La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) asumió el impulso de la acción que había dejado de lado el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos dictados por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Cuestionó que todavía queden medidas de prueba pendientes para esclarecer el lanzamiento y el derrumbe de la criptomoneda que promocionó el Presidente.
El sobreseimiento de Javier Milei y los restantes acusados en la causa $LIBRA sumó un nuevo frente judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en investigar delitos vinculados con funcionarios públicos, se presentó en el expediente, asumió el impulso de la acción penal y apeló la decisión que benefició al Presidente y a los otros imputados.
La intervención de la fiscalía, encabezada por Sergio Rodríguez, marca un giro respecto de la postura que había sostenido el fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado los sobreseimientos que luego dictó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La PIA considera que la investigación no está agotada y que todavía existen aspectos centrales del caso que deben esclarecerse antes de dar por cerrado el expediente.
Por eso, además de cuestionar la resolución, solicitó que se reabra la pesquisa y dejó planteada una apelación subsidiaria para que, si el pedido es rechazado, la Cámara Federal pueda revisar la decisión.
La presentación respondió a un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos organizaciones que intervienen como amicus curiae y que habían reclamado que el organismo especializado tomara las riendas de la investigación.
Ambas entidades habían advertido sobre la posibilidad de que el sobreseimiento se convirtiera en el cierre definitivo de una causa en la que, a su criterio, todavía quedaban numerosas líneas de investigación sin explorar.
Las pruebas que, según la PIA, todavía faltan
En su presentación, la Procuraduría retomó los cuestionamientos sobre las medidas que no se profundizaron y sostuvo que es necesario avanzar sobre distintos aspectos de la operatoria de $LIBRA.
Entre las diligencias pendientes mencionó la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, la investigación de posibles acuerdos comerciales y el examen de los movimientos de dinero relacionados con los hechos.
Otro de los puntos objetados fue la forma en que se evaluaron los elementos reunidos durante la pesquisa. La PIA cuestionó que determinados indicios hayan sido considerados de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción.
En esa línea, planteó que las dificultades técnicas o las respuestas incompletas obtenidas ante determinados pedidos de información no pueden convertirse en argumentos para clausurar la investigación. Por el contrario, deberían impulsar nuevas medidas para completar la prueba.
El planteo también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de examinar si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La intervención de la PIA tiene un antecedente particular: el organismo había abierto una investigación propia sobre el episodio poco después del lanzamiento y posterior derrumbe del token, incluso antes de que el caso llegara formalmente a los tribunales.
Sin embargo, durante el año y medio en que Taiano tuvo a su cargo la investigación penal, la Procuraduría no recibió intervención.
En el expediente $LIBRA, el CIPCE y el INECIP habían formulado fuertes críticas al desempeño del fiscal. Entre otros aspectos, cuestionaron las filtraciones de información sensible a la prensa, el manejo de los tiempos de análisis de pruebas y la negativa reiterada a los pedidos para que Milei fuera citado a declaración indagatoria.
También señalaron que el dictamen fiscal que había servido de sustento para los sobreseimientos no estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía a las partes conocer sus fundamentos.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con los derechos de las víctimas. Las organizaciones sostuvieron que los sobreseimientos fueron solicitados y dictados sin garantizarles la posibilidad de ser escuchadas ni de pedir la revisión del criterio fiscal. Para respaldar ese planteo invocaron el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y la Ley de Víctimas.
Qué puede pasar ahora
La presentación de la fiscalía a cargo de Rodríguez deberá ser resuelta por el Juzgado Federal N° 8, que se encuentra interinamente a cargo del juez Daniel Rafecas debido a una licencia de Martínez de Giorgi.
El magistrado deberá determinar si corresponde habilitar la intervención de la PIA y reabrir la investigación. Si rechaza el planteo, quedará abierta la vía de la apelación subsidiaria o queja para que la Cámara Federal analice el cierre del expediente.
De esta manera, el sobreseimiento de Milei, Karina Milei y los otros nueve acusados suma un nuevo capítulo judicial.
Aunque el juez ya había dispuesto el cierre de la causa a pedido de Taiano, la intervención de la fiscalía especializada abre una nueva disputa sobre si la investigación puede darse por terminada o si todavía quedan pruebas fundamentales por producir.
Damnificados también apelaron y aguardan fallo de Casación
Los damnificados que fueron apartados de su rol de querellantes también presentaron un recurso de apelación contra los sobreseimientos.
Ellos esperan que un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal los vuelva a reponer en su rol. Las víctimas también plantearon la nulidad del dictamen del fiscal Taiano que propició los sobreseimientos.
