La asociación civil Entre Ríos Sin Corrupción presentó una denuncia formal ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina.
El documento solicita el juicio político y la destitución de la magistrada basándose en presunto «mal desempeño» de sus funciones.
Si bien no es la primera presentación contra Medina, puesto que días atrás hizo lo propio el docente Eugenio Jacquemain, histórico dirigente de la agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Gualeguaychú, el pedido de juicio político de Entre Ríos Sin Corrupción aporta nuevos motivos para solicitar la destitución de la Vocal del STJ.
“Luego de analizar la información pública, que pudimos obtener desde nuestra ONG, hemos decidido adherir al pedido de Juicio Político contra la Vocal del STJ Susana Medina de Rizzo. No solo hemos ampliado los fundamentos y pruebas respecto de las causales ya presentadas, sino que hemos presentado otros tres motivos que consideramos acreditados e importantes. La Comisión de Juicio Político deberá evaluar y tomar la decisión si avanza o no con las presentaciones”, explicaron desde Entre Ríos Sin Corrupción al diario El Entre Ríos.
En el escrito se incluyen cuatro argumentos principales: 1) el presunto abuso del sistema de licencias que resultó en una mora crónica en la Sala 3 del Trabajo; 2) la supuesta alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes durante su presidencia; 3) la presunta aceptación de contribuciones de un contratista y litigante judicial (Banco de Entre Ríos) a una ONG que ella preside; y, 4) el supuesto abuso de autoridad al prohibir infundadamente el acceso al edificio de tribunales a miembros de la asociación denunciante.
El texto incluye tablas estadísticas y presenta evidencias –varias imágenes- para respaldar las acusaciones de ineficiencia y conflicto de intereses.
Las categorías principales de «mal desempeño» atribuidas a la Vocal Susana Medina en la denuncia presentada por la asociación civil «ENTRE RÍOS SIN CORRUPCIÓN» se detallan en el apartado de «Hechos» del documento y son:
1. “Abuso del sistema de licencias y abandono de funciones que perjudicó la función judicial”
• Se acusa a la Vocal Medina de tomar un número extraordinario de días de licencias (especialmente por «capacitación»), incluyendo 53 días en 2019 y 58 días informados públicamente en 2024, superando ampliamente el máximo reglamentario de 20 días. A esos 58 se suman aproximadamente 36 días más de ausencia por “otros motivos”.
• Se sostiene que esta práctica constituye una falta ética básica, ya que implicó la priorización de actividades ajenas a sus deberes en el Poder Judicial de Entre Ríos.
• El abuso de licencias resultó –según la ONG- en un abandono de sus funciones propias y causó una mora crónica en la Sala N.3 del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). Las estadísticas judiciales muestran que esta sala ha tenido altísimos índices de demora en la tramitación de causas, observándose un índice de morosidad en lo Laboral que llegó al 90% en 2024.
• Además, se señala que la Vocal pudo haber incurrido en perjurio, dado que el Reglamento de Licencias requiere que, para las licencias por capacitación, se declare bajo juramento estar al día con el despacho de las causas, requisito que difícilmente se pudo cumplir debido a la morosidad creciente.
2. Alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes del STJER durante su gestión como presidente (2022/2023)
• Entre Ríos Sin Corrupción denuncia presuntas irregularidades en el proceso de desinsaculación de vocales subrogantes legales para integrar el STJER.
• Al revisar el registro de subrogancias, surgieron –señala la ONG- «evidentes desprolijidades, omisiones de registro e incluso alteraciones en el orden de designaciones de vocales», lo cual afecta la garantía fundamental del juez natural.
• Se mencionan ejemplos específicos de omisiones de designaciones, falta de indicación de datos esenciales como la fecha del sorteo, e alteraciones en la secuencia de desinsaculación.
• Esta situación demuestra –según Entre Ríos Sin Corrupción- “una ineficacia funcional grave y una preocupante opacidad en la gestión administrativa elemental que ocurrió durante la presidencia de Medina”.
3. Aceptación o gestión de “contribuciones” a favor de una ONG que preside la vocal, entregadas por un justiciable y contratista del STJER
• Se alega que la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), presidida por Susana Medina, habría recibido fondos de auspicios o contribuciones (sponsoreos) por parte del Banco de Entre Ríos (BERSA) o el Grupo Petersen al que pertenece, o fundaciones vinculadas.
• La recepción de estos aportes implicaría una grave inconducta desde la ética judicial y un claro conflicto de intereses, debido a que el BERSA es un contratista del Poder Judicial de Entre Ríos, un litigante habitual en el fuero Laboral (Sala 3, presidida por Medina), y actúa como agente financiero del poder judicial.
• Se señala que, de confirmarse, estas acciones significarían un desempeño alejado de la integridad, imparcialidad e independencia requeridas.
4. Haber ordenado “infundadamente la prohibición de acceso al edificio de tribunales de un grupo de personas integrantes de la ONG denunciante
• Se denuncia un abuso de autoridad configurado durante el ejercicio de la superintendencia en la Presidencia de Medina.
• Se resolvió unilateralmente y sin razón justificable –denuncia Entre Ríos Sin Corrupción- prohibir el acceso a los edificios judiciales a una serie de ciudadanos, incluyendo miembros de la ONG denunciante.
• La prohibición se basó en supuestos incidentes ocurridos en junio de 2022, pero se aplicó a personas que no estuvieron presentes en el edificio durante esos disturbios y que asistieron pacíficamente a una audiencia pública.
• La decisión, apoyada por el Pleno del STJER (Acuerdo General N. 19/22), fue tomada –señala la ONG- basándose en información falsa, constituyendo una medida de disciplinamiento desproporcionada que afectó el derecho a la defensa de los ciudadanos y la labor de la organización civil en el seguimiento de causas de corrupción.
Fuente: El Entre Ríos