Quienes administraron partidas millonarias en la ejecución del Programa Ingreso Social con Trabajo, que estaba a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, de la mano del entonces ministro Mauro Urribarri, tendrán que empezar a dar respuestas en la justicia entrerriana y ante el propio gobierno.
El Tribunal de Cuentas de la provincia realizó una auditoría permanente de su ejecución, a la que accedió el programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), en la que se concluyó que hubo sobreprecios por 1.603.046 pesos en la compra de calzado e indumentaria para gente que necesitaba esos elementos. Los apuntados son el coordinador general de la UEP Argentina Trabaja, Luciano González, y el coordinador administrativo, Silvio Lozano, quienes eran de estrecha confianza del hijo del ex gobernador. Fiscalía de Estado prepara demandas de daños y perjuicios y avanza una causa en el Poder Judicial.
“El perjuicio determinado -dice el expediente del Tribunal de Cuentas, firmado por su titular Federico Tomas- unido a la violación de principios aplicables a las contrataciones del Estado determina una violación al deber de fidelidad que tenían respecto del patrimonio que administraban, lo que se traduce en un incumplimiento a los deberes a su cargo”.
El 23 de mayo de 2018 se giraron las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que procure la reparación del perjuicio patrimonial. Según pudo saber este programa, tres meses después, desde ese organismo se remitió carta documento a los funcionarios cuya responsabilidad fue determinada por el Tribunal de Cuentas, conforme el artículo 49 de la ley 8.738, reclamándose el pago de la suma indicada. A la fecha los responsables no contestaron las cartas documento de modo tal que Fiscalía de Estado prepara las demandas de daños y perjuicios, atento a la función del organismo, consistente en la defensa del patrimonio público.
La cuestión no termina en el procedimiento administrativo ni en el juicio por cobro de pesos. Como se habría incurrido en defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación a cargo de Gonzalo Badano.
Si bien el inicio de la causa fue promovido por el diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos), tras la publicación de la Revista Análisis en mayo del año pasado, la auditoría llevada adelante por el Tribunal de Cuentas aporta un elemento de prueba para profundizar la investigación y eventualmente imputar a funcionarios públicos con competencia en la administración del Plan Argentina Trabaja.
El fiscal Badano remitió a Fiscalía de Estado un oficio solicitando copia certificada de los expedientes administrativos. Esta semana, el funcionario judicial resolvió convocar a designar abogado defensor a los coordinadores en cuestión, quienes designarían a los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. O sea, los mismos letrados que hace ya un buen tiempo vienen trabajando en las causas por delitos de corrupción que involucran a la familia Urribarri. Quizás, porque se viene otro capítulo. Esta vez, no solo para los coordinadores del programa Trabajar, sino también para el ex ministro de Gobierno e hijo del ex gobernador.
Lo que dijo el Tribunal de Cuentas
En un informe técnico de seis fojas, el organismo de control realizó observaciones formales relacionadas al fraccionamiento de las compras, a la falta de inscripción de proveedores en el correspondiente registro, al pago efectuado con anticipación a la recepción de la mercadería y, en lo esencial, advierte que “de la comparación entre el precio efectivamente abonado por el Estado provincial y el del mismo producto cotizado por comercios consultados surge una diferencia abonada en más que asciende a 533.910 pesos en la compra de calzados y a 407.666 pesos en la compra de camisas y pantalones de trabajo, ascendiendo el total a 941.576 pesos”.
Computando los intereses, el organismo considera que el Estado habría sufrido un perjuicio patrimonial estimado en 1,6 millones de pesos.
Respecto a los proveedores, se indica que en Paraná se detectaron diferencias de precios entre la Ferretería Ariel, de Rubén Marcelo Plewinski, donde se compró el calzado de trabajo, con la del comercio CMS SA Ferrenet Ferreterías Industriales. Los pantalones y las camisas, en tanto, se adquirieron en Las Nazarenas SA y los precios se cotejaron con los de Paraná Guantes.
En Concordia, en tanto, el calzado y la ropa de trabajo se compraron en Dolmat y se cotejaron los valores con la firma Bermon Distribuidora.
“La responsabilidad por el detrimento del patrimonio público ocasionado” se atribuye en el informe a quienes se desempeñaron en la Unidad Ejecutora Provincial en la época en la que se llevaron a cabo las contrataciones. Puntualmente, se menciona al coordinador general Luciano González y al coordinador administrativo Silvio Lozano.
“El perjuicio determinado unido a la violación de principios aplicables a las contrataciones del Estado determina una violación al deber de fidelidad que tenían respecto del patrimonio que administraban, lo que se traduce en un incumplimiento de los deberes a su cargo”, concluye el informe del TdC.
Fuente: Análisis Digital
