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Fueron sobreseidos tras nueve años de proceso en una causa por drogas

El Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero, resolvió sobreseer a Carlos Alberto Hess –oriundo de Capital Federal–, y a Leonardo Aníbal Queso Fochesatto –de Chajarí–. Ambos comparecieron por más de nueve años imputados por el delito de tenencia de estupefacientes en calidad de coautores, por un hecho detectado el 3 de Abril de 2006.

La causa comenzó a sustanciarse por un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en avenida Belgrano al 1.800, de Chajarí, donde se secuestró material estupefaciente. En la resolución del miércoles 19 de agosto, la defensa pública y Fiscalía coincidieron en el pedido de sobreseimiento porque se vulneró “el principio constitucional del plazo razonable para la tramitación de la causa”.

La defensa, en tanto, solicitó el sobreseimiento de Hess y Fochesatto, porque consideró que existió “violación constitucional al debido proceso, dada la excesiva prolongación de la causa, impidiendo que los imputados obtengan una sentencia en un plazo razonable, dejando en consecuencia insubsistente la acción penal”. En este sentido, el defensor recordó que el hecho que originó las actuaciones fue “presuntamente” cometido el 3 de abril de 2006, destacando que pasaron nueve años y tres meses “sin que se haya dictado un pronunciamiento que resuelva la situación procesal de los referidos, generando una mora en la resolución de la causa que no puede ser atribuida a Hess y Fochesatto, puesto que la dilación se debe a la ausencia de actividad procesal eficaz verificada en el expediente”.

El defensor concluyó que “la dilatación de autos que el plazo de prescripción de la acción penal de los 6 años, por ser el máximo de duración de la pena señalada para el delito en cuestión, se cumpliría en poco más de un mes; sumado a que los procesados siempre han estado a derecho, y que desde hace más de 9 años se encuentran padeciendo la angustia e incertidumbre de no ver resuelta su situación procesal, siendo incluso pasible de medidas cautelares que afectan su patrimonio”.

 

LAPSO

 

La defensa resaltó que los imputados “han estado a Derecho desde el inicio de las actuaciones; lo que evidencia que el trámite impreso a la causa por el Estado dista de ser regular y respetuoso de la garantía constitucional que tiene todo imputado de resolver su situación en tiempo razonable, violentando un derecho constitucional en ambas etapas del proceso” y señaló que “la causa se encuentra sin actividad procesal desde el 12 de noviembre de 2009”, publicó EL DIARIO.

 

 

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