El Poder Ejecutivo ingresó en la Cámara de Senadores un proyecto que propone la modificación de la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas de Entre Ríos, dictada en 1979 durante la última dictadura militar. La reforma combina modernización real, con respuestas a restricciones fiscales y aumento de la flexibilidad y discrecionalidad.
La ley actual fue sancionada en 1979, bajo un esquema administrativo de fuerte centralización en el Poder Ejecutivo, con predominio formal de la licitación pública pero con un amplio margen de excepciones y escasos mecanismos modernos de transparencia.
Si bien el régimen contempla herramientas para contextos inflacionarios —como la redeterminación de precios—, su diseño no responde a las dinámicas actuales de gestión, especialmente en materia de mantenimiento de infraestructura.
El alcance del proyecto va más allá de una actualización y presenta un cambio estructural por el que parte de la obra pública deja de ser “obra pública”. En la modificación del artículo 1º el proyecto habilita que trabajos de mantenimiento, reparación y refacción, por debajo de ciertos montos, puedan tramitar bajo el régimen de contratación de bienes y servicios, en lugar del régimen de obra pública.
También se incorporan: acuerdos marco, sistema de “coeficiente de impacto” y exclusión de intervenciones bajo esquemas de responsabilidad social empresaria.
Este punto redefine el sistema ya que una parte significativa de las intervenciones estatales en infraestructura podría salir del régimen más exigente en materia de controles, con menos requisitos formales, mayor velocidad y menor carga administrativa. Aunque en términos institucionales implica menor trazabilidad y mayor margen de decisión administrativa.
Establece también nuevos sistemas de contratación como mantenimiento permanente.
La reforma del artículo 10º introduce modalidades que cambian la lógica de la obra pública: con los contratos de mantenimiento y conservación (tipo CReMa), sistema abierto, sin cantidades fijas de obra y combinaciones de sistemas con la posibilidad de crear nuevos mecanismos vía reglamentación.
Eso implica pasar de un esquema basado en obras puntuales a otro orientado a contratos continuos de intervención sobre infraestructura que permite mayor previsibilidad operativa y
continuidad en el mantenimiento pero introduce una dificultad: la falta de cantidades predeterminadas complica el control ex ante y la evaluación de costos.
Determina también más flexibilidad para intervenir sobre inmuebles. La modificación del artículo 4º amplía los supuestos en los que el Estado puede ejecutar obras porque ya no será necesario que el inmueble sea de propiedad estatal y bastará con que exista posesión, tenencia
servidumbre o derecho de uso.
Esto facilita la ejecución de políticas públicas en convenios con municipios, articulaciones interjurisdiccionales y esquemas de cooperación, pero también reduce una barrera jurídica que funcionaba como límite estructural a la intervención estatal.
Excepciones a la licitación
El artículo 12º mantiene la licitación pública como regla, pero actualiza y ordena sus excepciones. Entre los puntos más relevantes fija como tope del 40% para ampliaciones o trabajos adicionales, incorpora el financiamiento internacional y mantiene la causales clásicas de urgencia, especialidad técnica o falta de oferentes.
Estas prácticas eran habituales en la contratación de obra pública y no hay una expansión drástica de excepciones, pero sí una consolidación que implica que el sistema sigue descansando en la discrecionalidad para apartarse de la licitación pública.
Pagos, intereses y orden fiscal
La modificación del artículo 57º introduce reglas más estrictas para el plazo de pago de certificados: 60 días, con mora automática y regulación de intereses, prohibición de capitalización y limitaciones si hubo negociación.
Este punto refleja el objetivo de ordenar el impacto financiero de la obra pública sobre las cuentas del Estado.
Fuente: Redes de Noticias
