El tribunal que debía juzgar al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, en una megacausa cuyas audiencias estaban previstas que comiencen el jueves 16, decidió aplazar ese trámite, y ese día fijarlo para tratar un planteo hecho por un grupo de defensores respecto a la eventual afectación del derecho de defensa por una serie de restricciones impuestas por aplicación del protocolo sanitario para evitar los contagios de Covid-19.
Los defensores pidieron la realización de una audiencia “a los fines de fundamentar su entendimiento de afectación del derecho constitucional de defensa de sus asistidos en caso de realizarse el Contradictorio Oral y Público, en el modo y bajo estas circunstancias de extrema excepcionalidad”. Además, para expresar su valoración «acerca de la aplicación del Protocolo Sanitario, el cual -según los letrados- afectaría el ejercicio de la defensa material».
En ese marco, el tribunal, con las firmas de José María Chemez y María Carolina Castagno evaluó que “indudablemente la invocación de la afectación del derecho constitucional de defensa en juicio es una cuestión que debe dirimirse por el Tribunal en ejercicio de la jurisdicción, y que además por su naturaleza e importancia debe discutirse con la presencia de las partes en una audiencia oral, pública y contradictoria”. Añadió que esa decisión “excede las atribuciones de carácter administrativo de la Oficina de Gestión de Audiencias, a cuyo ámbito compete la organización y programación del debate y su coordinación con las partes y con las distintas áreas técnicas” del Poder Judicial.
“En razón de lo expuesto, y dado que -según se informa por el Secretario de OGA- uno de los Vocales que integran el tribunal conformado para este juicio, el Dr. Elvio Osir Garzón, se encuentra en uso de licencia desde la fecha y hasta el día 15/9/21 inclusive, y que además -como es de conocimiento de las partes- los demás magistrados del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, como subrogantes legales, se encuentran imposibilitados de intervenir en estos procesos acumulados debido a la aceptación de sus respectivas inhibiciones, es dable advertir sin mayor esfuerzo que la audiencia para el tratamiento del planteo efectuado por las defensas técnicas deberá llevarse a cabo el día 16 del corriente mes y año, fecha prevista como inicio del debate y en la que se reintegrará a sus funciones el Dr. Garzón. Ello acarrea como consecuencia necesaria que se deba diferir la iniciación del contradictorio a otra fecha a determinar, a resultas de la decisión judicial acerca de la invocada vulneración del derecho de defensa en juicio. Obvio es aclarar que, en caso de rechazarse la pretensión esgrimida por las defensas, el juicio oral comenzará a la brevedad y de acuerdo al cronograma fijado, y que, por el contrario, de prosperar el planteo, se deberá suspender y reprogramar por OGA la celebración del citado debate”.
TRES MESES
De acuerdo al calendario, se fijaron las audiencias de juicio oral a Urribarri para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre; y 15 y 16 de noviembre, a las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ese megajuicio ocurre luego de la suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.
A lo largo de los tres meses en los que se desarrollará el juicio, intervendrán 3 jueces -José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón-; 4 fiscales; 9 abogados defensores; 15 imputados; y 140 testigos, que declararán a razón de 8 por día.
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.
Fuente: Entre Ríos Ahora
