Seis policías fueron condenados a ocho años de prisión por secuestrar y torturar con picana eléctrica a dos adolescentes de 14 y 15 años en la Jefatura Departamental de Rosario del Tala; mientras que otro recibió una pena de dos años de prisión condicional; y otros dos fueron absueltos por el tribunal de Concepción del Uruguay.
Los policías Marcelo José Milezzi, Ludmila Natalí Soto, Héctor Leopoldo Mori, Claudio Marcelo Monroy, Gustavo Daniel Fornerón y Neri Andrés Magallán fueron condenados a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos como autores de los delitos de torturas, privación ilegitima de la libertad y vejámenes de dos jóvenes. Por el momento, no irán a prisión.
En tanto, Pablo Leoncio Segovia, entonces jefe de Investigaciones de la departamental, también fue condenado por torturas, privación ilegitima de la libertad y vejámenes por omisión funcional, pero recibió una pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación especial por cuatro años para ejercer cargos públicos; y deberá cumplir con ciertas reglas de conducta durante tres años.
Otros dos policías fueron absueltos: Walter Flores y Rodrigo Vidal.
Así lo resolvió el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, integrado por Fabián López Moras, Mariano Martínez y Alberto Seró. Los fundamentos del fallo se conocerán el 2 de septiembre próximo.
Los hechos ocurrieron en julio de 2012. Dos jóvenes fueron chupados por policías, llevados a un descampado, sometidos a un simulacro de fusilamiento y luego, uno de ellos, torturado con una picana eléctrica, como en tiempos de la dictadura militar.
De acuerdo con la denuncia de los adolescentes, en una primera detención, una de las víctimas estaba en un descampado trabajando con una motosierra haciendo leña cuando se acercó un auto con tres policías vestidos de civil y, sin más explicaciones, le dijeron que quedaba detenido. Durante el viaje, los agentes detuvieron el auto, bajaron a su presa y simularon dispararle en la cabeza. Luego siguieron hasta la comisaría, donde había un compañero. Los acusaban de robar elementos de una escuela.
Allí recibieron golpes de puño, patadas y quemaduras de cigarrillos. Después de eso, fueron liberados.
Hubo una segunda detención en la casa en donde vivían los adolescentes, ahora para someterlos a un careo con un tercer joven sospechado por el mismo hecho. Esa noche los policías los llevaron hasta el Arroyo de Tala a punta de pistola y a los golpes y la terminaron la faena con el uso de la picana.
En una tercera detención, las víctimas fueron llevadas al basurero municipal y obligadas a pararse como en un paredón de fusilamiento mientras los policías gatillaban sus armas.
El hecho fue inmediatamente desmentido por el subjefe de la Policía de Entre Ríos, Juan Ramón Rosatelli, quien dijo en medios locales que “está casi establecido que es mentira”. Ese mismo día, el 20 de julio, en otro medio, el subjefe de la Departamental de Policía de Tala, comisario inspector Darío Dettler, indicó que “según la información recabada en la investigación administrativa, el hecho de tortura denunciado por los menores no existió”. El Gobierno, por su parte, hizo silencio.
Lo cierto es que el informe psicológico practicado a las víctimas desmintió las bravatas policiales. La pericia determinó que no se constató en su discurso “incoherencia, perseveración, ecolalias (repetición involuntaria de una palabra o frase), pararrespuestas (no correspondencia con la pregunta), pérdida de la capacidad asociativa, fuga de ideas y bloqueo del pensamiento”, entre otras observaciones. Tampoco se encontraron elementos de “delirio”, “alucinaciones” o “alteración de la memoria inmediata, reciente o remota” en el relato que hicieron los menores de los hechos.
La causa siguió adelante con el empuje de Rubén Pagliotto e Iván Vernengo como patrocinantes de las víctimas. Tras años después, los policías fueron condenados.
