El Fiscal requirió 12 años por los delitos de abuso sexual y promoción de la prostitución de una adolescente. La querellante se plegó a la misma acusación, pero solicitó 18 años. El Defensor pidió la absolución. En una semana se conoce la sentencia.
La situación judicial del remisero Nelson Gómez no es la óptima. A pesar de haber llegado en libertad, la acusación que pesa sobre este hombre de 37 años es muy delicada. Está imputado de “abuso sexual agravado por acceso carnal, en concurso real con promoción y facilitación de prostitución de menores”. Supuestamente ofrecía sexualmente a una adolescente de 14 años a potenciales clientes mediante un video en su celular.
Tras el inicio del juicio la semana pasada, ayer se realizó la última audiencia antes del veredicto. En una larga jornada, las partes formularon sus fundamentos en los pedidos de sentencia al Tribunal presidido por Arturo Dumón, secundado por Alicia Vivian y Mariano Martínez.
El primero fue el fiscal Lisandro Beherán, que sostuvo la acusación y requirió una pena de 12 años de cárcel. Luego le tocó el turno a la querellante Amelia Angerosa, que adhirió a la formulación de cargos del Ministerio Público, pero solicitó la dura pena de 18 años de prisión.
Tanto la Fiscalía como la querella hicieron hincapié en la credibilidad de los dichos brindados por la menor en Cámara Gesell, la cual surge del informe pericial que realizó la psicóloga Fernanda Beorda una vez que se denunció el caso y que –según información extraoficial- sería contundente.
La defensa del imputado pidió la absolución. La defensa recayó en el Ministerio Público y fue representada por Pablo Ronconi, que consideró que los delitos no fueron probados en la audiencia.
La sentencia se dará a conocer el próximo martes a las 17.
EL CASO
A principios de julio del 2014, una madre desesperada radicó una denuncia porque presentía que su hija de 14 años estaba involucrada en algo que a ella le resultaba sospechoso, porque notó que “un allegado a la familia, padrastro de un compañero de mi sobrina del colegio, venía a casa y cuchicheaba con mi hija, la llamaba aparte, y debido a unas llamadas que quedaron de su número en mi teléfono nos dimos cuenta de que estaba haciendo algo con la nena. Ella no nos quiso decir la verdad”.
A partir de esta denuncia, el Ministerio Público Fiscal, por aquel entonces representado por Guillermo Biré, llevó a la menor a una Cámara Gesell y los resultados obtenidos por la psicóloga judicial, habrían sido contundentes y comprometedores.
Tras conocer que habían radicado una denuncia en su contra, el acusado denunció que tres personas se habían presentado en su domicilio, lo golpearon y le robaron pertenencias. Esto originó una causa e investigación que nunca prosperó. Pero además, al otro día de denunciado este hecho, su pareja realizó una nueva exposición ante la policía de que habían intentado quemar su casa, pero esto corrió la misma suerte que su antecesora: todo quedó en la nada.
Los golpes que recibió por parte de tres supuestos desconocidos, lo obligaron a permanecer unas horas en el Hospital Centenario, de donde se retiró sin la autorización médica y cuando se presentó en la Jefatura Departamental, quedó detenido.
En la requisa que le practicó la Policía se le secuestró su teléfono celular, y por pedido del fiscal Guillermo Biré, el Juzgado de Garantías y Transición Nº 1 de Gualeguaychú, liberó una orden de allanamiento en su domicilio en la zona de Urquiza al Oeste, de donde secuestraron otros dos teléfonos celulares, que estarían estrechamente vinculados con lo investigado. Además, se llevaron de la vivienda que compartía con su pareja dos cámaras fotográficas.
Tras su detención y allanamiento a su domicilio, el Fiscal solicitó 30 días de prisión preventiva mientras realizaba las diligencias para la Investigación Penal Preparatoria, pero el juez de garantías le otorgó 15 días. Luego de ello, el acusado recuperó la libertad hasta la actualidad.
Con el tiempo, y tras la finalización de la última Feria Judicial, Guillermo Biré se convirtió en Juez de Garantías por el alejamiento de Mariano López, y la causa le recayó al coordinador de fiscales Lisandro Beherán, que fue quien representó al Ministerio Público en el debate ante el Tribunal, publicó El Día.
