Pasaron más de 30 meses del cambio de gobierno en Concordia y en Entre Ríos y estamos a las puertas de un proceso electoral en el que seguramente ambos gobernantes se van a proponer para la reelección ¿qué cambió en este período y qué aspectos aparecen difíciles de cambiar?
El balance va más allá que el clásico inventario de obras y anuncios.
La pregunta permite distinguir tres niveles diferentes: qué cambió en la administración del Estado; qué cambió efectivamente en las condiciones económicas y sociales; y qué problemas estructurales siguen prácticamente en el mismo lugar después de casi tres años.
1. El cambio más visible parece estar dentro del Estado
Tanto Rogelio Frigerio como Francisco Azcué llegaron en diciembre de 2023 con una promesa explícita de ruptura respecto de administraciones anteriores. En ese terreno hay modificaciones objetivamente identificables.
En Entre Ríos hubo reforma política con Boleta Única de Papel, eliminación de gastos reservados, nuevas normas de acceso a la información y transición de gobierno, y en 2026 finalmente se reglamentó el sistema de concursos para ingresos, promociones y jefaturas de la administración provincial, una exigencia incorporada a la Constitución en 2008 que no había sido instrumentada integralmente.
También hubo un cambio fiscal. El Gobierno provincial hizo del equilibrio de las cuentas uno de sus principales objetivos y modificó el financiamiento del déficit previsional. El acuerdo alcanzado este año con ANSES reconoce $120.000 millones por la Caja provincial.
En Concordia el cambio administrativo también puede medirse. La nómina municipal pasó, según datos elaborados a partir del Portal de Transparencia, de 3.090 agentes en noviembre de 2023 a 2.581 en abril de 2026: 509 menos, una reducción del 16,5%. Al comienzo de la gestión también hubo reducción de cargos políticos y restricciones a nuevas contrataciones.
Eso permite decir algo bastante preciso: el Estado de 2026 no es administrativamente idéntico al de diciembre de 2023.
2. Pero achicar o reorganizar el Estado no equivale a modificar la estructura económica
Entre Ríos continúa teniendo una debilidad histórica en la generación de empleo privado formal. En marzo de 2026 había 135.567 asalariados privados registrados, 1.365 menos que un año antes. Son 93 empleos privados registrados cada mil habitantes, frente a 138 en Santa Fe y 129 en Córdoba. Al mismo tiempo, la planta pública provincial sigue rondando los 90.000 agentes.
Es particularmente interesante porque este problema precede largamente a Frigerio. Un estudio del Consejo Empresario ya describía años atrás la baja participación del empleo privado registrado en Concordia y el peso comparativamente alto del empleo público.
Es decir: puede haber cambiado la administración del Estado sin que todavía haya cambiado la relación entre Estado, producción y empleo privado que caracteriza a Entre Ríos.
3. Concordia es probablemente donde esa contradicción se ve con mayor fuerza
Hay un dato actual extraordinariamente descriptivo.
En el segundo trimestre de 2026, Concordia tenía:
42,0% de actividad, 39,4% de empleo y 6,1% de desocupación.
La desocupación, tomada aisladamente, no parece especialmente elevada. Pero la tasa de actividad es muy baja. Una parte considerable de la población en edad de trabajar directamente no está participando del mercado laboral.
Por eso mirar solamente desempleo puede conducir a una conclusión equivocada.
Y tenemos además el dato que veníamos trabajando: la informalidad laboral continúa siendo enorme. Todo eso remite a la misma dificultad histórica: Concordia tiene problemas no sólo para crear empleo, sino particularmente para crear empleo privado formal y productivo.
4. La pobreza bajó, pero Concordia continúa diferenciándose negativamente
La pobreza nacional cayó al 32,3% en el primer semestre de 2026.
Concordia también recorrió una trayectoria descendente desde el pico de 65,8% del primer semestre de 2024. Pero aun después de esa mejora continuó muy por encima del promedio nacional y entre los aglomerados con mayores niveles de pobreza.
Por lo tanto, sería difícil adjudicar toda la evolución de pobreza local a la política municipal —para bien o para mal— porque depende fuertemente de inflación, salarios, jubilaciones, transferencias y actividad económica nacional.
Lo estructural es otra cosa:
después de más de 30 meses, Concordia continúa siendo una ciudad de bajos ingresos, baja participación laboral, elevada informalidad y escaso empleo privado registrado.
Ahí todavía no aparece una ruptura.
5. También hay un intento de cambiar la matriz de desarrollo
La Municipalidad avanzó con una nueva ordenanza de promoción industrial, disponibilidad de terrenos e infraestructura en el Parque Industrial y encargó el estudio de Serman para la Zona de Actividades Logísticas, ampliación del Parque Industrial y eventual puerto. El estudio concluyó que existen condiciones para comenzar por una ZAL.
Eso representa un cambio de política si pasa de la planificación a la ejecución.
Pero, mientras Concordia diseña instrumentos para atraer inversiones, algunas empresas eligieron radicarse fuera del ejido.
La orientación parece haber cambiado. El resultado todavía no está demostrado.
6. La infraestructura sigue siendo otro límite extraordinariamente persistente
La planta potabilizadora es casi una metáfora perfecta.
Comenzó en 2017. Pasaron gobiernos nacionales, provinciales y municipales diferentes y en octubre de 2026 todavía no está terminada. La última información oficial la ubica en 88% de avance y ahora fija junio de 2027 como fecha de finalización.
Podríamos agregar rutas, logística, saneamiento, infraestructura energética.
Y eso introduce otra cuestión interesante: hay problemas que sobreviven incluso a la alternancia política.
Por lo tanto, quizás no se expliquen suficientemente por quién gobierna sino por capacidades estatales, financiamiento, continuidad de políticas y calidad institucional.
7. La provincia también muestra esa dualidad
El presupuesto provincial 2026 proyecta un fuerte aumento de la inversión: el gasto de capital pasaría de representar 5,3% del gasto en 2025 a alrededor del 8,5% en 2026, con $548.917 millones previstos.
Pero al mismo tiempo personal y jubilaciones absorben cerca del 69% del gasto corriente provincial: 49% y 19,8%, respectivamente.
Ahí está otra estructura difícil de modificar.
No necesariamente porque esos gastos sean improductivos —incluyen docentes, policías, médicos, enfermeros, etc.— sino porque muestran el escaso margen fiscal disponible para transformar rápidamente infraestructura y capacidad productiva.
Y tenemos además algo que ya encontramos nosotros al analizar las cuentas: una parte importante del equilibrio fiscal provincial se consiguió mediante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos. Eso significa que ordenar las cuentas no resuelve por sí mismo la pregunta acerca de cómo hacer sostenible ese equilibrio
Fuente: Redes de Noticias
