Mientras una de cada cinco industrias pequeñas enfrenta ejecuciones fiscales, el RIGI ofrece a los grandes proyectos una combinación de ventajas tributarias, aduaneras y cambiarias, con estabilidad normativa por tres décadas. La situación expone una diferencia en los instrumentos de promoción: las inversiones extraordinarias cuentan con un régimen específico, pero las empresas que sostienen la actividad industrial y el empleo enfrentan un escenario de caída de producción, rentabilidad y dificultades financieras.
El último informe de coyuntura de la Fundación Observatorio PyME, correspondiente al tercer trimestre de 2026, registró que una de cada siete industrias PyME fue alcanzada por embargos de ARCA. Entre las empresas pequeñas, el impacto llega a una de cada cinco, según el relevamiento difundido por La Política Online.
En más del 70% de los casos, las notificaciones se produjeron dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de las obligaciones. En el 36,2% llegaron antes de los 15 días.
El principal origen de las ejecuciones fiscales fue el atraso en el pago de obligaciones corrientes —IVA, Ganancias y aportes patronales—, seguido por la caída de planes de facilidades de pago.
La situación se produce en un contexto de deterioro de los indicadores de actividad. Durante el tercer trimestre, la producción industrial PyME cayó 11,9% interanual y el empleo retrocedió 5,6%. Ambos indicadores acumulan 14 trimestres consecutivos de variaciones negativas.
A su vez, el 75% de las empresas informó que sus costos aumentaron por encima de los precios de venta y el 69% reportó un deterioro de su rentabilidad. La debilidad de la demanda continúa como principal preocupación: alcanza al 82% de las firmas relevadas.
La tensión financiera también se refleja en los plazos de cobro. Para el 48% de las industrias se extendieron los tiempos de pago de sus clientes, hasta alcanzar un promedio de 49 días, diez más que en 2025.
El cuadro muestra una dificultad que excede el cumplimiento tributario: empresas que cobran más tarde, enfrentan costos que crecen por encima de sus precios y ven reducirse sus ventas deben, al mismo tiempo, afrontar las obligaciones fiscales corrientes.
Dos escalas, dos esquemas de incentivos
En paralelo, el Estado nacional dispone de un régimen específico para atraer inversiones de gran escala. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742, establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos que cumplan determinados requisitos y superen los umbrales mínimos de inversión.
Entre sus principales ventajas se encuentran una alícuota de Ganancias del 25%, frente a la escala general aplicable a las sociedades, beneficios para la amortización de inversiones, exenciones de derechos de exportación luego de determinados plazos y condiciones especiales para el acceso y disponibilidad de divisas.
El régimen incorpora, además, estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años. Esto significa que los proyectos adheridos quedan protegidos frente a futuras modificaciones que incrementen la carga tributaria o restrinjan las condiciones cambiarias y aduaneras contempladas en la ley.
El umbral general de ingreso es de 200 millones de dólares de inversión en activos computables, aunque existen requisitos diferenciados para determinados sectores y proyectos.
La dimensión que adquirió el programa puede observarse en el Monitor de Proyectos RIGI elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). Al cierre de octubre registra 27 proyectos aprobados, con inversiones totales informadas por 76.173 millones de dólares y 133.076 empleos directos e indirectos declarados.
Los montos corresponden a inversiones previstas o informadas por los proyectos, no a desembolsos efectivamente ejecutados. La diferencia es relevante para evaluar el impacto económico real del régimen.
Aunque el RIGI contempla actividades diversas —entre ellas infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, forestoindustria, minería, petróleo y gas—, buena parte de los proyectos de mayor escala se vincula con el desarrollo energético y extractivo.
La inversión que ya existe
La comparación entre ambos escenarios abre una discusión sobre el alcance de la política de promoción productiva.
El RIGI busca resolver las condiciones que desalientan proyectos de inversión de gran escala y largos períodos de maduración. Pero existe otro universo de empresas que ya está instalado, emplea trabajadores, tributa y mantiene relaciones con proveedores y prestadores de servicios en los centros urbanos.
Para esas industrias, la decisión de invertir no pasa necesariamente por proyectos de cientos de millones de dólares. Puede consistir en incorporar una máquina, ampliar una nave, modernizar una línea de producción, mejorar la eficiencia energética o aumentar la capacidad instalada.
Sin embargo, esas decisiones también requieren previsibilidad, financiamiento y una expectativa razonable de rentabilidad. En un contexto de demanda deprimida, costos crecientes y dificultades para sostener el capital de trabajo, la inversión productiva se convierte en una decisión de riesgo.
El problema no es solamente cuánto cuesta invertir, sino la posibilidad de proyectar ingresos y recuperar el capital comprometido en un horizonte razonable.
Una agenda pendiente para las provincias
La política de promoción de inversiones no se agota en los instrumentos nacionales. Las provincias cuentan con herramientas tributarias, financieras, administrativas y de infraestructura que pueden modificar las condiciones en las que se desarrolla la actividad económica.
En Entre Ríos, la discusión podría partir de una pregunta: ¿qué régimen de incentivos existe para las empresas que ya están radicadas y deciden ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología o sostener el empleo?
La provincia podría asumir un papel más activo mediante beneficios tributarios asociados a nuevas inversiones, financiamiento de largo plazo, garantías para el acceso al crédito, estabilidad de las condiciones fiscales y mejoras en infraestructura y costos operativos.
No se trata de garantizar la rentabilidad de empresas inviables ni de subsidiar indiscriminadamente la actividad privada. Se trata de reconocer que la inversión productiva no comienza con la llegada de un gran proyecto ni se limita a los sectores con capacidad de generar exportaciones.
Una fábrica que amplía su producción, un establecimiento que incorpora tecnología o una empresa que decide mantener sus puestos de trabajo también realizan inversiones que tienen efectos sobre la economía local.
Mientras el país establece condiciones extraordinarias para atraer grandes capitales, queda pendiente una política que contemple a quienes ya producen y generan empleo.
La pregunta, entonces, no es solamente cómo atraer grandes inversiones, sino qué condiciones ofrece Entre Ríos para que una empresa radicada en su territorio encuentre razones para seguir invirtiendo.
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