El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años y tres meses de prisión por intentar dar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022, según dictaminó la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), que ahora deberá fijar la pena de cárcel.
Por cuatro votos a uno, cinco jueces sentenciaron al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para mantenerse en el poder tras perder las elecciones frente a Lula.
El voto definitivo fue emitido por Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala y antiguo abogado de Lula. Zanin destacó que “las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, y con ello se consolidó la mayoría de cuatro a uno que condenó a Bolsonaro y a otras siete personas, entre los que se incluyen exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.
La acusación principal de la Procuraduría General de la República apunta a que Bolsonaro buscó impedir la investidura de Lula da Silva y coordinó acciones con la cúpula militar.
A su vez, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino respaldaron la condena, mientras que Luiz Fux votó en contra, cuestionando la validez del proceso y argumentando que las pruebas presentadas no demostraban más allá de toda duda razonable la participación de Bolsonaro en la conspiración. Fux sostuvo además que el Supremo solo puede juzgar a un exmandatario por delitos cometidos durante su mandato, lo que según él no se cumplía en este caso.
Colaboradores y exfuncionarios también fueron sentenciados
El tribunal también incluyó en la condena a varios colaboradores y exfuncionarios clave de Bolsonaro. Entre ellos se encuentran: Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN); Almir Garnier, excomandante de la Marina, con 24 años de prisión; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, también con 24 años; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional, con 21 años; Mauro Cid, exasesor presidencial y denunciante del intento de golpe; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, con 19 años; y Walter Souza Braga Netto, exjefe del Estado Mayor, con 26 años de prisión. Estas condenas reflejan la magnitud de la red de funcionarios y colaboradores que, según la Fiscalía, participaron en la planificación y ejecución del golpe.
La trama golpista, según la acusación del Ministerio Público, se desarrolló en varias fases y comenzó mucho antes de los comicios de 2022. Bolsonaro lideró una campaña sistemática para desacreditar a las instituciones democráticas y al sistema electoral, con el objetivo de debilitar la confianza pública y preparar el terreno para un posible levantamiento.
Tras la victoria de Lula en octubre de 2022, la conspiración escaló a hechos concretos: protestas masivas, campamentos frente a cuarteles del Ejército y atentados frustrados por la Policía, donde miles de seguidores exigían la intervención militar para impedir la toma de posesión del nuevo mandatario.
El 1 de enero de 2023, Lula asumió la presidencia de forma oficial, pero apenas una semana después, miles de activistas de ultraderecha se movilizaron desde uno de los campamentos en Brasilia para asaltar violentamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema, un hecho que conmocionó al país y al mundo entero.
Según la Fiscalía, este ataque fue el corolario de un plan golpista dirigido personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de perpetuarse en el poder y establecer lo que describen como una dictadura en Brasil, dejando una marca indeleble en la historia democrática del país.