Por Guillermo Pérez
Los sobreprecios en la contratación de obra pública no son una condición de mercado. Son el robo de la plata de los contribuyentes que pagan la obra y además el sobreprecio. No importa quién financie las obras, las paga SIEMPRE el contribuyente. Este dato no hay que perderlo nunca de vista.
Cuando los gobernantes y los contratistas de la obra pública acuerdan sobreprecios que vuelven a través de los llamados “retornos”, se están apropiando de bienes que tienen por misión cuidar.
El empresario entrerriano Víctor Pietroboni hizo en diálogo con Radio 9 de Concepción del Uruguay algunas confesiones interesantes que deberían estar siendo investigadas por la Justicia. Cuando el periodista Hugo Barreto le preguntó si los sobreprecios “para comisión, la coima, lo del 10 o 15% son una práctica común, instalada en todos lados”, el empresario contestó con una naturalidad sorprendente: “Mirá, nosotros estamos licitando en Paraguay, Bolivia, Perú, esto es una práctica habitual, donde de alguna manera hay sugerencias en ese sentido, pero nunca, de ninguna manera, lo que te sugieren que contemples como un costo dentro de la obra, nunca es el 15%, llegará a un 3 %. Y te estoy hablando de esos países que te nombré. Nosotros nos hemos asociado con empresas españolas, en dos obras, y es así. Está mal, pero es una condición del mercado, que si no lo contemplás, después tenés que sacarlo de algún lado”.
Tuve oportunidad de conocer relatos de primera mano de un empresario que logró una pequeña obra del Estado. La consigna que le dieron desde el Estado, aquí en Concordia en 2014 un funcionario de tercera o cuarta línea, fue: “nuestra comisión es del 10%, vos fijate si lo sacás del presupuesto tuyo o achicás los costos”.
Lo que lleva a la conclusión de que la coima del 10% estaba institucionalizada desde las obras más pequeñas, como las de mi conocido pequeño empresario, o las contrataciones de Pietroboni que se indigna porque en otros países de la región es más barata.
En la primera gestión de Sergio Urribarri, entre 2007 y 2011, las obras públicas de la provincia y de Cafesg sumaron 15.000 millones de pesos, unos 400 millones de dólares al tipo de cambio de la época. La coima institucionalizada equivaldría a 40 millones de dólares sólo en esa gestión, sólo en Entre Ríos. Pero es cierto, antes de que lo digan: no hay ninguna denuncia. Ningún empresario se tomó el trabajo de ir a la Justicia y denunciar “a mí me quisieron cobrar el 10% de coima para contratar con el Estado”. Nadie lo dijo. La opción era sencilla: entrás y pagás o no pagás y te quedás afuera. Hubo muchos que no pagaron y no trabajaron con el Estado. Tal vez, algunos que no pagaron y trabajaron igual.
Estas historias se repiten en privado y ante la falta de interés y de elementos nunca fueron llevadas a la Justicia. Incluso las que hablan de empresas fantasmas armadas por los propios funcionarios, pero si no hay interés de investigar ni elementos para denunciar, nunca saldrán a la luz.
Algunas señales en términos políticos y judiciales entusiasman y otras decepcionan.
Si no hay ninguna denuncia no es porque todo esté perfecto. En términos judiciales, las denuncias públicas que se hicieron hasta diciembre del año pasado, algunas desde este mismo diario, en general no tuvieron eco en la Justicia y la que sí dio lugar a la apertura de una causa (tras el informe sobre el Hotel Ayuí) tiene un avance lentísimo que está lejos de entusiasmar.
Y en términos políticos, es todavía más decepcionante. Después de los hechos de General Rodríguez con un funcionario tirando 9 millones de dólares por encima del muro de un convento, el Partido Justicialista local reaccionó pidiendo que se investigue quiénes sobornaron al funcionario. Tal vez hubiese sido más digno apañar con el silencio. Sólo les faltó citar a sor Juana Inés de la Cruz con sus versos “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar?”.
Aunque la figura jurídica que pena la coima, el delito de cohecho, establece penas para las dos partes, tanto para el que paga como el que cobra, la figura del peculado es exclusiva de la función pública. Quien comete este delito roba fondos que pertenecen al Estado y que debía gestionar y custodiar y además la persona que incurre en esta falta defrauda la confianza de los contribuyentes que lo pusieron en ese lugar y le posibilitaron el acceso a los recursos públicos. Bajo el amparo de la ley, el empresario está para hacer negocios y el gobernante está para custodiar el bien común. En consecuencia no se los puede poner en un pie de igualdad: los funcionarios no están pecando por la paga, están defraudando una misión para la que se propusieron y pidieron cumplirla, antes de haber jurado que lo harían.
