El proyecto dispone que Smaldone, quien llegó al cargo sin pasar el concurso, siga al frente del TdC. De esa manera, sus amigos, como el ministro Mauro Urribarri o el secretario del Senado, Juan Pablo Aguilera, pueden seguir sin control alguno
A través de un proyecto de ley, el titular de la Cámara de Diputados provincial, Sergio Urribarri (FpV-Concordia), y el presidente del bloque de diputados provinciales del oficialismo, Juan José Bahillo (Gualeguaychú) proponen reglamentar el Tribunal de Cuentas de la provincia. La iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo constituya el Jurado de Concurso, se incorporen los “Vocales parlamentarios” por la mayoría y minoría de la Cámara de Diputados. Pero además, el texto propone que se confirme la designación del actual presidente del organismo, el ex ministro de Trabajo de la anterior gestión provincial, Guillermo Smaldone, quien llegó al cargo sin atravesar un concurso previo como manda la Constitución.
La designación de Smaldone, que tuvo acuerdo del Senado en la anterior composición legislativa, está judicializada desde hace más de un año por una presentación realizada por el ex legislador Juan Carlos Arralde, y sobre la que aún no se expresó la Justicia provincial.
Según recordaron los legisladores en un comunicado, la reforma constitucional de 2008 introdujo en la Carta Magna una sección especial dedicada a los “Órganos Autónomos de Control”, en la cual los artículos 213, 214 y 217 refieren al Tribunal de Cuentas.
En este sentido, el proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri; y por el presidente del bloque de diputados provinciales del oficialismo, Juan José Bahillo; “reglamenta los nuevos parámetros constitucionales y los armoniza con las previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (Ley 5796)”, dice el comunicado.
Según se adelantó, “esta iniciativa viene a satisfacer la demanda de legisladores de la oposición y el oficialismo; al reglamentar el principal órgano de control externo de la administración pública entrerriana, y ofrecer a la sociedad una propuesta superadora de la actual, en lo que hace al fortalecimiento del Tribunal de Cuentas como órgano controlador del Estado; respetando los lineamientos trazados por los constituyentes de 2008, cuando la Convención Constituyente debatiera el diseño, los contornos, la naturaleza, extensión y funciones del TCER”.
Además, añade que “con este proyecto de ley se reglamenta la nueva Constitución Provincial; se incorpora a la minoría; se reglamenta el concurso para cubrir las vacantes; y se confirma en su cargo a Smaldone como Presidente del Tribunal de Cuentas”.
Principales puntos de la reglamentación
El proyecto de ley presentado dispone “que el Presidente y los dos Vocales permanentes serán elegidos por intermedio del Jurado de Concursos que a tal efecto se implemente, mientras que los dos Vocales transitorios, representantes de los legisladores deberán ineludiblemente tener título de abogado o contador”, se explicó.
“Asimismo, por la naturaleza esencialmente política de la representación que invisten estos últimos, se ha establecido que podrán ser removidos por la mayoría de la Cámara de Diputados, o por la minoría, según sea el sector político que representen”, añadieron los diputados en el comunicado.
Además, “teniendo en cuenta que el Presidente del Tribunal debe ser abogado, se ha establecido que la subrogación legal le corresponde a un vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo”.
“Para la designación de los Fiscales se ha seguido el texto de la nueva Constitución, disponiendo que tiene que haber igual número de abogados y contadores, los que serán designados por el Poder Ejecutivo, luego de un concurso que se realizará al efecto, exigiéndoseles los mismos requisitos que para ser Vocal del organismo. La designación de sus Secretarios Letrado y Contable será una atribución del Tribunal de Cuentas, pero luego de un concurso de antecedentes y oposición”, añadieron.
Seguidamente, marcaron que “por otro lado, se han introducido en el texto legislativo los cargos de Secretario letrado y Secretario contable adjunto, que en la práctica existen hace tiempo en el Tribunal de Cuentas mediante Acordada del mismo”.
“También, y a los fines de dotar a los Vocales con representación parlamentaria, de personal que sea de su confianza y que se encuentre efectivamente bajo su dirección se los ha facultado para que, sin intervención de los demás miembros del organismo, cada uno de ellos pueda designar un Secretario, y dos Profesionales para que los asistan con la particularidad que la labor de éstos en el organismo finalizará inexorablemente cuando termine el mandato del Vocal que los designó”, explicaron.
Y prosiguieron: “Asimismo, se ha mantenido la división de la competencia para el control en tres Vocalías a cargo de los miembros permanentes del Tribunal, y se dota a los Vocales con representación parlamentaria de la facultad de realizar una suerte de “control del control”, ya que ellos pueden tener injerencia en todo lo que es competencia de las tres Vocalías permanentes, sugerir cursos de acción, solicitar informes y medidas para profundizar una investigación, etc. Todo esto sin perjuicio de las facultades que tienen como miembros naturales del H. Cuerpo”.
En esa línea, marcaron: “Se ha mantenido el régimen de remisión al jurado de enjuiciamiento para los miembros permanentes del H. Cuerpo sin perjuicio de que, atento a que el texto constitucional no distingue, también pueda ser denunciado ante ese organismo constitucional un Vocal transitorio. En relación con éstos, si se considerase que hay mal desempeño, el Tribunal podrá efectuar la comunicación, que deberá ser fundada, a la Cámara de Diputados”.
“Además, se ratifica la designación del Presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, efectuada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado mediante decreto 1112/2014, confirmando al Dr. Guillermo Smaldone en el citado cargo”, añadieron, respecto del ex ministro de la última gestión urribarrista.
“Finalmente, se incorpora un artículo específico ordenando al Poder Ejecutivo que constituya, en un plazo de 30 días, el Jurado de Concurso previsto en el artículo 217 de la Constitución Provincial para cubrir las vacantes de los miembros estables del Tribunal y sus fiscales que se produzcan en el futuro. No pudiendo exceder los 90 días para finalizar la selección de los candidatos”, concluyeron.
