Una investigación judicial impulsada por la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrul derivó en una serie de allanamientos simultáneos en busca de pruebas relacionadas con la supuesta existencia de una estructura organizada para la descarga, acopio y utilización presuntamente irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Los hechos investigados habrían ocurrido en diciembre de 2025.
Los procedimientos judiciales alcanzaron al menos tres inmuebles y permitieron secuestrar una cantidad significativa de alimentos, teléfonos celulares y anotaciones.
Los allanamientos se realizaron en la ciudad de Paraná e involucraron a una propiedad ubicada en inmediaciones del numeral 2300 de calle Facundo; otro en la intersección de Virgen de Luján y Los Talas (esta propiedad estaría vinculada a Rosana Mabel Toso, concejal de Paraná e integra el bloque Juntos por Entre Ríos); y un tercero en Ceferino Namuncurá y Cortada 620. En todos los casos, según reveló el sitio Análisis Digital, se secuestraron alimentos pertenecientes al Estado provincial y material de interés para la causa.
En la lista de productos incautados figuran leche en polvo, aceite, harina, fideos, polenta, cacao, mermelada, dulce de leche, lentejas, arroz, yerba, puré de tomate, azúcar y galletitas. La investigación apuntaría a determinar si tales alimentos fueron desviados de los canales oficiales de reparto para ser usufructuados por “el funcionariado provincial y, en su caso, por algunos empleados contratados por el oficialismo en la Cámara de Diputados”, indicó Análisis.
Entre los allanados fueron identificados Gabriel Jeremías Duré, una persona de apellido Larrea y Plácido Jesús Ledesma, entre otros. El grado de responsabilidad de cada uno será determinado por la Justicia.
La investigación habría incorporado además una denuncia acompañada por un video que registra cómo un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos descarga mercadería en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”.
La fundación mencionada es impulsada por el actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza.
Lo que investiga la Justicia provincial es si hubo una apropiación de bienes públicos destinados a la emergencia social para instrumentalizarlos con objetivos ajenos a su finalidad de bien público.
Tal maniobra, en caso de probarse que efectivamente ocurrió, requirió el uso de camiones oficiales, descargas en distintos locales y acopio de mercadería.
“La causa también investiga si parte de la mercadería fue comercializada o utilizada como moneda de intercambio. Pero incluso sin confirmarse esa hipótesis, el solo hecho del desvío ya configura una violación grave del interés público”, informó Análisis.
Las explicaciones del Ministerio de Desarrollo Humano
La ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, dieron explicaciones.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano descalificaron el informe del medio periodístico, por entender que “contiene afirmaciones inexactas”.
“En primer lugar –dijeron desde el área conducida por Berisso-, es importante contextualizar que la política alimentaria desarrollada por este Ministerio se ejecutó en el marco de la Ley de Emergencia, vigente al momento de los hechos mencionados, lo que habilitó mecanismos excepcionales para garantizar el acceso urgente a alimentos a las familias entrerrianas en situación de vulnerabilidad”.
“Durante los primeros años de gestión del actual gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Humano acompañó de manera equitativa a todo el territorio de la provincia, sin distinciones políticas ni territoriales, atendiendo los pedidos formales realizados por municipios, comunas, juntas de gobierno, comedores y organizaciones sociales debidamente relevadas. A modo ilustrativo, previo a esta gestión, algunas localidades recibían aproximadamente 200 módulos alimentarios una vez al año, salvo en casos de emergencia climática puntual”.
Respecto a consultas específicas que le realizó Análisis, la ministra Verónica Berisso, respondió:
1) Remisión de alimentos a la Fundación Hacemos Argentina. “El Ministerio no tiene como práctica habitual la remisión directa de alimentos a personas físicas ni a funcionarios. La asistencia alimentaria se canaliza hacia comedores comunitarios, organizaciones sociales y dispositivos territoriales, que son los responsables de la administración y distribución final, conforme a la normativa vigente y a los pedidos formales presentados”.
2) Control del destino de la mercadería. “El control ministerial se ejerce sobre la autorización, entrega y registro de la mercadería, mientras que la logística y distribución territorial es responsabilidad de cada comedor u organización receptora. Se realizan rendiciones, relevamientos y controles administrativos para evitar superposición de esfuerzos, teniendo en cuenta que la operatoria en contextos de emergencia presenta complejidades logísticas que requieren articulación territorial”.
3) Consideraciones éticas. “Este Ministerio considera que la asistencia alimentaria debe estar siempre orientada a garantizar derechos y no a beneficiar intereses personales. En ningún caso se autoriza la entrega de alimentos para uso particular. La recepción y administración de mercadería en el marco de comedores u organizaciones sociales responde a una función social y comunitaria, no individual”.
4) Domicilios allanados. El Ministerio no mantiene vínculo institucional directo con domicilios particulares. La asistencia se canaliza exclusivamente a través de dispositivos comunitarios y organizaciones previamente identificadas. Cualquier investigación judicial en curso deberá determinar responsabilidades individuales, las cuales no pueden ni deben ser anticipadas ni generalizadas a partir de políticas públicas legítimas desarrolladas en el marco de la ley”.
Por último, el comunicado expresa: “Este Ministerio se encuentra a total disposición de la Justicia y de los organismos de control para aportar toda la documentación necesaria que acredite la legalidad, trazabilidad y finalidad social de cada entrega realizada”.
La respuesta de Emanuel Gaiza
Por su parte, el secretario de Modernización. Emanuel Gainza, también respondió a la publicación de Análisis. A través de un comunicado, expresó:
“En primer lugar, desde febrero de 2024 no integro más el directorio ni la conducción de la Fundación Hacemos Argentina. Tomé esa decisión justamente para abocarme de manera exclusiva a mi función como Secretario de Modernización y para evitar que mi rol en el gobierno provincial pudiera interferir, condicionar o ser utilizado para poner en duda el trabajo social que la Fundación viene realizando desde hace más de siete años”.
“La Fundación Hacemos Argentina desarrolla tareas sociales sostenidas y transparentes. En su sede funciona una cocina industrial donde se elaboran viandas que se destinan a comedores comunitarios y puntos de apoyo escolar, espacios en los que además se implementan programas de alfabetización y acompañamiento educativo. Todo ese trabajo es llevado adelante por voluntarios y equipos territoriales, cuyo compromiso queda injustamente afectado por las insinuaciones vertidas en la nota”.
“Respecto de los alimentos mencionados, es importante aclarar que cada pedido se realiza de manera formal, con expedientes, autorizaciones y controles del Estado, del mismo modo que ocurre con decenas de asociaciones civiles y ONGs que articulan con los gobiernos nacional, provincial o municipal en políticas de asistencia social. No existe ningún tipo de discrecionalidad ni manejo irregular”.
“El video al que se hace referencia no tiene nada de irregular ni ´incómodo´, ya que muestra una situación completamente normal: la entrega de mercadería formalmente solicitada y aprobada, realizada en una zona de carga y descarga por un camión que se contrata para esa tarea y que no pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Esa operatoria es habitual, transparente y trazable desde el comienzo de la solicitud a la entrega de la mercadería”.
“Lamento profundamente que, a partir de una lectura incorrecta, se termine desprestigiando el trabajo solidario de cientos de personas que durante todo el año y de manera sostenida sostienen estas acciones; más teniendo en cuenta que estamos lejos de cualquier disputa electoral. En ese sentido, considero justo que se publique una corrección, al menos en lo referido a la Fundación Hacemos Argentina y a su accionar, para no seguir dañando injustamente su labor”.
Fuente: Análisis
