La prórroga de la emergencia energética le permite al Ministerio de Economía demorar la modificación del esquema de segmentación de subsidios implementado por el gobierno de Alberto Fernández. En materia tarifaria no se esperan cambios sustanciales este año ya que el objetivo principal del gobierno es bajar la inflación y estabilizar la macroeconomía. Los entes reguladores seguirán intervenidos al menos un año más.
El Gobierno nacional prorrogó este lunes la emergencia del sector energético hasta el 9 de julio de 2026, en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural. También prorrogó hasta la misma fecha la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y el período de transición hacia subsidios focalizados.
Según lo dispuesto por el Decreto 370/25 que firmó el presidente Javier Milei y los once ministros de su gabinete, la prorroga de la emergencia energética le permite al Ministerio de Economía demorar la modificación del esquema de segmentación de subsidios implementado por el gobierno de Alberto Fernández.
En materia tarifaria no se esperan cambios sustanciales este año ya que el objetivo principal del gobierno es bajar la inflación y estabilizar la macroeconomía. En ese contexto, se definió recientemente en la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) un incremento cercano al 15% para las distribuidoras que se aplicará en 30 cuotas mensuales por sobre la inflación.
Régimen de subsidios
La norma publicada este lunes en el Boletín Oficial prorroga los alcances de le Emergencia Energética declarada por el Decreto 55 del 16 de diciembre de 2023 y prorrogada por el Decreto 1023 del 19 de noviembre de 2024, ratifica la potestad de la Secretaría de Energía de continuar con la reestructuración del régimen de subsidios a la energía.
En los fundamentos de la decisión, el Ejecutivo resalta “los principios de gradualidad, progresividad, previsibilidad y transparencia que deben regir el proceso de reducción de los subsidios y la adecuación de las tarifas que pagan los usuarios residenciales, que aún está pendiente la simplificación y mejora de los criterios de focalización de los beneficiarios”, a tono con lo señalado oportunamente por un fallo de la Corte Suprema de la Nación.
Además, plantea que “la anticipación y progresividad con que se deben resolver y comunicar las acciones de gobierno, en relación con la política energética en general y tarifaria y de subsidios en particular, está relacionada con el deliberado fin de dar a los usuarios previsibilidad, en cuanto a la programación económica individual y familiar, y certeza en relación con los procesos”. Es así que el Gobierno promueve el paso gradual de un régimen generalizado de subsidios que comprende un universo de casi 10 millones de hogares a un esquema focalizado.
El gobierno había avanzado en la reestructuración de los subsidios energéticos a través del Decreto 465/2024 que inicialmente iba de junio a noviembre de 2024 y fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2025. En ese proceso de focalización se identificaron 1.590.964 hogares que, estando categorizados en el Nivel 2 (bajos ingresos), recibían subsidios que no habían solicitado. Además, se detectaron 370.008 solicitudes de inscripción con titulares fallecidos. Esta depuración permitió que 666.269 usuarios de electricidad y 306.409 de gas natural pasaran a otras categorías.
Servicios de gas y electricidad
La prórroga de la emergencia busca consolidar las reformas estructurales necesarias. Si bien el segmento de altos ingresos (Nivel 1) cubre cerca del 100% del costo monómico del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), los niveles 2 y 3 aún muestran una cobertura insuficiente (29,97% y 45,68% respectivamente en abril de 2025).
La Secretaría de Energía está implementando un programa de acciones esenciales para garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio, incluyendo reformas normativas y ajustes para reconstituir el régimen económico y recaudatorio del MEM. Se destaca el «Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos del período 2024/2026» y la convocatoria para sistemas de almacenamiento de energía («Almacenamiento Alma GBA») para mejorar la confiabilidad del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el segmento de gas natural, el decreto subraya que, a pesar del significativo aumento en la cobertura del costo de abastecimiento del gas para la demanda prioritaria (del 18,7% en enero de 2024 al 74,5% en marzo de 2025), el precio facturado aún no refleja plenamente los costos reales. Sin embargo, se destaca la reanudación de las exportaciones de gas natural en firme a países vecinos y el avance de proyectos clave, como el tercer proyecto adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que prevé la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde 2027.
La declaración de Interés Público Nacional de la iniciativa privada para el incremento de la capacidad de transporte de gas natural en la Ruta Tratayén – Litoral Argentino (Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno) es otra muestra del compromiso con la expansión de la infraestructura gasífera para potenciar las exportaciones.
El decreto también repasa la desregulación del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), eliminando los «Precios Máximos de Referencia» para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas, buscando que los precios de los productores se ajusten a la paridad de exportación. Ene se nuevo esquema se reestructuró la ayuda que, hasta el presente, se ha dado a través del Programa Hogares con Garrafas (Hogar).
En cuanto a los biocombustibles, se establecieron nuevos precios mínimos de adquisición para el bioetanol y el biodiésel, con el fin de dar previsibilidad a la cadena productiva, garantizar el suministro y respaldar la competitividad de los productores locales.
Fuente: Econojournal