El Gobierno avanzó con la delegación de corredores a San Juan y prepara un acuerdo similar con Catamarca. En paralelo, la Justicia ordenó reparar rutas en Santa Fe y una investigación puso la lupa sobre más de $1 billón del SisVial que no llegó a obras.
El estado de las rutas nacionales abrió un nuevo frente para el Gobierno de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada avanza con convenios para que las provincias asuman el financiamiento y mantenimiento de corredores nacionales, un fallo judicial ordenó al Estado reparar de urgencia tres rutas en Santa Fe. A esto se sumó una investigación que reveló una fuerte subejecución de los recursos recaudados específicamente para obras viales.
El último paso en la estrategia oficial se produjo este lunes 10, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, un convenio por el cual la provincia asumirá la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales.
Según se supo, San Juan quedará a cargo del financiamiento, conservación, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además del Nudo Vial de las rutas 40 y A014. El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años, aunque los corredores seguirán formando parte de la Red Vial Nacional.
El esquema forma parte de una política más amplia del Ejecutivo para trasladar a las provincias responsabilidades sobre rutas que continúan bajo jurisdicción nacional. El Gobierno ya aplicó un esquema similar con Santa Fe sobre la Ruta Nacional A012 y ahora busca extenderlo a otras provincias. La intención oficial es que los distritos puedan financiar obras, completar trabajos pendientes, ocuparse del mantenimiento o recurrir a concesiones privadas.
Un fallo puso un límite a la retirada de Nación
En paralelo al avance de los convenios, la Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó al Estado nacional la reparación inmediata de las rutas 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en Santa Fe. El juez Aurelio Antonio Cuello Murúa consideró probado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento.
El expediente muestra que incluso la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido la necesidad de una intervención urgente sobre la Ruta 33. Allí se detectaron grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos. Una obra adjudicada para intervenir el corredor comenzó parcialmente, pero quedó paralizada porque no se autorizaron las partidas presupuestarias necesarias para continuarla.
También se detectaron incumplimientos en las rutas 7 y 8, concesionadas a Corredores Viales. En el caso de la Ruta 8, Vialidad había labrado 55 actas por incumplimientos contractuales. El fallo sostuvo que el cambio de concesionarias o la distribución interna de competencias no permiten que la Nación se desentienda de garantizar la seguridad y transitabilidad de los corredores.
La resolución introduce así una tensión con el proceso de descentralización impulsado por el Ejecutivo. Aunque las provincias o empresas privadas puedan asumir la ejecución de los trabajos, la responsabilidad estatal sobre las rutas nacionales no desaparece automáticamente con el cambio de administrador.
A este escenario se agregó una investigación del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, basada en balances contables, informes de cuenta y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública. Según el trabajo, durante los primeros dos años y medio de la gestión de Milei el Gobierno recaudó $1,5 billones mediante el Sistema Vial Integrado, SisVial, pero ejecutó aproximadamente una cuarta parte en obras viales.
El SisVial recibe una porción del impuesto a los combustibles líquidos y tiene como destino específico el financiamiento de la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial. De los $1.503.252 millones recaudados, se ejecutaron $394.406 millones. La subejecución acumulada, según la investigación, alcanzó el 73,8%.
Al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones estaban inmovilizados en una cuenta corriente. En total, la investigación calculó $1.038.779 millones que no habían sido aplicados a obras.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció posteriormente que una parte de los recursos es administrada por el Ministerio de Economía dentro de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal. “Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía”, explicó, aunque señaló que no podía precisar cuánto correspondía a cada destino.
Los tres movimientos colocan a la política vial del Gobierno bajo presión desde distintos frentes. La Casa Rosada busca reducir su participación directa y transferir tareas a gobernadores y privados, pero al mismo tiempo la Justicia acaba de remarcar la responsabilidad nacional sobre la seguridad de los corredores y aparecen cuestionamientos sobre el nivel de ejecución de recursos que tienen un destino vial específico.
El desafío para el Ejecutivo será sostener su política de equilibrio fiscal y descentralización mientras crecen los reclamos por el deterioro de las rutas. El debate ya no pasa solamente por quién realiza las obras, sino también por quién las paga y hasta dónde puede avanzar el gobierno nacional en la transferencia de responsabilidades sobre una red que continúa bajo jurisdicción federal.
