En la primera jornada de alegatos en el juicio que se le sigue a 18 policías por los sucesos de diciembre de 2013, la Fiscalía solicitó entre 5 y 7 años de prisión para 17 policías acusados de sedición agravada y otros delitos y pidió la absolución del efectivo Esteban Cendra. La Fiscal General Adjunta, Cecilia Goyeneche, describió el 8 de diciembre como “un alzamiento armado, organizado, tumultuoso, hostil, violento”.  

Tras una doble jornada en tribunales concluyeron ayer los alegatos de la fiscalía. La exposición del fiscal Mario Guerrero se prolongó durante 4 horas.

Los policías son juzgados por sedición agravada, delito que figura en el Código Penal en el capítulo que reprime “atentados al orden constitucional y la vida democrática”.

Previo al pedido de las penas, la fiscal general adjunta, Cecilia Goyeneche, manifestó que el Ministerio Público decidió dividir a los imputados en dos grupos según sus roles: principales y accesorios.

“Hay un grupo claramente identificado como el que llevaba la voz cantante, mantenía la atención, eran agresivos y convocaban a los demás”, afirmó la funcionaria. Dijo que estaba integrado por Leandro Coutiño, cabo 1º, Luis Gómez, sargento ayudante; Juan Manuel Rosas, cabo 1º; Federico Diferding, cabo 1º; José María Biderbos, cabo 1º, Juan Pedro Lacuadra, sargento 1º; Daniel Chávez, sargento 1º; Alfredo Horacio Imaz, cabo.

Fiscalía solicitó que se los condene como autores de los delitos de sedición agravada, privación ilegitima de la libertad e instigación pública a cometer delitos y les imponga la pena de 6 años y medio de prisión, más inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo.

Al segundo grupo le atribuye sostener la protesta. “Realizaron aportes individuales, pero que no tuvieron una significación tan importante. Aportes que no fueron estrictamente de liderazgo pero que tuvieron la función esencial de mantener siempre la protesta o el reclamo o la toma de la jefatura durante el tiempo que duró”, acusó.

Según fiscalía, un papel secundario desempeñaron los policías Hugo Fabricio Troncoso, cabo 1º; Romeo Valdez, sargento; Maximiliano Paredes, cabo 1º, Ricardo Paredes, sargento 1º, José Orlando Troncoso, sargento; Luis Alberto Paredes, cabo 1º; Carlos Alcides Rosas, sargento ayudante y Roberto Carlino, cabo. Pidieron que el tribunal los condene a 5 años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación por los delitos de sedición agravada, privación ilegitima de la libertad e instigación pública a cometer delitos.

A Carlos Zaragoza le imputaron un delito adicional. Fiscalía aseguró que acreditó las lesiones infligidas al funcionario Silva. Zaragoza, dijo, “es el único que tiene una jerarquía especial como oficial inspector al momento de los hechos, lo que indica una especial posición no solamente para la sociedad, sino para la faz interna en la fuerza policial. No sólo incumplió deberes respecto de la administración del servicio para la sociedad, también tiene un rol de mando respecto de los suboficiales que lo hacen más responsable”, remarcó Goyeneche. Fiscalía pidió 7 años de prisión. En tanto, solicitaron la absolución de Esteban Cendra.

A modo de persuasión apuntó: “Hemos traído a estas personas a juicio porque entendemos que es hora que haya una reacción judicial frente a esto”.

“Procesos históricos que tendemos a repetir y tendemos a decir ‘ya pasó. Fue en el 2013, hace un año y medio’. Y la historia argentina nos dice que esto puede volver a ocurrir. Y no nos tiene que importar quién sea el gobernador. Obviamente que este juicio tiene un contenido político criminal cierto”, indicó.

Consideró la fiscal adjunta la “gravedad del caso, la circunstancia de tratarse de una fuerza de seguridad y la circunstancia de producirse los dos resultados previstos: privaciones de las funciones de brindar seguridad y la obtención de una concesión por parte del gobierno”.

Trazó un paralelo con el delito de extorsión que prevé una pena de 5 años. “No podemos dejar de atender que ese es un mínimo razonable”, justificó.

Si el autor de la ley, comparó, “se ocupó de sostener que cuando lo hacemos contra una persona o le ponemos el arma en la cabeza a una criatura y le decimos si no me firmas el pagaré disparo. Ahora, si le pongo el arma en la cabeza al poder ejecutivo en una ciudad que está en caos, que está disparando atrincherada en las esquinas para defender sus bienes, ¿no es un arma en la cabeza también? inquirió. ¿Y no se firmó ese pagaré, más allá de lo que haya ocurrido después?”.

Para la configuración del delito de sedición, la toma y el ingreso o egreso de personas “nos pueden tener absolutamente sin cuidado”. “Lo cierto es que todas las oficinas que funcionan en la ciudad de Concordia, la noche del 8 de diciembre de 2013 dejaron de cumplir funciones”, admitió la fiscal.

“Naturalmente y organizadamente hubo diversidad de roles pero con una única finalidad: mantener siempre el nivel de tensión, el nivel de disputa con el poder político para obtener la concesión que se pretendía”, lanzó.

Según la funcionaria, los policías “violentos y pacíficos eran parte de la misma organización. Era necesaria que se mantuviera (la toma) pero de manera controlada. El temor que ellos tenían era que entraran a sacarlos”. Sustentó su tesis en “rumores” de una posible intervención de gendarmería. “Iba a implicar la necesidad de defender sus posiciones e iba a implicar una acción de sangre y fuego”, insistió.

La pregunta sobre la ruptura de la cadena de mando es una “cuestión absolutamente secundaria” en la incidencia del delito de sedición. Con “la foto de la firma con el gobernador, se responde la pregunta. No había cadena de mando”.

“Se trató de un alzamiento armado, organizado, tumultuoso, hostil, violento”, abundó y los mencionó como requisitos que configuran el delito de sedición. Persiguió, sostuvo, “dos finalidades: arrancar una medida o concesión e impedir aunque sea temporalmente el ejercicio de las facultades constitucionales a uno de los poderes del estado”.

Minimizó el debate acerca de la existencia de otras líneas telefónicas en comisarías y la disponibilidad de móviles; “es una discusión que no tiene sentido en relación al tipo penal”.

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