El Senado de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto de ley que establece un nuevo régimen para los Consorcios Camineros, una iniciativa que busca modificar la manera en que se organiza y ejecuta parte del mantenimiento de la red vial secundaria de la provincia. La propuesta contempla la creación de entidades de bien público, destinadas a prestar servicios a la comunidad y sin fines de lucro, con participación público-privada y capacidad de intervenir sobre caminos terciarios, comunales y vecinales.
La aprobación legislativa no estuvo exenta de cuestionamientos. Mientras sus impulsores sostienen que el nuevo esquema permitirá facilitar la conformación de los consorcios y mejorar la atención de los caminos rurales, desde el ámbito gremial de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se interpretó la iniciativa como un avance sobre las facultades propias del organismo.
La controversia tuvo una expresión concreta este martes, cuando el gremio que nuclea a los trabajadores de Vialidad llevó adelante un paro y una movilización en rechazo al proyecto. El conflicto se instaló así en torno a una de las cuestiones centrales de la nueva normativa: cuál será el lugar que ocuparán los Consorcios Camineros y cuál continuará siendo el alcance de las responsabilidades de la DPV.
Una estructura de participación público-privada
El proyecto aprobado propone que los Consorcios Camineros sean entidades de bien público, de servicios a la comunidad y sin fines de lucro. Su finalidad estará vinculada con la atención de caminos terciarios, comunales y vecinales, es decir, vías de circulación de particular importancia para las zonas rurales.
La iniciativa apunta a conformar un mecanismo de participación público-privada. En ese esquema, los consorcios funcionarían como entidades capaces de intervenir en la infraestructura vial rural, articulando la participación de distintos actores y la acción del Estado.
La Dirección Provincial de Vialidad tendrá -de acuerdo con la iniciativa- la responsabilidad de promover y fomentar la creación y organización de estos Consorcios Camineros.
Ese punto es precisamente uno de los que generó la reacción gremial. Para los trabajadores de la repartición, el nuevo régimen supone un avance sobre las facultades de Vialidad, mientras que desde el sector político que impulsó la norma se plantea que la ley constituye una herramienta para superar las dificultades existentes para constituir este tipo de entidades.
La discusión, por lo tanto, no se limita a la creación de una nueva figura institucional. También involucra la distribución de responsabilidades en torno al mantenimiento de los caminos rurales y la relación entre las organizaciones que puedan constituirse bajo el nuevo régimen y el organismo provincial encargado de la vialidad.
El argumento oficial: reducir la burocracia
Uno de los principales fundamentos a favor de la iniciativa fue expuesto por el diputado Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos-Gualeguaychú). El legislador destacó que el proyecto había llegado a la Cámara de Diputados con media sanción por unanimidad y señaló que, durante el tratamiento en comisión, se trabajó con la participación de invitados.
Según Benedetti, el objetivo central de la nueva normativa es facilitar la constitución de los Consorcios Camineros. El diputado sostuvo que actualmente existen dificultades para ponerlos en funcionamiento y señaló que el proceso contempla 13 pasos burocráticos.
“Esta ley pretende flexibilizar los requisitos de ingreso”, explicó y detalló que la simplificación de los procedimientos aparece, de este modo, como uno de los argumentos principales para avanzar con el nuevo régimen. La lógica planteada por sus impulsores es que, si la constitución de los consorcios resulta más sencilla, podrá ampliarse la cantidad de entidades capaces de intervenir en los caminos rurales.
La cuestión burocrática se transforma así en una de las claves para comprender la iniciativa. La reforma no se presenta únicamente como una modificación administrativa, sino como una herramienta destinada a favorecer la participación de actores vinculados con las zonas rurales en el mantenimiento de caminos.
Un proyecto que atravesó distintas etapas legislativas
El texto que finalmente fue aprobado por el Senado es el resultado de la unificación de distintos proyectos que habían sido presentados en momentos y ámbitos diferentes.
Entre los antecedentes se encuentran las iniciativas de los exlegisladores Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos), y Néstor Loggio (Partido Justicialista), además de la propuesta de la actual diputada libertaria Julia Esther Calleros Arrecous (Partido Fe).
Durante su tratamiento en el Senado se incorporó al debate un proyecto similar presentado el año pasado por el senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos-Nogoyá), vinculada con el mismo objetivo.
La existencia de distintos proyectos sobre una problemática común abrió la posibilidad de introducir modificaciones al texto que había llegado desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, finalmente el oficialismo resolvió avanzar con la iniciativa sin cambios.
La decisión tuvo una consecuencia legislativa concreta: los aportes contenidos en el proyecto de Cavagna quedaron fuera del texto sancionado. Si el Senado hubiera introducido modificaciones, la iniciativa debía regresar a la Cámara de Diputados para un nuevo tratamiento y de esa forma, se dilataría la activación de una herramienta clave para los pueblos y la producción provincial. Por eso, la elección fue, entonces, preservar el texto que ya contaba con media sanción y evitar que el proyecto regresara a la Cámara baja.
Jaime Benedetti: “Lo perfecto es enemigo de lo mejor”
Jaime Benedetti explicó la decisión del oficialismo con una definición que sintetizó la discusión interna en torno al expediente. Según señaló, el proyecto de Cavagna podría haber permitido mejorar el texto, pero introducir modificaciones también implicaba abandonar la posibilidad de darle una sanción definitiva inmediata.
“Con el proyecto de Cavagna se podría haber mejorado, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo mejor”, expresó. El diputado puso en valor, además, el hecho de que la iniciativa contaba con una característica poco habitual en el tratamiento legislativo: había obtenido media sanción por unanimidad.
A partir de esa consideración, sostuvo que después de un análisis profundo y del trabajo realizado en comisión se decidió otorgar despacho de mayoría al proyecto tal como había llegado desde Diputados.
La definición refleja una tensión habitual en el tratamiento parlamentario: por un lado, la posibilidad de perfeccionar un proyecto mediante modificaciones; por otro, la conveniencia política y legislativa de preservar un acuerdo ya alcanzado y evitar que una iniciativa vuelva a transitar por la Cámara de origen. En este caso, prevaleció la segunda alternativa.
El acompañamiento del peronismo y sus reparos
El proyecto también consiguió el acompañamiento del peronismo en términos generales. Sin embargo, ese respaldo no fue absoluto sino parcial.
El senador de Tala Juan Conti (Más para Entre Ríos), explicó la posición de la bancada opositora y sostuvo -como un reconocimiento- que la iniciativa va a redundar en beneficio de los productores y de las familias que viven en las zonas rurales.
La mirada del bloque peronista puso el foco, precisamente, en uno de los objetivos centrales del proyecto: mejorar las condiciones de circulación y mantenimiento de los caminos que conectan las áreas rurales.
Pero, el acompañamiento general estuvo acompañado por objeciones específicas. Conti anticipó que el bloque votaría en contra de algunos capítulos debido a las críticas relacionadas con el tratamiento que la normativa establece para los trabajadores de Vialidad.
La postura del peronismo quedó así situada en una posición intermedia: respaldo al objetivo general de crear y facilitar el funcionamiento de los Consorcios Camineros, pero rechazo a determinados aspectos de la regulación, especialmente aquellos vinculados con los trabajadores de la DPV.
Por su parte, el senador victoriense Víctor Sanzberro también formuló objeciones durante el tratamiento legislativo. Su cuestionamiento estuvo relacionado con el proceso de discusión del proyecto y, particularmente, con el hecho de que no se hubieran incorporado las reformas propuestas durante el trabajo en comisión.
El planteo vuelve a poner sobre la mesa una de las principales características del trámite que desembocó en la sanción definitiva: la decisión de conservar el texto proveniente de Diputados. La posibilidad de introducir modificaciones existió, pero finalmente no prosperó. En consecuencia, las observaciones y propuestas surgidas durante el debate en comisión no necesariamente se tradujeron en cambios en el texto definitivo.
El conflicto con los trabajadores de Vialidad
La sanción de la ley estuvo acompañada por una fuerte reacción del gremio que representa a los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
Este martes, mientras el proceso legislativo avanzaba, los trabajadores realizaron un paro y una movilización. El motivo del reclamo fue su interpretación de que el proyecto implica un avance sobre las facultades de la repartición. El conflicto sindical introduce una dimensión diferente a la discusión legislativa. Mientras los impulsores de los consorcios camineros destacan la posibilidad de sumar participación y reducir obstáculos burocráticos y fomentar el diálogo entre lo público y privado, los trabajadores de Vialidad ponen el acento en las atribuciones del organismo y en el lugar que ocuparán sus trabajadores dentro del nuevo esquema.
La diferencia de perspectivas plantea uno de los interrogantes centrales que deja la sanción de la norma: cómo se articulará en la práctica el funcionamiento de los nuevos Consorcios Camineros con las responsabilidades de la Dirección Provincial de Vialidad.
El texto aprobado asigna a la DPV la promoción y el fomento de la creación y organización de los consorcios. Pero, al mismo tiempo, la aparición de entidades con participación público-privada destinadas a intervenir sobre caminos rurales genera preocupación entre los trabajadores del organismo, que consideran que puede producirse una reducción o desplazamiento de competencias.
Más allá de las diferencias partidarias y gremiales, la ley pone en discusión una cuestión concreta: cómo atender los caminos terciarios, comunales y vecinales de Entre Ríos. La propuesta parte de la idea de que existe una dificultad para constituir los actuales consorcios y que parte de esa dificultad estaría vinculada con la cantidad de requisitos burocráticos. La respuesta legislativa consiste en flexibilizar las condiciones de ingreso y fomentar la creación de nuevas entidades.
El modelo que se busca implementar combina participación pública y privada. Los Consorcios Camineros tendrán carácter no lucrativo y estarán orientados a prestar servicios a la comunidad.
En ese sentido, la iniciativa busca construir un mecanismo que permita involucrar a los actores vinculados con las zonas rurales en la atención de la infraestructura vial. Pero, esa apertura también genera una discusión sobre los límites y alcances de la participación de entidades ajenas a la estructura tradicional de Vialidad.
Fuente: Análisis Digital
La unanimidad que llegó desde Diputados, el debate que surgió en el Senado
Uno de los elementos que atravesó el tratamiento parlamentario fue el antecedente de la aprobación unánime en la Cámara de Diputados. Benedetti utilizó ese dato como uno de los argumentos para sostener la decisión de no modificar el texto. La unanimidad funcionó como un valor político y legislativo que el oficialismo buscó preservar, aun cuando durante el tratamiento en el Senado aparecieron propuestas para modificar algunos aspectos.
La decisión de mantener el texto sin cambios permitió que el Senado pudiera darle sanción definitiva sin devolver el expediente a Diputados. De esta manera, el proyecto logró completar su recorrido legislativo, aunque lo hizo dejando planteadas diferencias que atravesaron distintos sectores políticos y sindicales.
La aprobación definitiva configura un escenario en el que conviven distintos niveles de respaldo y rechazo. El oficialismo logró hacer avanzar el proyecto sin modificaciones, apoyándose en el antecedente de una media sanción unánime y en el argumento de que la iniciativa permitirá superar obstáculos burocráticos. El peronismo acompañó la ley en general, valorando su potencial beneficio para productores y familias de las zonas rurales, pero dejó asentadas objeciones respecto de determinados capítulos y del tratamiento de los trabajadores de Vialidad. Desde el sector gremial, en cambio, la respuesta fue más extrema: paro y movilización frente a lo que consideran un avance sobre las atribuciones de la DPV.
Así, la sanción definitiva no cerró completamente el debate. Por el contrario, estableció el marco legal para una nueva etapa en la que será necesario compatibilizar los objetivos de los Consorcios Camineros con las responsabilidades de la Dirección Provincial de Vialidad.
El desafío que comienza después de la sanción
Con la aprobación del nuevo régimen, la discusión deja de estar centrada exclusivamente en el texto legislativo y pasa a proyectarse sobre su implementación. El objetivo declarado es facilitar la creación de Consorcios Camineros, reducir las trabas burocráticas y ampliar la participación público-privada en el mantenimiento de caminos terciarios, comunales y vecinales.
La efectividad de ese esquema estará vinculada, en buena medida, con la capacidad de organizar esas nuevas entidades y articularlas con la DPV. Precisamente allí aparece el principal punto de tensión que dejó expuesto el tratamiento de la ley. La misma Dirección Provincial de Vialidad que tendrá a su cargo promover y fomentar la creación y organización de los consorcios es, al mismo tiempo, el organismo cuyos trabajadores consideran que sus facultades pueden verse afectadas por el nuevo régimen.
La nueva ley, de este modo, nace con un objetivo definido -facilitar y promover la participación en la atención de los caminos rurales-, pero también con una discusión abierta alrededor del papel de Vialidad, el tratamiento de sus trabajadores y la forma en que se distribuirán las responsabilidades entre el Estado y los nuevos Consorcios Camineros.
En esa tensión entre mayor participación, simplificación administrativa y preservación de las competencias estatales se concentra buena parte del debate que acompañó la sanción definitiva de una herramienta que es considerada clave para dinamizar una mejor calidad de vida para los pueblos rurales y facilitar la producción que sustenta la economía entrerriana.
