A partir de distintos procedimientos realizados por la Policía, se iniciaron una gran cantidad de causas federales por tenencia de drogas entre 2014 y lo que va de 2015 en Entre Ríos. En los últimos 17 meses, según informaron desde la Dirección Toxicología, fueron 161 las personas arrestadas, tanto en allanamientos a domicilios particulares como en requisas en la vía pública a personas o vehículos, a quienes se les encontraron estupefacientes con otros elementos de prueba que abonaron la acusación judicial para cada caso. Algunas de las personas detenidas quedaron libres por tratarse de tenencia de estupefacientes para consumo personal, otras imputadas por el traslado de las sustancias y varias más por el delito de comercialización, en el carácter de narcomenudeo.

La estadística oficial indica que durante todo 2014 fueron 125 los arrestados, entre ellos 31 mujeres y 94 varones. Mientras que en los cuatro meses y medio que transcurrieron de 2015, hubo 36 personas imputadas por la infracción a la Ley nacional Nº 23.737 de Estupefacientes (siete mujeres y 29 varones).

En particular en la ciudad de Paraná, se indicó, fueron 24 las personas detenidas o al menos identificadas y puestas a disposición del magistrado, a quienes se les encontró droga en diferentes circunstancias, en distintos puntos de la capital provincial. El período de estos procedimientos es entre el 14 de febrero de 2014 y el 8 de mayo de 2015, el último allanamiento por drogas informado por la Policía. En todos los casos se dio intervención al Juzgado federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, informó Uno.

A estos procedimientos y detenciones se les deben sumar los realizados por la Dirección Investigaciones de la Policía entrerriana, que en allanamientos en busca de personas o elementos relacionados a causas que se tramitaban en la justicia provincial, encontraron estupefacientes. En este sentido, se destaca el golpe más grande dado por la fuerza provincial, con el secuestro de unos 400 kilos de marihuana en el barrio 4 de Junio en 2014. A su vez, hubo otros operativos de control de policías camineras en rutas de la provincia en los cuales también hubo secuestro de drogas y detenidos.

En cada caso la incautación de droga fue la prueba fundamental para la iniciación de las causas en el fuero federal, pero el hallazgo o no de otros elementos siempre resultan claves para especificar el tipo de delito imputado: por ejemplo, si se trató de tenencia simple de estupefacientes o de tenencia con fines de comercialización, si fue un transporte de droga.

En este sentido, en los casos de narcomenudeo los elementos en común son: balanzas de precisión, recortes de nailon (ambos para el fraccionamiento de las sustancias en bolsitas de similar peso para la posterior venta), cantidad importante de dinero en efectivo en billetes de distinta denominación, papel para el armado de cigarrillos de marihuana, libretas con anotaciones de clientes o proveedores; también la tenencia de varios teléfonos celulares y chips de líneas telefónicas en poder de una sola persona es prueba que se valora en relación a la actividad ilícita. Mucho más cuando de las pericias a los aparatos, surgen mensajes de texto incriminatorios referidos a compraventa de droga, así como contactos telefónicos de los cuales se pueden también detectar roles de diferentes personas en una organización delictiva.

A su vez, la venta de droga está ligada en muchos casos a otros delitos, principalmente el robo: en los procedimientos se encuentran otros elementos relacionados o derivados de estos ilícitos, como por ejemplo armas de fuego, motos o partes de vehículos que cuentan con pedidos de secuestro por haber sido denunciados como sustraídos, o con la numeración de cuadros y motor adulterados.

 

NARCOMENUDEO: LA LEY QUE NO FUE

 

En noviembre de 2014, en un intento de dar respuesta a la proliferación de kioscos de droga en la provincia los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial entrerrianos acordaron la “ley de narcomenudeo”, en adhesión parcial a una ley nacional. Así, se habilitó a jueces y fiscales provinciales a iniciar investigaciones preliminares y procedimientos contra el narcotráfico en la escala de venta al consumidor, pero sin juzgar ni sancionar a los imputados, quienes pasarían en seguida a estar a disposición del Juzgado federal.

Pero tras el primer procedimiento en el marco de esta nueva norma la ley fue declarada inconstitucional por el juez federal de Paraná Leandro Ríos ni bien recibió la causa. Sus fundamentos sobre la supremacía del orden federal (algo que se enseña en la escuela Primaria) nadie se atrevió a rebatirlos, más allá de alguna acusación pública de un legislador para morigerar el escándalo. Además, había quedado en evidencia que los tres detenidos en aquel allanamiento eran tres “perejiles”.

 

 

Categories: Entre Ríos

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