Minutos antes del cierre de la audiencia de ayer en Tribunales, los abogados defensores efectuaron al tribunal un pedido de modificación o cese de la prisión domiciliaria para 17 policías imputados por el delito de sedición. Mañana el tribunal abre el debate con el tratamiento de la prisión preventiva. Definirá si los deja en libertad hasta el dictado de la sentencia.

Luego de un impasse de unos días, ayer se reanudaron las audiencias en tribunales. El defensor Alejandro Giorgio explicó que la presentación se funda en el tiempo transcurrido. “Esta modalidad fue dictada hace más de un año por el doctor Martín Carbonell y prorrogada por Ives Bastián hasta el dictado de la sentencia”.

El 9 de junio del año pasado el juez de garantías, Martín Carbonell, fijó a los imputados la modalidad de prisión domiciliaria. El argumento esgrimido entonces consistió en el peligro de intimidación a testigos y sus efectos negativos en las declaraciones testimoniales posteriores. “Nosotros esperamos que pasen todos los testigos del fiscal, hasta el gobernador -era obvio que nadie podía presionarlo – pero acaba de desistir y el fiscal se quedó sin más pruebas. Entonces dijimos que la causal de detención de 17 de los 18 imputados durante un año y pico se terminó y pedimos el cese de la prisión preventiva total o bien una morigeración, sustituyendo la prisión domiciliaria por alguna reglas mínimas. Por ejemplo, se les da la libertad pero sin acercarse a la jefatura y que no tengan contacto directo con los testigos que falten aunque sean de la defensa”, explicó el letrado.

Fiscalía se opuso con un planteo que en opinión del defensor “es absurdo”: que los propios imputados aprieten a los testigos ofrecidos por la defensa. “Se puede evitar con un compromiso de no hablar con los testigos”. Considera que la observación de fiscalía “no va a prosperar porque están hace mucho tiempo. ¿Y si llegan a salir absueltos? Qué se hace con más de un año –en prisión-. Y si son condenados por un delito menor ya tienen prácticamente cumplida la pena. Es demasiado prolongada”.

La defensa de los policías acusados presentaría alrededor de 10 testigos, más dos o tres declaraciones indagatorias de los imputados.

¿Se debilita la acusación sin el testimonio del Gobernador? “En mi opinión sí. Primero por la trascendencia que tuvo; algunos decían que estaba acongojado, abatido. Y otros que estaba tranquilo, con una frialdad tremenda. Entonces qué mejor que el protagonista para saber qué sintió. Demostró no tener mucho interés. Me parece que quedará la duda a favor nuestro” acerca de “la circunstancia en que se dio el convenio”.

Mencionó que las versiones de los sucesos narrados por Roberto Niez, Héctor D’Ambrós y el obispo Luis Collazuol y “todos aquellos que no tuvieron interés y que fueron convocados por el propio gobernador dieron un punto de vista distinto. En cambio aquellos que tienen un interés particular como el intendente, el vice intendente y el ministro dieron otro. Entonces, quién tenía interés en agrandar los hechos. Es más que evidente que la parte política. En cambio los que fueron convocados como simples ciudadanos dijeron algo que es sensato”. Coincidieron en que fueron convocados a la mesa de negociaciones y que de ningún modo iban a convalidar una maniobra extorsiva contra el gobernador. Desde esa perspectiva, “queríamos escuchar la propia palabra del gobernador sobre qué había pasado”.

El Ministro Bahl, por ejemplo, “se tuvo que retractar en la videoconferencia”. Dijo que los imputados eran todos sumariados. “Puntualmente le pregunté cual de los 18 tiene un sumario administrativo”. El Ministro reconoció que se equivocó. Le preguntó también quién o quiénes de los juzgados eran delincuentes. “Fue un abrupto por radio, una torpeza mía”, le respondió. “Es un contexto político que no critico, pero a quién voy a valorar. A quien fue de buena voluntad a colaborar porque ardía Concordia o a los responsables de que arda Concordia. No por los hechos. Por responsabilidades políticas, falta de decisión”.

El Ministro declaró en su momento que sabía de antemano que el convenio firmado la noche del 9 de diciembre era nulo. En ese sentido, Giorgio apuntó que el agente imputado, José Biderbós, dijo ayer en su declaración indagatoria: “si nos iban a engañar y no tenía validez por qué esperó 36 horas, que haya saqueos y problemas. Por qué no se hizo a los cinco minutos, firmábamos, nos íbamos y al otro día nos metían presos. Por qué esperar incendios y muertes. Por qué tanta lentitud, tanta torpeza a la hora de tomar decisiones”.

A partir de la experiencia del ministro, el defensor considera que ya nadie quiere quedar expuesto a preguntas incómodas.

 

 

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