La Cancillería calificó la decisión como «sumamente controvertida». Las empresas mantendrán además un reclamo en tribunales. Argentina apelará la decisión. Se esperaba que la nueva administración demócrata fuera favorable, pero la gestión de la embajada argentina y de la misma Cancillería no fue suficiente.
El Gobierno informó que apelará la imposición de aranceles definitivos sobre las ventas de biodiesel desde la Argentina hacia los Estados Unidos, dada a conocer por la Corte de Comercio Internacional de ese país (Usitc), que de este modo volvió prohibitivas las transacciones con el mercado del norte y supuso la pérdida de ventas que -en 2016- representaban unos u$s 1300 millones.
La decisión conocida en las últimas horas aplica derechos compensatorios y antidumping a las importaciones de biodiesel argentino que, en conjunto, alcanzan un nivel de 146% ad valorem y, naturalmente, impiden el acceso.
Aunque el Departamento de Comercio de los EE.UU. inició una revisión de los derechos impuestos y arribó a la decisión preliminar de levantarlos, el tribunal administrativo adoptó una decisión que el Gobierno consideró «sumamente controvertida desde el punto de vista técnico», y aseguró que las exportaciones de biodiesel surgen de «uno de los complejos sojeros más competitivos del mundo», que «no reciben ni necesitan subsidio alguno».
A través de la Cancillería, ahora bajo el mando de Santiago Cafiero, la Argentina dijo «lamentar» la decisión judicial estadounidense, y anticipó que apelará ante la instancia judicial superior (la Corte Federal del Circuito correspondiente) dentro de los próximos 60 días.
En tanto, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) cuestionó la decisión de la Usitc ya que – sostiene la entidad- «no existieron ni existen condiciones de dumping ni de subsidios en las exportaciones de biodiésel de soja».
Además del proceso administrativo, existe además un caso abierto en la Circuito Federal de Apelaciones de los Estados Unidos, donde las empresas exportadoras de biodiesel cuestionan la investigación de dumping. Los cuestionamientos del Gobierno federal seguirán siendo evaluados en los procesos judiciales y administrativos correspondientes en sede judicial.
Carbio subrayó que, en un caso semejante con la Unión Europea, hace pocos años, hubo un reconocimiento legal tanto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como de las propias autoridades del viejo continente de que no existían subsidios a las exportaciones de biodiesel que justificaran las sanciones que, a la vista de las pruebas, debieron retirarse.
La polémica entre ambos gobiernos comenzó en 2016, durante la administración del republicano Donald Trump, quien había hecho lugar a los reclamos de los productores locales nucleados bajo el National Biodiesel Board (NBB). Pese al mayor entendimiento con la administración del demócrata Joe Biden, las negociaciones encaradas por la embajada argentina en Washington no lograron un resultado favorable.
