La Provincia eligió destacar como noticia central que la caída del empleo privado registrado fue menor que el promedio nacional. La comparación desplazó el foco desde los resultados propios hacia el contexto general y lo estableció como criterio para evaluar la gestión.
El Gobierno de Entre Ríos eligió destacar en el título principal de su portal institucional que la provincia perdió menos empleo privado registrado que el promedio nacional desde noviembre de 2023. Mientras el empleo privado formal cayó un 3% en Entre Ríos, la retracción nacional fue del 4,2%. En términos absolutos, la provincia perdió 4.161 puestos de trabajo.
La decisión de presentar esa comparación como noticia central excede la evolución del mercado laboral. No se trata solamente de qué dicen los indicadores, sino de cuáles se seleccionan, qué interpretación se construye a partir de ellos y qué parámetros se proponen para evaluar los resultados de gobierno.
La pérdida de puestos de trabajo es un indicador negativo, independientemente de que su magnitud sea menor que la registrada en otras jurisdicciones. La comparación permite establecer un desempeño relativo, pero no modifica el signo del resultado. Entre Ríos tiene hoy menos empleo privado registrado que en noviembre de 2023.
Sin embargo, al colocar el diferencial respecto del promedio nacional en el centro de la comunicación, el Gobierno modificó el eje de la discusión: de cuánto empleo perdió la provincia y a cuánto mejor resistió la contracción que el conjunto del país.
La selección de un indicador también es una decisión política. Una administración provincial no controla todas las variables que determinan el nivel de actividad y empleo, pero tiene responsabilidades sobre las condiciones para el desarrollo productivo, la infraestructura, la promoción de inversiones y el funcionamiento de sus instrumentos de política económica.
En ese marco, destacar que la caída fue menor que la nacional permite establecer una diferenciación entre el desempeño provincial y el deterioro general. También ofrece un argumento para contextualizar los reclamos de los sectores productivos y desplazar parte de la discusión hacia las condiciones económicas nacionales.
Esta dimensión adquiere particular relevancia cuando el Gobierno procura asociar ese comportamiento comparativamente menos desfavorable con sus propias políticas de promoción de inversiones.
Los resultados que todavía deben demostrarse
La comunicación oficial vincula el desempeño del empleo con instrumentos como el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Sin embargo, para establecer esa relación no alcanza con enumerar proyectos elegibles, inversiones comprometidas o puestos de trabajo proyectados.
Es necesario identificar cuántas inversiones se concretaron, qué ampliaciones de capacidad productiva se realizaron y cuántos empleos fueron efectivamente incorporados. También habría que establecer en qué medida esos resultados explican el comportamiento general del mercado laboral entrerriano.
La diferencia entre compromisos y resultados es sustancial. Una inversión anunciada no equivale a una inversión ejecutada, del mismo modo que un puesto de trabajo proyectado no representa un empleo efectivamente creado.
Hay, además, otros indicadores que permiten ampliar la lectura. La evolución de la cantidad de empresas empleadoras, el comportamiento del empleo por actividad económica y la distribución territorial de la pérdida de puestos de trabajo son dimensiones necesarias para comprender qué está ocurriendo con la estructura productiva provincial.
En un relevamiento anterior de Redes de Noticias, basado en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se había identificado una reducción de 1.215 empleadores desde noviembre de 2023, equivalente al 7,1%. Se trata de una fuente y un universo estadístico diferentes de los utilizados para medir el empleo asalariado registrado, por lo que ambos indicadores no deben confundirse. Pero su consideración conjunta permite observar que una menor caída del empleo no necesariamente significa una mayor solidez de la estructura empresarial.
¿Cuál es el parámetro para evaluar la gestión?
La discusión no consiste en desconocer el contexto nacional ni en atribuir a la Provincia responsabilidades que corresponden a la política económica federal. Consiste en determinar si el desempeño relativo frente al resto del país es suficiente para evaluar la evolución de la economía entrerriana.
Si el criterio es que perder menos que el promedio constituye un resultado favorable, la comparación puede convertirse en una referencia permanente para relativizar los retrocesos provinciales. Pero ese parámetro deja sin responder otras preguntas: si se recuperaron los puestos de trabajo perdidos, si aumentó la cantidad de empresas empleadoras, si creció la actividad industrial y comercial y si las políticas provinciales produjeron los resultados que se les atribuyen.
La cuestión tiene también una dimensión política. En un escenario de retracción de la actividad y de crecientes demandas sectoriales, la diferenciación respecto del desempeño nacional permite al Gobierno provincial construir un argumento sobre su capacidad para amortiguar los efectos de la coyuntura.
Entre Ríos perdió proporcionalmente menos empleo privado registrado que el conjunto del país, pero ese resultado no equivale a una recuperación del mercado laboral ni demuestra, por sí mismo, la eficacia de las políticas provinciales.
La comparación aporta una dimensión del problema. No reemplaza la evaluación de los resultados propios.
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