La suspendida fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, pidió este viernes la “urgente intervención” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la suspensión del jury que se le realiza y que parece encaminado a destituirla. Goyeneche es la fiscal que logró la condena a 8 años de prisión del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri.
En un escrito, Goyeneche dijo que la intervención del máximo tribunal es para “ evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva”. Sucede que esta semana el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó un amparo ordenado por una jueza de instrucción que dictaminó que el jury era ilegal por la falta de una fiscal.
Luego agregó que “la decisión final del Jury por la que se me destituirá de mi cargo es inminente. Tal como surge de diversas publicaciones efectuadas en diversos medios de comunicación de alcance local y nacional, ya se emitieron los primeros votos de sus integrantes y es probable que, en los próximos días u horas, se firme la resolución que hará efectiva mi destitución”.
“Todo ello, pese a que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (del miércoles pasado) no se encuentra firme, pues por el modo en que aquél decidió, sin tratar el fondo, apartándose de lo resuelto por la Corte, y rechazando por “inadmisible” mi acción, habilita a proceder inmediatamente a mi destitución”.
Luego señaló que se la quiere destituir “sin que se hayan tratado las cuestiones constitucionales fundadamente planteadas por esta parte en cuanto al fondo y vinculadas con la ilegítima remoción del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador natural en el proceso de enjuiciamiento”.
Sería “un caso de gravedad institucional que justifica la intervención directa” de la Corte, ya que el Poder Judicial provincial resolvió “la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, incardinada en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede del interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad”.
“Pues está involucrado el adecuado funcionamiento del sistema de remoción de magistrados, lo que compromete el aseguramiento de la administración de justicia independiente e imparcial que la Provincia de Entre Ríos debe asegurar”, finalizó Goyeneche.
