La Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen), que defiende los derechos de los consumidores, primero inició un trámite administrativo en el EPRE que resultó adverso, y después fue a la Justicia.
La ONG planteó una impugnación contra las resoluciones dictadas por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) que, a comienzos de año, derivaron en un incremento de la tarifa eléctrica del orden del 137 por ciento.
La recomposición tarifaria sobrevino luego de dos años seguidos de congelamiento, producto de un acuerdo con la Nación y la merma sustancia de los subsidios, y generó lo esperado: una seguidilla de presentaciones en la Justicia para obligar al Gobierno a retrotraer la situación. Pero aunque hubo fallos en primera instancia favorables a los usuarios, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) terminó convalidando el tarifazo.
La primera presentación contra el aumento de tarifa la hizo la empresa Bioder SA, de Viale, y fue el caso testigo. El camarista Marcelo Baridón había hecho caer el tarifazo y le impuso al Gobierno la obligación de convocar a audiencia antes de aplicar subas en la tarifa. Pero cuando llegó en apelación al STJ, el máximo tribunal confirmó las subas y sentenció que el amparo no es la vía para reclamar por la tarifa eléctrica.
Consciente de esa sentencia adversa, Adecen fue primero con una impugnación administrativa ante el Ente Regulador, con una medida cautelar, que fue rechazada por el organismo de control.
Así fue como en agosto último, Adecen presentó la misma medida cautelar pero en sede judicial. Pide, primero, que se suspenda la aplicación del aumento tarifario, y que después se obligue al Ente Regulador a convocar a audiencia pública, tal como ordena la legislación vigente, antes de aplicar modificaciones tarifarias.
AUDIENCIAS
El trámite llegó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná que integran Hugo González Elías, Gisela Schumacher y Marcelo Baridón. La pretensión de la entidad que nuclear a los consumidores es que se suspendan los incrementos tarifarios que rigen desde principios de año, con efecto retroactivo y con alcance general, es decir, para todos los usuarios residenciales.
De la cautelar solicitada se corrió traslado a la Fiscalía de Estado y al Ente Regulador, y ambos organismos ya respondieron a principios de septiembre. Luego, y antes de dictar sentencia, la Justicia convocó a las partes en litigio a una audiencia, con el fin de alcanzar una conciliación. Esa audiencia se desarrolló el 13 de septiembre. No hubo acuerdo y ahora se aguarda la sentencia judicial.
Se trata de un procedimiento administrativo que, eventualmente, se convertirá en un juicio contencioso administrativo, dentro del cual la cautelar es un subproceso, o un accesorio.
La causa está caratulada “Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) s/Medida Cautelar, y se tramita ante la Sala N° 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El trámite judicial cuenta con el patrocinio del abogado Raúl Omar Muñoz.
Adecen planteó una medida cautelar por la que pidió la suspensión de la aplicación de las resoluciones N° 146/15, 150/15 y 12/16 emitidas por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).
La demanda, dice la presentación, “tiene por objeto cautelar preventivamente los derechos humanos fundamentales que todos los usuarios y la asociaciones de consumidores tienen a la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, a la participación que estos tienen en los organismos de control y a una tarifa justa, razonable y transparente”, tal cual lo manda la Constitución Nacional.
Pero esos derechos, señala el escrito, “hoy día se encuentran grave y notoriamente afectados a raíz del nuevo cuadro tarifario dispuesto por el EPRE a instancias de la distribuidora Enersa”. Y por eso, Adecen pidió a la Justicia “como medida cautelar la suspensión inmediata de los efectos de las resoluciones Nº 146/15, 150/15 y 12/16 emitidas por el Ente Regulador, en tanto que las mismas además de resultar manifiestamente ilegítimas por adolecer vicios y defectos que las invalidan como actos jurídicos, vulneran de manera grave e irreparable derechos humanos fundamentales de los usuarios y consumidores vinculados al acceso al consumo de un servicio tan esencial como lo es el servicio eléctrico”.
INCUMPLIMIENTOS
Adecen no sólo reclama el respeto de derechos consagrados en la Constitución Nacional sino también la aplicación de la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor. Pero también pide que se atienda lo que establece la Ley N° 8916 de Marco Regulatorio Eléctrico, que fija que ninguna modificación tarifaria no puede realizarse sin antes no se convoca a una audiencia pública, informó EL DIARIO.
Al respecto, Adecen advierte que “el procedimiento para la modificación de la tarifa es claro y no admite excepciones de ningún tipo basados en supuestos costos de generación y/o distribución, exigiéndose para activar ese proceso que el pedido de modificación tarifaria se funde únicamente en circunstancias objetivas y justificadas”.
El escrito dice que de acuerdo a lo que fija la ley, todo incremento tarifario en la energía debe transitar antes el camino de la audiencia pública, y que “fue el desconocimiento de estos preceptos los que generaron que a partir del 1° de enero de 2016 la tarifa del servicio eléctrico sufriera excesivos incrementos” a partir de sucesivas normas dictadas por el Ente Regulador que la entidad de defensa de consumidores tilda de “manifiestamente ilegítimas”.
PORCENTAJES
En Entre Ríos, el Ente Regulador puso en vigencia a principios de año el aumento aprobado en la audiencia pública de enero de 2014 en Villaguay, del 19,8 por ciento, pero también la actualización inflacionaria de los dos años de congelamiento, y también el aumento registrado en el mercado mayorista eléctrico. Es decir a aquel 19,8 por ciento se le sumó un 37 por ciento y un 43 por ciento, más otro 57 por ciento. Así, entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, la tarifa se incrementó un 137 por ciento.
