
Acorralado tras 20 días de bloqueos y protestas violentas en La Paz, el ministro Oscar Mario Justiniano lanzó un llamado desesperado al diálogo para este domingo. «Meses de campo terminan arruinados por días de corte», advirtió el funcionario, mientras el desabastecimiento asfixia al país.
Con el centro de La Paz convertido en un campo de batalla y las rutas estranguladas por los piquetes, el Gobierno boliviano movió una nueva ficha para intentar desactivar la bomba social.
Presionado por tres semanas de protestas ininterrumpidas, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó una convocatoria de urgencia dirigida exclusivamente a la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos. La cita oficial quedó fijada para este domingo a las 9 de la mañana, en un intento contrarreloj por sentar a los líderes de la protesta en una mesa de negociación y frenar un desabastecimiento que ya es crítico.
El encargado de oficializar este llamado fue el titular de la cartera productiva, Oscar Mario Justiniano, quien buscó bajarle el tono a la confrontación en las calles. «Reiteramos nuestra plena predisposición al diálogo, pero uno que sea sincero y honesto con todos los sectores movilizados», aseguró el funcionario. En su mensaje, el ministro remarcó que los canales de comunicación nunca se cortaron y defendió la postura del presidente Rodrigo Paz. «El compromiso del mandatario es encontrar espacios de acercamiento; él mismo participó de innumerables reuniones para dar viabilidad a las necesidades concretas», subrayó.
Más allá del formalismo político, Justiniano apeló a su propia trayectoria para graficar el daño colateral que sufren las economías regionales por el aislamiento. Con un tono personal y directo, el ministro se dirigió a las bases movilizadas: «Como productor, sé cuánto se sufre. Nuestros hermanos en el campo lo saben. Meses de trabajo terminan arruinados por días de bloqueo». Bajo esa premisa, insistió en que el encuentro entre el gabinete y los campesinos debe dar frutos reales para solucionar problemas «legítimos» y superar un conflicto que ahoga la producción nacional.
Lo que comenzó hace tres semanas como un reclamo sindical contra el brutal aumento del costo de vida, mutó este viernes en una guerra abierta para derrocar al Ejecutivo. Miles de manifestantes tomaron las calles y transformaron los alrededores del Palacio de Gobierno en un verdadero campo de batalla, dejando en claro que no aceptarán términos medios ni mesas de diálogo.
Una inmensa columna de mineros, docentes y campesinos bajó desde la ciudad de El Alto con el objetivo de terminar el Gobierno. Al toparse con el muro de “policías antimotines” que blindaba la Plaza Murillo, la tensión voló por los aires. Las piedras y los petardos llovieron sobre los uniformados, quienes respondieron con ráfagas de gas que obligaron a los comerciantes a bajar las persianas con pánico y a los transeúntes a escapar del fuego cruzado al grito unánime de «¡Que renuncie, carajo!».
Más allá de los choques, el impacto del conflicto se siente de lleno en el abastecimiento. A lo largo del país, medio centenar de piquetes cortaron la cadena logística, lo que generó complicaciones para conseguir alimentos básicos y provocó fuertes aumentos en los precios. La situación más delicada se da en el sistema sanitario: la dificultad para trasladar oxígeno medicinal y fármacos a través de las rutas bloqueadas derivó en una crisis de atención que, según reportes oficiales, ya le costó la vida a cuatro pacientes que no pudieron llegar a los centros médicos.
La protesta también afectó infraestructuras clave, como el aeropuerto de El Alto, donde distintas agrupaciones vecinales bloquearon el acceso de manera temporal. Los manifestantes justificaron la medida al denunciar que las autoridades utilizaban la vía aérea para ingresar material antidisturbios. Aunque el paso se despejó a media tarde, la acción dejó en evidencia la capacidad logística de los sectores sindicales y políticos afines a Evo Morales para sostener el aislamiento de la capital y presionar al Ejecutivo.
Frente a este escenario complejo, el presidente Rodrigo Paz buscó abrir una instancia de diálogo para calmar la calle. «La Patria está por encima de toda ideología», dijo el mandatario en un mensaje oficial, en el que pidió priorizar el bienestar colectivo por sobre cualquier posicionamiento político. Sin embargo, su decisión de descartar la declaración de un estado de excepción y sus reiterados llamados a la pacificación todavía no lograron desactivar las movilizaciones, que mantienen firme su exigencia de un cambio de gobierno. El lunes 18, se registraron 120 detenidos y decenas de heridos.
El líder en la clandestinidad y una economía rota
La fractura institucional se profundizó aún más con el contundente mensaje de Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). Con un pedido de captura sobre sus espaldas por los delitos de terrorismo e instigación a la violencia tras los destrozos del fin de semana, el líder sindical difundió un video desde la clandestinidad. Lejos de bajar las armas, cruzó con dureza al jefe de Estado, calificó su discurso como una «provocación» y repudió que el Gobierno tilde de «vándalos» a los dirigentes sociales.
Este ida y vuelta político se alimenta de un desorden financiero que la actual gestión no logró frenar. En apenas un semestre de mandato, el país acumuló una inflación interanual del 14% en abril, un índice que revivió los peores fantasmas de las crisis de la década de 1980. Las demandas originales por salarios dignos y provisión de combustibles quedaron rápidamente sepultadas bajo el peso de una maquinaria política que vio la oportunidad perfecta para recuperar el terreno perdido en las urnas.
Acorralado entre los números rojos de la economía y el fuego en las calles, el presidente intenta ganar tiempo con parches. La promesa de armar un gabinete con mayor «capacidad de escucha» se tradujo, por ahora, en el simple nombramiento de un nuevo ministro de Trabajo. Un movimiento que resulta minúsculo frente al tamaño del desafío: sobrevivir a la turbulencia de un pueblo que no da margen de error.