La marcha contra la Corte solo perjudica al Gobierno. El enésimo tiro en el pie.

La convocatoria y la actitud ambigua del Gobierno deja expuestos los intereses del Kirchnerismo y la falta de fuerza del Presidente. No hay consensos ni lugar para una avanzada contra la justicia, sino retórica. Los ministros del Máximo Tribunal recibieron llamados de apoyo de muchos Gobernadores oficialistas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación

Los jueces de la Corte Suprema no se vieron la cara durante enero. Regresarán el martes a los tribunales y por la tarde está prevista la marcha convocada por el kirchnerismo y respaldada por el presidente Alberto Fernández, que reclamará sus renuncias. Sin embargo, lejos de generar preocupación, la manifestación despierta un particular entusiasmo en la Corte: interpretan que podrían salir favorecidos ya que la convocatoria dejará expuestos los que pretenden vulnerar el Estado de derecho.

“Saquemos las vallas y que tomen tribunales”, comentaba no sin ironía un allegado al máximo tribunal, considerando que convocan a la manifestación Luis D’Elía y partidarios de Milagro Sala, con antecedentes en la materia. “Es la marcha de los condenados: dejá que se expongan”, agregaba, en el mismo tono, la fuente.

La manifestación, apoyaba por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; y la jefa de la AFI, Cristina Caamaño, entre otros funcionarios, se dará minutos antes de que Alberto Fernández inicie su viaje a Rusia y China. No pasó inadvertido en la Corte el apoyo de Caamaño a la manifestación, dado que mas allá de su militancia, es la jefa de los servicios de inteligencia. “¿Lawfare al revés?”, se preguntaban en el máximo tribunal.

Eso sí, en la Corte evalúan que esta marcha es solo el comienzo de una embestida que los tendrá como blanco en 2022 y que tendrá uno de sus picos en el discurso presidencial del 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa. Descuentan que, una vez más, Fernández descargará sus críticas sobre la Corte, pero cada vez con menor poder de fuego y capital político como para intentar una reforma judicial, un ampliación en el número de miembros del máximo tribunal o el consenso necesario para acordar con la oposición los nombres de los nuevos magistrados. Tras la derrota electoral de 2019, el oficialismo quedó lejos de poder avanzar con estos cambios.

Por eso es que en la Corte entienden que la marcha del martes y la escalada de críticas del oficialismo no van más allá de lo declamativo. Como si los amenazaran con un cuchillo sin filo, que no es capaz de cortar, ilustró una fuente. A lo sumo, evalúan, el oficialismo puede buscar un efecto de amedrentamiento sobre los jueces de los tribunales inferiores que deben resolver en las causas contra Cristina Kirchner.

“Solo importan las causas de Cristina en la Corte y el tribunal está cohesionado. No va favorecer al Gobierno si no corresponde a derecho”, dijo un analista que mira desde afuera la actividad en los tribunales.

Los jueces del máximo tribunal ni siquiera cambiaron opiniones cara a cara entre ellos por la manifestación. Y el acuerdo de la primera semana tras la feria judicial es probable que se realice avanzada la semana.

El hecho de que se hubiera convocado a una contramarcha para dos días después no es visto con buenos ojos en la Corte. Primero porque esperan que, en la comparación, la marcha de apoyo será mucho más reducida que la del oficialismo. Luego, porque es ponerse a la misma altura que aquellos que buscan las renuncias de los jueces. “La contramarcha es un error, no podés pelear en los mismos términos”, evaluó un colaborador de los jueces de la Corte.

Con un ala del sindicalismo entre los convocantes, con el compromiso de Cristina Kirchner y el Gobierno, en la Corte creen que la convocatoria será numerosa y vistosa, al menos porque la manifestación se concentrará en la Plaza Lavalle, frente a los tribunales, que ocupa una manzana y donde, en sus mejores épocas, Juan Carlos Blumberg supo reunir 50.000 personas (90.000 según los organizadores) para reclamar contra la inseguridad.

La movilización oficialista avanzará desde el Obelisco hasta Plaza Lavalle y en la organización están el gremio judicial kirchnerista Sitraju, que encabeza la diputada y consejera de la magistratura Vanesa Siley, el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, organismos de derechos humanos e integrantes del Frente Sindical que lidera Pablo Moyano.

En el seno de la Corte interpretan que el Gobierno no tiene brújula, que suma traspiés en lo económico y que la embestida contra la Justicia es parte de su lucha por la supervivencia. Claro que la convocatoria puede ser simpática para la tropa propia y alimentar el discurso del lawfare, aunque no es tan simpática para los exfuncionarios del kirchnerismo con causas en la Corte. No ya Cristina Kirchner, sino la veintena de exfuncionarios que están procesados o cerca del juicio, que depositan sus últimas esperanzas en el máximo tribunal.

Los voceros judiciales alineados con el discurso del Gobierno son los habituales: la jueza de Casación Ana María Figueroa, el excamarista Eduardo Freiler, los jueces Juan Ramos Padilla y Alberto Lugones, de la lista celeste de la Asociación de Magistrados; la excamarista María Laura Garrigós, actualmente al frente del Servicio Penitenciario Federal, y legisladores como Siley, Moreau o Rodolfo Tailhade.

Un Gobierno de supervivencia tironeado por el FMI y Cristina

El bloque oficialista no es homogéneo de cara la convocatoria. Algunos actores cercanos al Gobierno no se pronunciaron o, directamente, tomaron distancia. Algunos gobernadores peronistas se apuraron a comunicar a quien consiguieron ubicar en la feria judicial de verano que ellos no estaban de acuerdo con la convocatoria.

“Hay mucho más en juego que una marcha contra la Corte: está en juego para dónde termina virando el Gobierno en estos dos años”, expresó un constitucionalista que sigue de cerca el derrotero de la política judicial de Alberto Fernández.