En la cuenta regresiva para la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno decidió apagar el incendio con nafta. Lejos de buscar paños fríos, el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez agitó las redes sociales con burlas y acusaciones. La artillería virtual estuvo respaldada por una sugestiva foto de trabajo que el funcionario difundió junto a la ministra Sandra Pettovello, exhibiendo una unidad de mando en la cartera.
La cumbre entre ambos sirvió para delinear el nuevo contragolpe oficial. Tras el encuentro, el Ministerio de Capital Humano anunció la creación de una página web específica para que cualquier ciudadano audite el destino de los fondos educativos. La jugada libertaria busca “puentear” al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exponer los números concretos del sistema.
Pettovello defendió la embestida y rechazó las denuncias de las universidades como «persecución ideológica». “Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública», aseguró la ministra en la previa de la movilización. En esa línea, remarcó que el objetivo de la Casa Rosada es garantizar un «gasto eficiente» y transparentar una inversión financiada por los contribuyentes.
Pero el debate presupuestario quedó rápidamente eclipsado por las provocaciones de Álvarez. Fiel a su estilo confrontativo, el subsecretario reposteó mensajes que se burlaban del lenguaje inclusivo («les negres») en los textos de la Universidad de Lanús. También avaló publicaciones de terceros que acusaban a las facultades de encubrir a «rectores presos o procesados por malversación».
Sumado a la pelea twittera, la dupla libertaria apuntó directo a la caja de los hospitales educativos. El Gobierno anticipó que en los próximos días convocará a un grupo selecto de rectores. El objetivo de esa reunión será desarmar el actual esquema de reparto de fondos de salud y terminar con lo que consideran una distribución «absolutamente discrecional».
La ley «abstracta» y el inminente choque en la calle
Además de las provocaciones digitales, el oficialismo desactivó discursivamente el principal motor de la protesta. Álvarez dijo que la Ley de Financiamiento es inaplicable. “No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto», marcó el subsecretario de Políticas Universitarias.
El funcionario apuntó contra supuestas falencias técnicas de la ley vetada por Javier Milei. Explicó que la norma prometía aumentos salariales del 50 por ciento, pero incumplía la Ley de Administración Financiera.
Marcha universitaria
Con este clima completamente incendiario, la comunidad educativa marchará este martes hacia la Plaza de Mayo. Desde el Gobierno le restaron peso y legitimidad al reclamo de los docentes y estudiantes, a los que se sumó la CGT. Álvarez señaló que ciertos sectores buscan «cambiar el eje de la discusión» y advirtió que la protesta estará “copada” por la dirigencia opositora.
Mientras el asfalto porteño se prepara para otra jornada de tensión extrema, la pulseada de fondo se traslada a los tribunales. El Ministerio de Capital Humano celebró la reciente decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que habilitó la vía extraordinaria para que esta disputa millonaria termine siendo resuelta por la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: Perfil
