El Gobierno cedió ante la presión de los bloques aliados y se alzó este miércoles con el dictamen de comisión del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal, sancionado en diciembre del año pasado, tras modificar un artículo clave de la propuesta que afecta a los funcionarios del Estado.
El proyecto de inocencia fiscal II contó con el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Provincias Unidas -en disidencia- que le permitieron al oficialismo obtener un despacho de mayoría con 44 firmas en el marco de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal.
La intención del oficialismo es tratar la propuesta en una sesión que será convocada para la última semana de agosto, posiblemente el 26. Para avanzar con el proyecto impulsado desde la Casa Rosada, La Libertad Avanza acordó con los aliados excluir de forma «total e incondicional» a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal.
De esta manera, los representantes de los tres poderes del Estado podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente. Sin embargo, estarán impedidos de acceder al beneficio de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.
La prohibición abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante
«Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día.» resaltó la oficialista Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión de Legislación Penal.
La ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal había generado algunas tensiones entre el oficialismo y los aliados, que recordaron el escándalo del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se acogió al régimen simplificado de Ganancias habilitado para funcionarios para justificar sus ingresos.
Los aliados advirtieron que el nuevo esquema podría convertirse en un «blanqueo permanente» y favorecer a personas con responsabilidades públicas.
Con esta modificación, los funcionarios tampoco podrán acceder al beneficio de la “discrepancia relevante”, que es cuando la diferencia entre lo declarado y lo detectado por el ARCA supere el 15% del impuesto declarado y, además, alcance el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria, hoy unos $5 millones.
La nueva versión de Inocencia Fiscal elimina los requisitos que limitaban el acceso al beneficio fiscal, que en la versión del año pasado establecía que el contribuyente tenga ingresos anuales por debajo de $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones.
Otro de los cambios que se dio tiene que ver con un artículo para aliviar las sanciones para las pymes. En este sentido se fija una reducción del 25% de las multas por determinadas infracciones y una quita del 50% ya prevista para ciertas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas.
Durante la reunión de este miércoles, Matías Alvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) defendió el proyecto del Gobierno apoyándose en el alto nivel de informalidad que vivió el país y que según datos del INDEC alcanzó el 48 %.
«Esto requiere un abordaje especializado y tratarse de esta reforma. Hay un gran volumen de efectivo que las personas que circula por fuera de un circuito económico y tiene que ver por dificultades económicas que las personas emplearon para preservar el volumen de sus ahorros», resaltó.
En este contexto también destacó que Argentina avance en este tipo de herramientas «no es una decisión aislada ni un capricho, sino el cumplimento del estándar internacional”. Además, aseguró que de ningún modo limita, afecta el sistema de prevención en materia de lavado de activo, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Hubo un momento de tensión cuando la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz reclamó al oficialismo que informe sobre los cambios en el artículo que dejaba a los funcionarios fuera del beneficio. «Han reconocido que esto es un escándalo público que no se terminó con la salida de Adorni», expresó.
«¿Se les cayó la posibilidad de seguir evadiendo? ¿Están buscando aliados para llegar a los votos en el recinto? Sea cual sea la respuesta, se le cayó una herramienta para seguir robando a la casta mileista, remató Tolosa Paz.
