Jurado de Enjuiciamiento: el descontrol en un órgano de control, con dos sillas vacías

(Por Osvaldo A. Bodean, publicado por www.elentrerios.com) Por estas horas, la tramitación del Jury contra la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche salpica a la “prensa”. Nada nuevo bajo el sol. Cuando los medios publicamos cosas que disgustan, la reacción más común, y por ende sin originalidad alguna, es denunciar “operaciones mediáticas”.

¿Acaso alguien puede negar que tales operaciones existan? Obvio que las hay. El ejercicio del periodismo requiere navegar en aguas turbulentas, constantemente agitadas por quienes operan a babor y a estribor, a diestra y siniestra, por arriba y por abajo, para condicionar lo publicado. Como también –es saludable reconocerlo- conlleva lidiar con los propios límites, con los inevitables errores humanos. Pero el punto es que los actores institucionales y, en especial, los factores de poder, denuncian sólo aquel accionar periodístico que les juega en contra. Si, por el contrario, les juega a favor o esmerila a algún adversario, ¡viva la libertad de prensa! Hasta puede ocurrir que le manden un mensaje por WhatsApp al periodista felicitándolo.

Vale la pena prestar especial atención al malestar que ha provocado que la “prensa” (así se la llama cuando se la quiere asociar a un aparato que “prensa” las cabezas del público) publicara el contenido de los votos de quienes tienen en sus manos decidir si la doctora Goyeneche debe o no ser juzgada, cuando todavía el tribunal no se expidió formalmente.

Ahora bien, ¿de quién es la culpa de tal anomalía? ¿De los periodistas que hemos publicado fragmentos de documentos que llegaron a nuestro poder y, que sin duda alguna, salieron de la “pluma” de los jueces? ¿O de quienes, siendo máximos responsables del proceso, no supieron custodiar la reserva que tan delicado asunto exigía?

Los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia que conforman el Jurado de Enjuiciamiento, Daniel Carubia, Martín Carbonell y Claudia Mizawak, emitieron un comunicado en el que aluden a “operaciones mediáticas”, ante cuyos efectos se vieron en la necesidad de salir a aclarar que aún no habían resuelto. Y, como al pasar, recordaron que el Jurado que integran “es el único órgano de control de la actuación” del funcionariado del Ministerio Público. Nadie duda de que así es, porque la propia Constitución de Entre Ríos lo prescribe. Lo que resulta chocante es que, en los hechos, tan alto tribunal no haya sido capaz de “controlar” la confidencialidad de sus propios actos. Debiendo controlar a otros, no consigue controlarse a sí mismo. Se ha vuelto un órgano de control descontrolado.

Antes que gastar sus energías en cuestionar al periodismo que divulgó fragmentos de sus escritos, los siete integrantes del Jurado harían bien en usarlas para revisar qué están haciendo mal para que hayan quedado tan al desnudo sus “votos”, incluso antes de ser emitidos.

Debe suponerse que no está entre sus pretensiones que el periodismo salga a ventilar sus fuentes. No es conducta acorde a hombres y mujeres de la magistratura ir contra un derecho constitucional, como lo es la reserva de las fuentes periodísticas. Harían mejor en revisar su propio funcionamiento como jurado. Porque -tal vez no haga falta aclararlo-, no hicieron falta cámaras ocultas, ni hackeos de sistemas informáticos, ni treparse a algún muro. Esos votos –que resultaron ser, según han dado a entender, “borradores”- se filtraron por agujeros que el propio tribunal no supo tapar.

Y si de verdad los miembros del Jurado se han sentido víctimas de una vulneración de su privacidad, sería lógico que lo denunciaran en tribunales. Procedente y, obviamente, esperable de un estado de derecho.

Resulta que a los ciudadanos comunes convocados para participar en los juicios por jurado se les exige total reserva e incluso se les hace saber que no deberán consultar fuentes de información externa. Dos requisitos que el Jurado de Enjuiciamiento -cuyos miembros distan mucho de ser ciudadanos comunes- no ha cumplido.

Hablando de cumplir, la sociedad seguramente ignora que el Jurado de Enjuiciamiento está funcionando sin respetar la integración exigida por la Constitución de Entre Ríos. En efecto, hoy tiene 7 miembros y deberían ser 9. ¿Y cuáles faltan?

El artículo 218 establece que el Jurado de Enjuiciamiento “estará integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores y cuatro abogados inscriptos en la matrícula de la Provincia y domiciliados en ella que reúnan los requisitos para ser miembro del Superior Tribunal; dos designados por organizaciones sociales en representación ciudadana debidamente reconocidas en la defensa del sistema democrático y los derechos humanos”.

Este mandato constitucional data de 2008. Ha pasado más de una década y los dos designados por organizaciones sociales brillan por su ausencia. Sus sillas están vacías.

Resulta contradictorio que el mismo sistema político que se enorgullece de haber renovado la Justicia entrerriana alentando la participación ciudadana a través del Juicio por Jurado, incurra en un letargo interminable cuando se trata de cumplir con la Constitución entrerriana volviendo más plural un órgano de tanta trascendencia como lo es el Jurado de Enjuiciamiento.

Fuente: El Entre Ríos