La decisión del gobierno argentino de avanzar con modificaciones en el régimen de practicaje encendió una señal de alerta en el vecino país y abrió un nuevo frente de conflicto en el Río de la Plata y en el Río Uruguay.
El gobierno de Javier Milei pretende desregular el practicaje en los ríos de La Plata y Uruguay con el propósito de bajar los costos operativos para poder competir con los puertos uruguayos.
En embarcaciones diseñadas para enfrentar cualquier tipo de marejada, los prácticos se suben a bordo de barcos que arriban a un puerto para asesorar a sus capitanes sobre la mejor forma de ingresar a los mismos evitando peligros.
Por ejemplo, el Río de la Plata se caracteriza por su baja profundidad -con excepción del canal de acceso al puerto de Montevideo y zonas portuarias-, bajos fondos y una enorme cantidad de barcos hundidos. Esa dificultad genera que el practicaje sea una actividad obligatoria.
“La medida del gobierno de Milei, que ya está en una etapa final, impacta en el comercio exterior uruguayo y en la seguridad en la navegación de los ríos donde ambos países tienen jurisdicción: Río de la Plata y Río Uruguay”, publicó el diario El País de Montevideo.
La decisión argentina generó que la Corporación de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico enviara el 24 de abril de este año una nota a la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), donde advirtió que la medida argentina causaría perjuicios a la seguridad marítima, generaría asimetrías regulatorias y provocaría impactos negativos en el comercio exterior de Uruguay.
También recordó que los canales de acceso a los puertos argentinos son también la vía natural de navegación hacia los puertos del litoral uruguayo, por lo que cualquier modificación unilateral de su regulación podría tener consecuencias directas sobre la seguridad y la operativa del comercio marítimo regional. Es decir, el argumento central de la Corporación de Prácticos es que Argentina está legislando de forma unilateral sobre aguas de uso común, lo que viola el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo firmado en 1973.
Según informó el diario El País de Montevideo, el lunes 4, los elevados precios del practicaje en Uruguay generaron cuestionamientos del Centro de Navegación (Cennave), que nuclea a empresas marítimas, durante una reunión de una comisión interinstitucional que incluye delegados del Poder Ejecutivo. Los prácticos habían solicitado un incremento de sus tarifas en un 17%. Ante las quejas del Cennave, el gobierno fijó el aumento en un 10%.
Problema
Una alerta sobre la decisión argentina de desregular la actividad de practicaje fue realizada el 27 de abril de este año por el docente e investigador de la Escuela de Negocios IEMM de la Universidad de Montevideo (UM), Leonardo Veiga, en su cuenta de X.
“Argentina parte de un diagnóstico fuerte (sobre la labor de los prácticos): el régimen tendría costos altos, poca competencia efectiva, restricciones de entrada, servicios conexos caros y capacidad de bloquear la operación portuaria. El objetivo declarado (por el gobierno de Milei) es reducir costos logísticos”, afirmó Veiga.
Los cambios que se manejan en Argentina incluyen un registro abierto de prácticos; libre contratación; tarifas máximas; publicación de precios; apertura del transporte de prácticos; revisión de exenciones y cambios en la formación.
En su tuit, Veiga puso el foco en un problema central en la actividad de los prácticos: la “contratación” de las embarcaciones que transportan al experto hasta el barco o su relevo.
“Un vicio posible (en la actividad) es atar servicios. No alcanza con contratar el practicaje. También tenés que contratar esta lancha, este traslado o este servicio asociado. Si el servicio conexo no está abierto y controlado, el sobrecosto sigue”, advierte el docente de la Universidad de Montevideo.
Y agrega: “Uruguay también debe hacerse preguntas incómodas: ¿cuántos prácticos se necesitan por zona? ¿quién decide las vacantes? ¿cómo se integran los tribunales? ¿puede el usuario elegir? ¿las tarifas son máximas o fijas?”.
Por su parte el Centro de Navegación cuestiona que el servicio “sea obligatorio y monopólico”, lo que permite que algunos prácticos perciban “ingresos mensuales elevados”, lo que “resta competitividad” al puerto de Montevideo.
En tanto, el expresidente de la Asociación de Derecho Marítimo, Alejandro Sciarra, afirmó el lunes 4 a el diario El País de Montevideo. que si bien las normas no establecen formalmente un monopolio, en la práctica el número reducido de licencias y la concentración de los prácticos en asociaciones específicas genera una situación de exclusividad funcional.
De este modo, dijo Sciarra, los buques que arriban a los puertos uruguayos carecen de una alternativa real: deben recurrir a los prácticos asociados y aceptar las tarifas vigentes, sin posibilidad de elección.
