Pero en Argentina existe una ley que suspende el término prescripción”, subraya.

Sin embargo, considera que “el principal problema es la falta de inversión, la falta de capacitación de todos los operadores, tanto de los entes de fiscalía, que en mi opinión, no tienen medios para investigar este tipo de delitos. Son delitos complejos. Y el hecho de que se investigue una vez cada tanto hace que se peque por defecto, es decir, más que por voluntad muchas veces porque no se sabe investigar. Que una ciudad grande como Concordia o Paraná no tenga en fiscalía dos contadores con cierta especialización para investigar esos delitos. No se investiga porque no se sabe cómo. O se investiga y se los califica de otra forma a la que corresponde por desconocimiento”.

El dinero recaudado por la venta de ejemplares será donado a la “Comunidad de Vida y Rehabilitación de Adicciones Juan XXIII”. La decisión, explica el letrado, obedece a que “la Defensoría de Concordia viene trabajando principalmente con el padre Zabaleta, vicepresidente de la fundación, y nos ha ayudado mucho en la asistencia de jóvenes que lamentablemente empiezan el camino de hechos ilícitos” de la mano del consumo de drogas. “Vemos que el flagelo en Concordia es muy complejo y no tenemos instituciones que nos ayuden. Y ellos han colaborado. Creo que hace falta apoyar a toda la comunidad. Realmente es una situación bastante, bastante grave la que está viviendo Concordia, padeciendo con las adicciones”, advierte, al tiempo que confirma que “hay una vinculación estrecha entre adicción y delito”.

Giorgio distingue el tratamiento de internación en el hogar y los tratamientos ambulatorios que se efectúan en la iglesia Pompeya. En simultáneo, indica, que “la relación que tenemos con el padre Zabaleta es tratar justamente de evitar el paso de la prisión preventiva a cambio de que estos jóvenes –acepten- una internación voluntaria. Si lo deciden, controlamos con el fiscal y si van cumpliendo y tratan de rehabilitarse no se dicta la prisión preventiva. Es benéfico tratar de que sigan con sus familias, que los apoyen, en lugar de mandarlos lisa y llanamente a la cárcel”.

Asegura que preocupa la dependencia que genera en los chicos el coctel de alcohol con psicofármacos. “Uno cree que la droga es cocaína; las pastillas que se consigue en cualquier lugar, ese es el gran problema. Si trato de buscar donde está la cocaína, habría que buscar en ciertos sectores, pero cuando se trata de pastillas es mucho más complejo”.

Ensaya algunas medidas necesarias para revertir la asociación estrecha entre consumo y delito. “En Concordia lo primero que tenemos que hacer es prevención y atacar los lugares, al menos de cocaína. Me parece que estamos perdiendo esa batalla. En segundo lugar, tratar de rehabilitar y salvar al principio la mayor cantidad de chicos que ingresan en esta carrera delictiva. Reconocer la gravedad del flagelo y la decisión política en atacarlo, no de un político, sino del Estado, de todas las instituciones. Y creo que más allá de un esfuerzo esporádico, no se hace”.

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