El gobierno finalmente oficializó el plan de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) con la publicación este martes del decreto 695 en el Boletín Oficial. La única modificación respecto del anticipo publicado por EconoJournal el 13 de septiembre es la eliminación de un artículo que obligaba a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a transferirle a la Secretaría de Energía las acciones que controla en la empresa previo al inicio de la licitación.
La norma, ahora de ocho artículos, establece que se pondrá a la venta en bloque un 44% de NA-SA mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% restante se les otorgará a los trabajadores a través de la organización de un Programa de Propiedad Participada. De este modo, el Estado Nacional conservará el control de este activo estratégico, que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida ya generó rechazo en el sector nuclear y algunos especialistas advirtieron sobre las dificultades para concretar esa venta.
Los cambios
El artículo 2 incorpora un párrafo que no estaba en la versión a la que había accedido este medio donde se afirma que el cincuenta y un por ciento (51 %) del paquete accionario NA-SA “quedará en poder del Estado Nacional –Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica-, manteniendo el Estado Nacional la participación mayoritaria en el capital social”.
El 79% de las acciones de NA-SA están actualmente en poder del Ministerio de Economía, otro 20% lo tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% restante pertenece a Enarsa. En el borrador que publicó EconoJournal decía que antes de avanzar con la venta la CNEA debía transferirle su 20% a la Secretaría de Energía de la Nación y lo mismo le exigía a Enarsa con el 1% que tiene en su poder. Además, instruía a NA.SA, conducida por Demián Reidel, a transferir en el plazo de 60 días el 0,01% del capital accionario de Enarsa.
De todo eso, lo que cambio es la obligación de CNEA de transferir su 20% ya que se eliminó el artículo que lo ordenaba. El anticipo de este medio había puesto en alerta a las autoridades de la CNEA, pues si la Comisión transfería el 20% de NA-SA iba a perder en el directorio de la empresa que actualmente ocupa el presidente de la CNEA. Germán Guido Lavalle, que es vicepresidente de la empresa generadora. De hecho, EconoJournal publicó la versión de que se estaba evaluando eliminar esa exigencia.
El borrador del decreto al que había accedido EconoJournal obligaba a CNEA a transferir sus acciones en NA-SA antes de avanzar con la privatización.
La reacción de CNEA y el cambio introducido fue lo que demoró la publicación de la norma que había sido confirmada por la Secretaría de Energía a través de un comunicado el 16 de septiembre.
El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que Economía dictará las normas operativas y complementarias para concretar la venta, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que conduce Diego Martín Chaher, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien llegó al Estado con el mandato explícito de impulsar procesos de privatización, reestructuración y reorganización de empresas estatales.
La potencia instalada de las tres centrales nucleares que controla NA-SA es de 1763 MW, un 4,1% de la potencia bruta total instalada en el país a diciembre de 2024. No obstante, el año pasado el porcentaje de energía generada por NA-SA trepó al 7,35% del total aportado al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI). Eso se explica por el factor de capacidad. Las centrales nucleares suelen funcionar de manera más constante y con menos paradas que otras tecnologías, como las centrales hidráulicas, que están sujetas al caudal de los ríos, o las renovables, que dependen del viento y el sol.
Fuente: Econojournal