El Gobierno de Entre Ríos oficializó la continuidad del Programa Provincial “Poder Popular” para el ejercicio 2026, una iniciativa destinada a financiar proyectos de organizaciones sociales, cooperativas y grupos asociativos de toda la provincia.
La medida fue instrumentada mediante el Decreto Nº 1770/2026, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y prevé una inversión total de 550 millones de pesos, según se publicó hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.
La decisión implica la renovación de una política pública que se encuentra vigente desde hace más de una década y que fue creada originalmente en 2013. Desde entonces, el programa fue prorrogado de manera sucesiva por distintas administraciones provinciales, consolidándose como una herramienta de asistencia económica destinada al fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil.
Continuidad de una política iniciada en 2013
El decreto establece que “Poder Popular” continuará durante 2026 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Turismo y Política Social.
En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo sostiene que el objetivo del programa es brindar respuestas inclusivas a las organizaciones sociales mediante el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, reconociendo el trabajo solidario y comunitario que desarrollan en los distintos territorios de la provincia.
La iniciativa apunta a respaldar proyectos vinculados con la capacitación, la gestión institucional, la adquisición de equipamiento y la mejora de infraestructura, buscando potenciar el rol que estas entidades cumplen como articuladoras de políticas sociales junto al Estado.
Cómo se distribuirán los fondos
El presupuesto aprobado asciende a 550 millones de pesos, distribuidos en dos grandes partidas presupuestarias.
La mayor inversión estará destinada a gastos de capital, con un total de 300 millones de pesos, recursos que financiarán principalmente la compra de equipamiento, herramientas, bienes durables y obras de infraestructura.
En tanto, otros 250 millones de pesos serán destinados a gastos corrientes, vinculados al funcionamiento de los proyectos, capacitaciones, contratación de servicios y otras acciones contempladas por el programa.
Dos líneas de financiamiento
El decreto establece dos modalidades de apoyo económico con diferentes destinatarios y montos máximos.
1) Fortalecimiento de organizaciones
La primera línea está orientada al fortalecimiento de las actividades que desarrollan organizaciones sociales formalmente constituidas, cooperativas y grupos asociativos.
Los proyectos podrán incluir: adquisición de equipamiento; compra de bienes durables; capacitaciones; contratación de servicios e iniciativas con impacto comunitario destinadas a resolver problemáticas locales o fortalecer el trabajo territorial.
Cada proyecto podrá recibir un financiamiento de hasta 3.100.000 pesos.
2) Mejoramiento de espacios físicos
La segunda línea está destinada exclusivamente a organizaciones sociales formalmente constituidas, quedando excluidas las cooperativas.
En este caso, los recursos podrán utilizarse para: construcción de nuevos espacios; ampliaciones; refacciones y mejoras edilicias.
Los inmuebles deberán ser propios o encontrarse bajo contrato de comodato con una vigencia mínima de cinco años, requisito que busca garantizar la permanencia de las inversiones públicas.
Para esta modalidad, el financiamiento podrá alcanzar 6.800.000 pesos por proyecto.
La selección de los proyectos
El decreto al que accedió ANÁLISIS deja en claro que la responsabilidad sobre la evaluación y selección de las propuestas recaerá exclusivamente en la Dirección de Turismo y Política Social.
Ese organismo deberá verificar que cada iniciativa cumpla con todos los requisitos establecidos por el programa y que los beneficiarios acrediten la documentación correspondiente antes de acceder al financiamiento. Además, será responsable del control sobre la correcta utilización de los recursos y del cumplimiento de los plazos previstos.
Administración de los recursos
La norma también faculta a la ministra de Desarrollo Humano para aprobar los proyectos seleccionados y autorizar los desembolsos mediante resoluciones ministeriales.
Cada transferencia deberá ser posteriormente rendida ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo encargado del control del gasto público.
Asimismo, la Dirección General Administrativa Contable tendrá a su cargo la emisión de las órdenes de pago y las solicitudes de fondos ante la Tesorería General.
Una política que trasciende gobiernos
Uno de los aspectos destacados del decreto es que el Gobierno provincial decidió mantener un programa creado hace trece años, durante otra gestión política.
El texto recuerda que “Poder Popular” fue aprobado inicialmente mediante el Decreto 443/2013, ampliado ese mismo año y prorrogado de forma ininterrumpida desde 2020 hasta la actualidad. De este modo, la administración encabezada por Rogelio Frigerio vuelve a ratificar la continuidad de una herramienta de financiamiento destinada a organizaciones comunitarias, clubes, asociaciones civiles y cooperativas que desarrollan actividades sociales en distintos puntos de Entre Ríos.
Un esquema orientado al fortalecimiento comunitario
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el programa busca consolidar el trabajo de las organizaciones que desarrollan tareas sociales, culturales y comunitarias en los barrios y localidades entrerrianas.
El financiamiento permitirá tanto mejorar la infraestructura de las instituciones como fortalecer su capacidad de gestión, incorporando equipamiento, capacitaciones y herramientas que potencien el alcance de sus actividades.
Con una inversión prevista de 550 millones de pesos, el Gobierno apuesta a sostener durante 2026 uno de los principales programas provinciales de apoyo económico al entramado de organizaciones de la sociedad civil, un sector que históricamente cumple un rol complementario en la implementación de políticas públicas de inclusión y desarrollo comunitario.
