El 19 de febrero el Juez Federal Pablo Seró resolvió iniciar un proceso por el delito penal de Entorpecimiento del normal funcionamiento del Transporte Terrestre a Horacio Miguel De Carli, Facundo Scattone Moulins, Bernardo Zalisñak, Francisco Domingo Larocca y César Aristides Pibernus.

 

Estos entrerrianos “ayudaron a desviar a la banquina a cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica cuyo fin era localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay”, recordaron a AIM desde la Asamblea Ambiental Ciudadana de Concepción del Uruguay, quienes recordaron que estas acciones se deben al compromiso de la gente “con la vida actual y de las futuras generaciones”.

Según detallaron a AIM desde la asamblea, “también en la resolución el Juez Seró, decreta la falta de mérito para procesarles o sobreseerles por el delito de atentado a la autoridad y dispone embargo de bienes”.

No obstante, “desde el Foro Regional contra el Fracking integrado por asambleístas y ciudadanos de ambas orillas del Río Uruguay nos solidarizamos con nuestros compañeros y confirmamos su accionar responsable y comprometido con la vida actual y la vida de las futuras generaciones”.

Con respecto al caso por el que han sido procesados, los ambientalistas entrerrianos recordaron a AIM que “en agosto del año pasado junto a muchos otros compañeros y vecinos, ayudaron a desviar a la banquina a cuatro camiones que transportaban 4 equipos para exploración sísmica cuyo fin era localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay”.

Advirtieron que tomaron esta medida ya que “el paso siguiente a la exploración es el comienzo de la extracción de gas y petróleo por el peligroso método de fractura hidráulica o fracking que contaminará sin ninguna duda el Acuífero Guaraní que compartimos con el Uruguay, Paraguay y Brasil”.

Por ello, “el accionar de los ahora procesados está legitimado ya que trataban de impedir un mal mayor e irreversible”, aclararon y destacaron que “previendo este avance extractivista, los Concejos Deliberantes de 27 localidades entrerrianas y las Juntas Departamentales de Paysandú y Tacuarembó en el Uruguay prohibieron la explotación por fracking en sus respectivas jurisdicciones”.

Los cuatro carretones de la compañía de Transportes “Don Pedro” de Hurlingham, Buenos Aires, llevaban cuatro camiones de gran porte utilizados por la realización de estudios geofísicos a fin de detectar la presencia de elementos que permita avizorar la posibilidad de utilizar la técnica de fractura hidráulica para obtener petróleo y gas.

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