Los gobernadores que fueron determinantes para sostener la agenda de Javier Milei en el Congreso empiezan a tomar distancia del Gobierno. Algunos endurecen sus reclamos, otros retacean sus votos y varios se preparan para enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en sus propios territorios.
El cambio de actitud coincide con un momento de creciente debilidad política para la Casa Rosada, atravesada por dificultades económicas, desaciertos internacionales y una interna que acumula episodios de descoordinación.
El movimiento involucra principalmente a cinco mandatarios que reúnen bajo su influencia a 19 diputados y siete senadores. Son votos decisivos para un oficialismo que cuenta con 95 bancas en Diputados y 21 en el Senado, y que necesita aliados tanto para aprobar sus iniciativas como para bloquear las ofensivas opositoras.
Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) muestran una predisposición cada vez menor a auxiliar al Gobierno. Las razones varían según la provincia: algunos se preparan para enfrentar electoralmente a los libertarios, mientras que otros necesitan recomponer sus vínculos con el peronismo local o endurecen sus reclamos por recursos.
Todos, sin embargo, empiezan a recalcular el costo político de sostener a Milei de cara a 2027.
La situación se vuelve particularmente delicada para el Gobierno ante su intención de suspender o eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Por ahora, el oficialismo se muestra reticente a ofrecer las garantías electorales que reclaman sus potenciales aliados.
“Los gobernadores huelen sangre y se pintan la cara”, resume un experimentado dirigente radical del interior, que anticipa un escenario cada vez más complejo para el oficialismo en el Congreso.
El endurecimiento de los mandatarios coincide, además, con un deterioro del contexto político que hasta hace poco favorecía al Presidente. Las derrotas de Flávio Bolsonaro en Brasil y, especialmente, de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos encendieron las alarmas sobre la solidez de sus respaldos internacionales.
En el plano doméstico, el aumento del riesgo país, la inflación que no termina de ceder y la dificultad para recuperar el consumo se combinan con una interna oficialista cada vez más expuesta. La senadora Patricia Bullrich ya no disimula sus aspiraciones presidenciales y busca exhibir su poder dentro de una administración que acumula señales de desorganización.
El último episodio fue el abrupto retiro del proyecto de ley de Competitividad Financiera, que el Poder Ejecutivo había enviado a Diputados apenas tres días antes. La polémica por la incorporación de un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas con la compraventa de Cedears obligó al Gobierno a dar marcha atrás con la iniciativa completa.
La secuencia dejó a la vista las dificultades de coordinación interna y expuso la contradicción del Presidente de no crear ni aumentar impuestos.
En ese contexto, los gobernadores empiezan a recalcular el costo político de sostener a Milei. Y las primeras señales de ese cambio ya se advierten en el Congreso.
