La Municipalidad de Concordia tenía hacia fines de 1987, al término de la primera gestión de la recuperada democracia a cargo de Jorge Busti, un total de 1.050 empleados. Tuvo la misma dotación al terminar la gestión de su sucesor, Elvio Bordet, a fines de 1991, a pesar de que los cimientos de la estructura económica de la ciudad habían terminado de colapsar en el ínterin.
El consumo de energía muestra a Concordia en estado preindustrial
Un informe publicado años atrás en Redes de Noticias daba cuenta de que en 1975, Concordia tuvo un «pico» de desocupación del 6,2%, y durante el resto de la década el índice estuvo por debajo del 3,5%.
Para 1980, la desocupación era del 1,3%, aunque la estadística no muestra cuáles eran los niveles de actividad de la ciudad, pero está claro que ese fue el punto de inflexión en la historia económica local.
En mayo de 1985 se dejó de relevar la desocupación en Concordia, cuando el índice era de 13,6, un 8,6% superior a la medición anterior. Cuando se retomó la medición diez años después, en mayo de 1995, la tasa era del 16,6% y en la medición siguiente -en octubre- del 20,6%, al tope de la tabla nacional.
La respuesta a aquel desafío fue creer que con la cosecha se podía suplir toda la actividad anterior. Como no alcanzó vinieron los Planes de Emergencia Laboral y los sucesivos parches.
El cuadro siguiente muestra a una ciudad con la tasa de actividad entre las más bajas del país y, según las propias entidades representativas, un 70% de la población económicamente activa vinculada a la actividad zafrera.
Cuando Jorge Busti regresó a la intendencia en 1991, Concordia vivía los efectos de una multicausal hecatombe económica: en los 70, el mundo había dado un giro copernicano en la vinculación comercial abandonando la búsqueda de aquel «estado de bienestar» al que solo algunas naciones accedieron. Los efectos de ese giro llegaron al país de diversas formas y la ola se sintió a nivel local principalmente con el cierre del frigorífico Cap Yuquerí que entre marzo – mayo de 1982 terminó de despedir a los últimos 2500 empleados que le quedaban. Pero toda la industria menor que antes ocupaba mano de obra y parte del comercio sintieron el impacto de aquella globalización abrupta con dólar atrasado y apertura sin salvaguardas.
En este contexto aquella ocupación plena de 1980 (la tasa de desocupación del 1,3%) se explicaba con una represa de Salto Grande que en su construcción ocupaba a unas 5000 personas de manera directa y que dio por finalizada su etapa civil el 27 de mayo de 1983.
Con el final de la década y la hiperinflación real como contexto y argumento, el país asistía a la aplicación de una dosis por parte del gobierno peronista de Carlos Menem de las recetas liberales procedentes del «Consenso de Washington» que entre otros efectos provocaba el cierre de la administración central y los talleres del Ferrocarril Urquiza en Concordia que se llevaría puestos otros 5000 empleos según las estimaciones de los representantes gremiales de la época.
Paralelamente, para el cierre de la segunda intendencia de Jorge Busti en 1995, la dotación de personal de la Municipalidad de Concordia ya se había duplicado. Y aunque la modalidad de contratados no se había popularizado para la época, ya empezaba a crecer el concepto «Servicios No Personales» en las planillas de caja escondiendo la vinculación con el Estado a través de la presentación de facturas.
El tema empezó a tener peso en la discusión pública y para comienzos de los 2000 aparecen las primeras auto restricciones a la incorporación de personal y se empezó a publicar en línea el listado de personal. Sin embargo, quedaron establecidos los atajos mediante las diversas alternativas de contratos a término renovables o la vinculación mediante presentación de facturas.
Desde entonces ha habido diversas profesiones de fe de los gobiernos sucesivos acerca de que la planta de personal no crece y de que los cargos se cubren por concurso. A pesar de ello, la información disponible dice que en 2016 se dispuso el congelamiento de ingresos con una planta de 2.525 empleados, que bajó en 2017 a 2.335 y que a fines de 2023 había 3090. La última cifra incluye a los «contratados con y sin aportes» y las dos primeras no lo especifican.
En este punto viene bien recordar el texto del Artículo 42 de la Constitución de la provincia que garantiza la estabilidad del empleo público: «Ningún empleado de la Provincia, de las municipalidades o las comunas con más de un año consecutivo de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, sus aptitudes física y mental, y su contracción eficiente para la función encomendada, a excepción de aquellos para cuyo nombramiento o cesantía se haya previsto, por esta Constitución o por las leyes respectivas, normas especiales».
Sobre esta base, no sorprende que todo discurso haya tenido especial cuidado en el sostén del empleo público, casi como una verdad de perogrullo.
El constituyente se ocupó de prever que el empleado público no sea pieza de cambio de los vaivenes políticos, pero el paso del tiempo convirtió esta garantía en una prerrogativa que lo puso en un pie de superioridad respecto de sus pares del sector privado que están sujetos a los vaivenes económicos o financieros, en muchas ocasiones originados en decisiones del mismo poder político. Pero además convirtió al Estado en rehén de las decisiones de gobierno que intentaron reparar las propias decisiones de gobierno y cuando el Estado es hecho cautivo de políticas irremediables, es el sector privado el que paga indefinidamente las facturas de esas determinaciones y es el conjunto de la sociedad, incluidos los empleados públicos, el que a la larga sufre las consecuencias de un desarrollo lastrado por el peso de decisiones que privilegiaron el electoralismo y el cortoplacismo.
Guillermo Pérez
Redes de Noticias
