Antonio Tusanotte es integrante de Nueva Concordia, espacio que lidera Eduardo Asueta y que compitió en las internas del peronismo por la intendencia de la ciudad.
En una columna de opinión enviada a El Entre Ríos, critica duramente la política municipal de viviendas y lo que sucede con los terrenos que son ocupados y luego reclamados, dejando en la calle a quienes construyeron sus casas allí.
La columna completa: “Hacer negocios con la pobreza y la desplanificación”
La falta de suelo para habitar, la pobreza estructural, los jornales de supervivencia y des-planificación municipal están dando lugar a una vulgar forma de hacer negocios en Concordia.
Terrenos bajos, marginales, zonificados como suelo rural, con escasísimo valor económico suelen ser víctima de asentamientos de emergencia. Vecinos que crecen, trabajan sin capacidad de ahorro en la fruta o en la construcción, forman familias y no tienen ingresos para adquirir suelo urbano.
La política municipal para resolver estas situaciones es nula. Por esa razón incontrastable concordia está llena de asentamientos irregulares en plena y caótica expansión.
Los vecinos comienzan por casillas de madera y techos de lija, y con los años, trabajando los fines de semana, van levantando, ladrillo por ladrillo, pared por pared, su casa de materiales con su techo de chapa.
Una vez que invirtieron, aparece el propietario e inicia una acción de usurpación y/o insta directamente la acción de desalojo. La justica funciona correctamente y ordena el desalojo.
Con la orden de desalojo en la mano el propietario insta a los vecinos a abonarle el terreno en «cómodas e interminables cuotas».
El abogado hace lo propio requiriéndole el pago de sus honorarios también en «cómodas e interminables cuotas».
Todo ello, a pesar de que en el municipio rige una ordenanza que prohíbe los loteos sin obras de servicios, y la comercialización de suelo sin loteos aprobados.
El negocio entonces consiste en dejar que los vecinos inviertan en sus viviendas de materiales, y luego, con la orden de desalojo en la mano, extorsionan a los vecinos a abonar dinero bajo a apercibimiento de desalojo y pérdida de todo lo invertido.
El dinero que abonan es en concepto de nada, porque el propietario no puede vender ni los vecinos comprar. Simplemente abonan para frenar el desalojo, y les otorgan recibos simples a través de sus magníficos abogados.
Además les cobran los gastos del abogado.
Y además los propietarios inician pedidos de loteo y mensura para lograr un loteo por excepción.
El costo de estos trámites también los pagan los vecinos, siempre bajo la extorsión del desalojo, y en cómodas e interminables cuotas.
Por último, los propietarios solicitan al municipio que les autorice un loteo por excepción, con el pretexto de descomprimir «políticamente» la situación. Ahora sí el municipio se hace parte del problema (negocio), y de ese modo los propietarios transforman suelo rural, marginal y de baja calidad, por suelo urbano, loteado sin servicios, y con compradores compelidos a pagar cualquier precio bajo la extorsión de perder lo edificado con tanto esfuerzo.
La diferencia entre el valor del suelo rural y el suelo urbano, loteado y edificado es colosal.
Así es como la des-planificación municipal le conviene a unos pocos en detrimento de la ciudad y la comunidad de concordienses que la componemos, con miles de familia sin capacidad de ahorro, barrios llenos de merenderos como «solución», sin ordenamiento dominial, sin servicios, con un crecimiento caótico de la mancha urbana, y un hilo de esperanza que es lo último que nos queda.
Fuente: El Entre Ríos
